El Gobierno busca un encaje legal para la presencia de Mossos en el control de fronteras

Superados los trances del decreto de las pensiones y de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, el siguiente choque entre el Gobierno y Junts está servido. Hace un año, a cambio de la aprobación de otro decreto económico, el PSOE se comprometió con Carles Puigdemont a delegar a la Generalitat las competencias respecto a la gestión migratoria. Y los independentistas catalanes exigen ahora cobrar lo pactado antes de sentarse a hablar de los Presupuestos. Con las conversaciones muy avanzadas desde hace meses respecto a los recursos para la acogida de extranjeros, la negociación se ha bloqueado en un punto crítico: el control de los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios.

En las reuniones mantenidas entre el propio Puigdemont y la cúpula del PSOE, y también en las que se llevan a cabo de forma discreta en el Congreso entre los equipos de Junts, con Francesc Homs a la cabeza, y los del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, con su secretaria de estado al frente, la demanda de los independentistas catalanes es cristalina. Lo que reclaman es que las fronteras de Catalunya estén controladas por la policía autonómica catalana, pero no solo eso. El planteamiento es que sean los Mossos y solo los Mossos quien ostenten de manera exclusiva la competencia.

El problema es que la aspiración de Junts, como otras veces, bordea cuanto menos, si no directamente sobrepasa, los límites que fija la Constitución. En su artículo 149.1.2, en concreto, se fija como “competencia exclusiva” del Estado la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. Pero los independentistas catalanes se agarran a otro artículo, el 150.2, que expone que es posible “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

La cuestión en sí genera un complejo debate jurídico y político al que el Ejecutivo lleva semanas intentando encontrar una salida, por el momento, sin éxito. Decretado por el PSOE y por el Gobierno el cerrojazo informativo en torno a las negociaciones con Junts, la respuesta en público al respecto es siempre la misma: recurrir a la discreción y al cumplimiento de la ley hasta que haya algo que anunciar. “Cuando haya un acuerdo, lo haremos público como siempre hacemos. Lo que sí está claro es que cualquier negociación se produce siempre bajo el paraguas de la Constitución”, se limitó a apuntar este martes la portavoz, Pilar Alegría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Sí se ha expresado en público de manera mucho más explícita el ministro del Interior, responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad competentes en los controles fronterizos. Ya con las negociaciones en marcha, Fernando Grande-Marlaska desechó de plano el “traspaso integral” de esas competencias. “Las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del gobierno, y no son susceptibles de ser transferidas”, afirmó durante un desayuno informativo el pasado mes de septiembre.

Con todo acordado para la delegación de competencias en materia de servicios sociales y de políticas de inclusión, el Gobierno busca ahora fórmulas que encajen en la Constitución y que permitan la presencia de los Mossos en los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios. Un encaje de bolillos que en la Moncloa admiten que por ahora no está cerrado y que, en cualquier caso, desechan detallar.

Fuentes socialistas admiten en privado la complejidad de una negociación que afecta también a la legislación europea y en la que están implicados hasta cuatro ministerios (Interior, Exteriores, Juventud e Infancia e Inmigración). Además, esas mismas fuentes señalan el hándicap de que no exista precedentes previos a los que acogerse.

En el caso de Euskadi, por ejemplo, incluso el estatuto de autonomía es explícito al respecto. Su artículo 17 reza que “el régimen de la Policía Autónoma” se circunscribe a “la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo”, quedando reservados “a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad”.

El estatut de autonomía de Catalunya no es tan explícito y no menciona en ningún caso a las competencias exclusivas de la Policía y la Guardia Civil, pero sí detalla las funciones específicas de la policía autonómica en su artículo 164: “La seguridad ciudadana y el orden público; la policía administrativa, que incluye la derivada de la normativa estatal; la policía judicial y la investigación criminal, incluyendo las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, en los términos que establezcan las leyes”.

En plena competencia electoral con la independentista y xenófoba Aliança Catalana, Junts se desmarcó hace un año con la exigencia de las competencias en materia migratoria, incluida la capacidad para expulsar a personas migrantes. “Cuando alguien entra a Catalunya, a la policía que tiene que ver es a la policía catalana, la lengua que tiene que aprender es la catalana, y el país que ha de respetar y ha de saber que pisa es Catalunya”, le dijo Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria, al presidente del Gobierno en el último pleno de diciembre. Una demanda sin cuyo cumplimiento, vuelven a advertir, no se sentarán a negociar los Presupuestos Generales del Estado que anhela Sánchez para terminar de apuntalar la legislatura.