El juez Hurtado señala el banquillo al fiscal general tras rechazar su línea de defensa en el caso de la pareja de Ayuso

“Esto es fundamental para la defensa. Sostenemos que el secreto había sido revelado previamente por el señor González Amador”. El Abogado del Estado que defiende al fiscal general pronunció estas palabras el pasado viernes en el Supremo. Se quejaba de que el juez Ángel Hurtado no les permitía preguntar por algo “fundamental” para ellos: demostrar que el empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso fue el primero en difundir correos confidenciales del caso. La respuesta del instructor ha llegado con un auto que apunta directamente al banquillo de los acusados tirando por tierra las principales líneas de defensa de Álvaro García Ortiz: ni las filtraciones y bulos de Miguel Ángel Rodríguez ni el hecho de que más gente tuviera acceso a los emails impiden, entiende el juez, acusar a los imputados de haber filtrado su contenido a la prensa en la noche del 13 de marzo.

La investigación del caso se encuentra en su recta final. Después de tomar declaración a 14 testigos y 3 imputados, el juez está solo a la espera de recibir la última información disponible sobre los mensajes que borró el fiscal general de su teléfono el mismo día en que se abrieron las diligencias, y también aguarda a tomar declaración en marzo a Pilar Sánchez Acera, exasesora de la Moncloa y hoy secretaria de organización del PSOE de Madrid, para saber por qué tenía información del caso de González Amador en su teléfono antes de que fuera publicada por la prensa. Pero las conclusiones del magistrado están claras: cree que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid filtraron a la prensa la confesión de Alberto González Amador de su doble fraude fiscal de 350.000 euros.

Lo ha dejado por escrito en un auto en el que confirma su propia decisión de llamar a declarar a los dos. “Hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración”, explica aunque ni los informes de la Unidad Central Operativa ni las testificales han arrojado ninguna prueba clara sobre si García Ortiz filtró o dio la orden de filtrar ese correo. Y en su auto de 21 folios notificado este miércoles el juez descarta las principales líneas de defensa del fiscal general del Estado, apuntando a que el caso terminará en un juicio ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Tal y como han explicado los propios Abogados del Estado que defienden a García Ortiz y a Rodríguez en los interrogatorios y en sus escritos, una de sus principales líneas de defensa pasa por demostrar que el correo con la confesión de Alberto González Amador había pasado por muchas más manos que las de los imputados y varios días antes: por las de los funcionarios y fiscales de Madrid que tenían acceso al correo al que fue enviado por el abogado del empresario y por las del propio González Amador. El juez entiende que centrarse en esto es “desviar el foco de atención” y que es un factor “indiferente”.

Para el juez Hurtado, el hecho de que funcionarios y fiscales de Madrid tuvieran acceso a ese correo es una “mera posibilidad abstracta” de que esas personas, que “ninguna relación guardan con los hechos”, pudieran estar detrás de la filtración. Según su criterio, los cuatro meses de diligencias que instruye permiten “concretar la implicación de los investigados” frente a una “indefinida hipótesis”. Lo mismo afirma con respecto a que la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra, abiertamente enfrentada a la Fiscalía General y a quien la Abogacía del Estado ha acusado de mentir en el caso, pueda ser el origen de la filtración.

La filtración y el bulo de Miguel Ángel Rodríguez

La Abogacía del Estado y la Fiscalía defienden que el primero en difundir secretos del caso fue Alberto González Amador cuando envió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, un correo del fiscal que le había investigado y denunciado. Fue poco después de las nueve de la mañana del 12 de marzo, el día en que elDiario.es reveló que estaba acusado de defraudar 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de sus empresas usando un entramado de facturas falsas. Le hizo un llegar un correo del fiscal Julián Salto que, día y medio después, Rodríguez difundió a la prensa de forma deliberadamente manipulada para dar a entender que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, cuando había sido al revés. El bulo que puso en marcha la maquinaria del Ministerio Público para recopilar la información del caso y emitir un comunicado al día siguiente.

El juez ya había avanzado en autos anteriores que las filtraciones y bulos reconocidas abiertamente por Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial no influían en el caso. Esta nueva resolución lo deja todavía más claro: “Son dos hechos distintos”, explica. El correo que difundió Rodríguez entre decenas de periodistas y con una versión falsa de la realidad, según Hurtado, no es comparable a la difusión de su confesión “hecha sin el consentimiento del afectado”. “Una cosa era la divulgación consentida del correo de 12 de marzo de 2024, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad, y otra completamente distinta la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza”.

