No hay semana, ni casi día, que las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad en Andalucía no se movilicen de alguna forma para reclamar una mejor atención sanitaria en el sistema público y unas mejores condiciones laborales para los profesionales que la llevan a cabo. Su “deterioro” de un tiempo a esta parte les ha hecho recoger firmas, concentrarse, encerrarse en los centros de salud o en los hospitales, rechazar la “privatización” y un largo etcétera que ha provocado finalmente el planteamiento de “una gran movilización en Sevilla” que va a cristalizar el próximo 5 de abril.
“Queremos que sea algo conjunto entre ciudadanos y profesionales del SAS”, apuntan a este periódico fuentes sindicales, que comentan que el motivo de la convocatoria será directamente “el deterioro continuo del sistema sanitario”. Para ello tienen previsto solicitar el apoyo de las mareas, coordinadoras, asociaciones, etc. para conseguir el mayor número de personas en las calles de la capital andaluza. Los representantes de los profesionales de todos los niveles asistenciales vienen denunciando el “incumplimientos” de los acuerdos alcanzados previamente en las mesas de negociación.
El rechazo al plan de 72 horas para la gestión de citas de atención primaria desde otros distritos sanitarios o provincias, la lista de espera sanitaria, las dimisiones en la dirección de los grandes hospitales, las agresiones físicas o verbales en los centros de atención sanitaria, o las investigaciones judiciales abiertas por las formas de contratación sanitaria estarán a buen seguro en la mente de aquellos que acudan a la manifestación prevista para demandar una mejor calidad asistencial en el sistema público, como el propio Moreno reconoció en el último debate sobre el estado de la comunidad andaluza, el pasado 11 de diciembre.
Las quejas no son nuevas, pero sí recurrentes. Tras meses de protestas y movilizaciones, los sanitarios andaluces paraban el pasado 26 de junio por primera vez en este mandato contra la política de salud pública que está llevando a cabo el Gobierno de Moreno. Entre enero y abril de 2023 hubo varios conatos de huelgas médicas que no llegaron a nada, quedando más calmadas las aguas con la firma del primer pacto entre la Junta y los sindicatos para reformar la atención primaria en Andalucía. La huelga de junio, que duró tres horas, tuvo un seguimiento del 75% según los sindicatos y de un 4,56% de los más de 60.000 trabajadores llamados a secundarla, según la Consejería de Salud
Para esta “gran movilización”, los sindicatos también quieren buscar el apoyo de las Mareas Blancas. Precisamente, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “para recuperar la calidad del sistema sanitario público” en Andalucía introducirá próximamente en el Parlamento el debate sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno que, debido a la mayoría absoluta del PP, ha ido evitando en los últimos meses al neutralizar diversos intentos por parte de la oposición de izquierdas. La Proposición de Ley de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que viene acusando a Moreno y a la Consejería de Salud de alentar “una sanidad para ricos”, fue recientemente admitida a trámite por la Mesa del Parlamento.
El trámite parlamentario se conoció apenas unas semanas después de que el Gobierno andaluz firmara otra prórroga con la sanidad privada, sumando cinco años de contratos públicos a dedo sin publicidad. La Junta ha vuelto a esgrimir la pandemia para justificar hasta el verano de 2025 la ampliación de los contratos negociados con hospitales privados para reducir las listas de espera quirúrgica y prevé duplicar el gasto inicial hasta los 222 millones de euros. Mareas Blancas en noviembre logró reunir a miles de andaluces para denunciar en las calles que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el actual Gobierno andaluz. Hace apenas unos días organizaron una multitudinaria marcha de 24 pueblos de Sevilla contra el “agobio asistencial” en la sanidad pública.
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