El presidente del Supremo rechaza la campaña de Trump para destituir al juez que ordenó frenar las deportaciones a El Salvador

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha contradicho a Donald Trump en su campaña para llevar a cabo un impeachment contra el juez federal de Washington que ordenó frenar los vuelos de deportación de más de 200 venezolanos a las prisiones de El Salvador. Mientras aún se esclarece si la Casa Blanca ignoró deliberadamente el bloqueo judicial, esta mañana el presidente estadounidense ha pedido que el Congreso inicie un proceso para destituir al juez. En un comunicado publicado poco después, el presidente del Supremo ha afirmado que esa no es la solución.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, declaró Roberts en un comunicado emitido por el tribunal. “El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”. Roberts forma parte de la mayoría conservadora del Supremo, aunque es de perfil moderado. Fue designado para el cargo por el expresidente George W. Bush.

El presidente estadounidense había solicitado este martes por la mañana la destitución del juez federal James Boasberg, quien emitió la orden judicial para frenar la deportación de los venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Por primera vez, Trump secundó los llamados de Elon Musk y de su vicepresidente, JD Vance, para destituir a los jueces que han bloqueado las acciones del gobierno y pidió al Congreso que iniciara un proceso de impeachment contra Boasberg.

El intento de someter al juez a un impeachment ya había recibido el apoyo de varios congresistas republicanos, e incluso se barajaba la posibilidad de utilizar el mecanismo contra otros jueces que cuestionaran las órdenes ejecutivas de Trump. “Acabo de presentar artículos de acusación contra el activista radical, el juez James Boasberg. Es culpable de delitos y faltas graves y debería ser destituido de su cargo”, escribió el congresista de Texas, Brandon Gill, en una publicación en X, donde compartió el borrador del texto.

El fin de semana, la Casa Blanca desafió al poder judicial deportando a más de 200 venezolanos a las prisiones de El Salvador, a pesar de la resolución judicial. Las personas enviadas al sistema penitenciario creado bajo el régimen de Nayib Bukele habían sido acusadas de, presuntamente, pertenecer al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportarlas, lo que implicó que no hubiera ningún proceso judicial para probar o desmentir su vinculación con dicha banda criminal. Boasberg consideró que esto podía causar un “daño irreparable”, ya que podría suponer la detención de personas inocentes en un sistema penitenciario señalado por incumplir los derechos humanos. Familiares de algunos de los venezolanos deportados a El Salvador han denunciado que estas personas no están vinculadas al Tren de Aragua y que fueron detenidas simplemente por tener tatuajes.

El argumento oficial era que el vuelo ya había despegado antes de que el juez emitiera la orden. Aunque el gobierno de Trump insiste en que el vuelo de deportación despegó justo antes de que el juez emitiera la orden por escrito, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó ayer que se había ignorado la orden verbal. Boasberg había dado hasta el mediodía de hoy para que se certificara por escrito que ninguna persona había sido deportada una vez que la directriz judicial entrara en vigor.

Boasberg convocó una audiencia este lunes para preguntar por qué su orden, aparentemente, había sido ignorada por la Casa Blanca. El Departamento de Justicia defendió en sus argumentos orales que “una orden verbal no se ejecuta como una orden judicial [escrita]”. El abogado del gobierno, Abhishek Kambli, se negó a responder preguntas detalladas sobre los vuelos de deportación y sostuvo que Trump tenía amplia autoridad para expulsar inmigrantes con poco o ningún proceso legal, de acuerdo con la Ley de Enemigos Extranjeros. Por ello, Boasberg dio hasta el mediodía de hoy para que el gobierno estadounidense certificara por escrito que ninguna persona había sido deportada después de que la orden escrita entrara en vigor. Esta información es clave para determinar si finalmente se desobedeció su autoridad.

El Departamento de Justicia del gobierno de Trump respondió este martes al mediodía al requerimiento del juez, pero con una respuesta parcial. En una breve presentación, los abogados del departamento afirmaron que ninguno de los vuelos de deportación despegó después de que llegara la orden escrita del juez para detenerlos, a las 19:25 h del sábado. Sin embargo, no precisaron en qué momento despegaron los dos aviones, por lo que sigue sin aclararse si lo hicieron después de la orden oral de Boasberg, emitida a las 18:45 h de ese día. Una vez más, el gobierno de Trump mantiene el pulso a la Justicia.

Más allá de la falta de colaboración, antes de que comenzara la audiencia, el Departamento de Justicia intentó cancelarla y, en un movimiento aún más extremo, solicitó al tribunal de apelaciones federal que supervisa al juez que apartara a Boasberg del caso.