“El fiscal sí perjudica el derecho de defensa, pero el abogado nunca perjudica la posición del fiscal”, lamentó el pasado viernes durante la testifical de Eugenio Ribón la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. El juez, en su último auto, entiende que efectivamente González Amador y su entorno difundieron un correo del fiscal que le investigaba pero que eso no tiene ninguna incidencia en el caso. Tampoco afecta que hasta tres periodistas indicaran que tuvieron acceso a ese correo antes de que lo tuviera el fiscal general porque, afirma el juez, no hay indicios que avalen sus declaraciones.

La nota de prensa con “cianuro”

El juez Hurtado tiene claro que tanto Álvaro García Ortiz como Pilar Rodríguez recabaron los correos del abogado de González Amador para desmentir los bulos que se estaban publicando en la tarde y la noche del 13 de marzo del año pasado, pero que parte de su estrategia también pasaba por filtrar el email a los medios de comunicación. Los dos, en sus declaraciones como imputados, lo negaron de forma tajante. También lo negó Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y uno de los colaboradores más cercanos al fiscal general. En su caso, sus explicaciones han sido suficientes para que el juez archive la causa contra él.

Para el juez una de las claves es la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid sacó sobre el caso de González Amador en la mañana del 14 de marzo, después de la filtración y para combatir los bulos difundidos por el entorno del empresario. A pesar de que la Sala de Admisiones del Supremo dejó claro que esa nota no era delictiva y que la investigación debía centrarse en la filtración del email a la prensa.

Es un indicio, según el juez, que Rodríguez participara en su elaboración e, incluso, que comentara de manera informal por WhatsApp que hubiera querido incorporar “un poquito de cianuro” a su redacción, expresión dicha mientras era atacada desde la Comunidad de Madrid por haber sido alto cargo de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su último auto apenas pone la lupa sobre la posible filtración del expediente completo del caso y se centra, nuevamente, en el correo y la posterior nota de prensa.

El magistrado rechaza otro de los argumentos que la Fiscalía y los Abogados del Estado han intentado apuntalar durante los interrogatorios: que la información sobre el posible pacto que se estaba fraguando entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto no era, en ningún caso, materia reservada ni secreta. “Las negociaciones habidas entre fiscal y abogado defensor es material sensible y, en atención a su contenido, ha de pasar por criterios de confidencialidad”, explica el juez.

Afirma a continuación que, efectivamente, lo que contenía ese correo era “un hecho tan íntimo y particular como es la confesión de un delito” para, a continuación, defender que eso no convierte en Alberto González Amador en un “defraudador o delincuente confeso”. “No ha recaído sentencia condenatoria que así lo declare”, explica Hurtado citando una sentencia reciente del Supremo en la que participó: la que confirmó la condena de la expresidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, por trocear contratos públicos. Un caso en el que la defensa de la dirigente independentista se quejó, sin éxito, de que los posibles pactos con la Fiscalía en esa causa se habían filtrado.

El auto de Hurtado descarta, por tanto, las principales líneas de defensa de la Abogacía del Estado y la Fiscalía y deja claro, por encima de todo, su criterio sobre el fondo del asunto: sí hay pruebas suficientes para atribuir la filtración del correo a los dos dirigentes de la Fiscalía, en particular en la noche del 13 de marzo a la Cadena SER, aunque ninguna prueba refleja si eso se ejecutó o si alguno de los dos dio alguna orden en ese sentido.

Unas consideraciones –que en buena parte asumen de forma textual los postulados de la acusación que ejerce la pareja de Ayuso– que llegan con la instrucción del caso encarrilada y después de que la Sala de Apelaciones haya confirmado la diligencia clave de la causa: el registro en el que la Guardia Civil registró los despachos de los dos imputados e intervino sus teléfonos móviles.

La Abogacía del Estado, en la última testifical, ya anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional mientras el caso está pendiente de dos vectores: la información sobre los teléfonos del fiscal general que puedan aportar Google, WhatsApp y la Guardia Civil, y la declaración de Pilar Sánchez Acera. Después será decisión de Ángel Hurtado archivar la causa o, según parece deslizar en sus últimos autos, enviar el caso a juicio con el fiscal provincial por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.