Las cesiones del PP al negacionismo climático de Vox ponen en riesgo millones de euros en fondos europeos
Paso a paso, el Partido Popular abjura del Pacto Verde europeo. Para complacer a Vox, los dirigentes del PP afirman ahora querer desactivar un acuerdo (y leyes) diseñados para combatir el cambio climático. En la misma semana en la que los presidentes autonómicos populares de la Región de Murcia y Aragón se han adherido al nuevo negacionismo, el presidente Pedro Sánchez ha recordado que un buen pedazo de la inyección económica que España está recibiendo desde la UE, la del Pacto Verde, se deben a los planes de mitigación y adaptación a la crisis del clima: “No vamos a permitir que el negacionismo de nadie o que ningún gobierno autonómico controlado de manera directa o indirecta por la ultraderecha ponga en riesgo ni un solo euro de los fondos europeos”, afirmó este viernes durante las jornadas organizadas por elDiario.es.
La cuestión es que muchos millones de euros de esos fondos, llamados Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están teñidos de verde: adaptación de la costa para que sea amortiguador de temporales, recuperación de ríos, conservación de ecosistemas o rehabilitación de viviendas (para que no despilfarren energía) son algunos de los capítulos regados con ese dinero comunitario, según el análisis del Ministerio de Transición Ecológica.
Si se miran los créditos asignados a estos capítulos se ve que, por ejemplo, para movilidad sostenible, es decir, que emita menos gases hay 2.000 millones de euros (las zonas de bajas emisiones relacionadas con un transporte bajo en emisiones de CO2 ya han provocado que el Gobierno reclame a diversos ayuntamientos que las implementen o devuelvan las transferencias).
El presupuesto de rehabilitación de casas es de 1.200 millones, para la preservación de litoral (como la reversión de pérdida de playas, rehabilitación de cordones de dunas...), 2.000 millones y para la conservación de ecosistemas como los marinos deteriorados por la subida de la temperatura del agua, los de alta montaña (deshelados) o los humedales, suman 1.600 millones de euros de fondos europeos.
El Pacto Verde es “clave para una Unión Europea climáticamente neutra y sostenible”, según lo definió el Europarlamento cuando contó con los votos a favor del PP español.
Sin embargo, tras el abrazo a los postulados ultras de Vox proclamado por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), quien calificó el Pacto Verde de “dogmatismo climático” y que “va directamente contra la esencia de nuestra economía”, se han unido otros pretendientes al favor de Vox. El murciano Fernando López Miras ya ha concedido en la Asamblea regional: “Rechazamos el Pacto Verde europeo”.
El aragonés Jorge Azcón, por su parte, habla de políticas “equivocadas, que son erróneas y que son objetivamente un disparate”. La dirección nacional popular ha dado su bendición. Su portavoz, Borja Sémper, ha asegurado que estaban “de acuerdo e informados” sobre el bandazo de Mazón.
Este miércoles, el Partido Popular y Vox en el Senado rechazaron juntos una moción (una declaración) en defensa del Pacto Verde propuesta por el PSOE.
Todas juntas, estas cesiones colocan al PP en el nuevo negacionismo climático, más retardista. Una línea que ha marcado al partido desde que José María Aznar llamara “abanderados del apocalipsis climático” a quienes “exigen dedicar cientos de miles de millones de euros (...) a resolver un problema que quizá –o quizá no– tengan nuestros tataranietos”.
El peso del campo
Además de las áreas que pueden asociarse más intuitivamente con la transición ecológica o energética, cuando los políticos del Partido Popular reniegan del Pacto Verde están mirando a las medidas acordadas en la Unión Europea referidas a la agricultura y la ganadería –ámbito donde Vox tiene especial predicamento–.
La Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC) distribuye unos 58.000 millones de euros al año –un cuarto del presupuesto comunitario–. El actual programa, que va de 2023 a 2027, aborda la implicación de esta actividad en la crisis del clima y el deterioro de los ecosistemas. Por eso, entre sus objetivos concretos –además de “reequilibrar el poder en la cadena alimentaria”, “asegurar ingresos justos” o “apoyar el relevo generacional”– están la “acción contra el cambio climático”, la “protección del medio ambiente” y la “conservación del paisaje y la biodiversidad”.
La razón para esos objetivos verdes es que el sector agrícola incide en el cambio climático. En la Unión Europea supone algo más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan la crisis del clima (de eso el 70% proviene de animales). La mayoría es metano y óxido nitroso. En España, ese porcentaje es todavía mayor.
El desprecio hacia el Pacto Verde Europeo responde a una visión cortoplacista que ignora que el futuro de la agricultura depende de que esté bien adaptado al clima y de la buena salud del medio ambiente se ha utilizado el malestar del sector para frenar avances en sostenibilidad
El sector agrario significó el 12,2% de las emisiones de gases en 2023, según el último Inventario del Ministerio de Transición Ecológica. Ese año, estas actividades liberaron 32.800 kilotoneladas, que es prácticamente lo mismo que en 1990 (33.300 kt), mientras que las emisiones globales del país fueron un 16% menores que en ese año de referencia.
“Desde 2013 a 2020 [se produjo] una tendencia al alza ligada al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera”, analiza el documento publicado este marzo. Desde el pico histórico marcado en 2020 se han sucedido dos cursos a la baja.
Y no todo son emisiones. El uso intensivo de fertilizantes y los desechos ganaderos se han filtrado a las aguas subterráneas españolas de manera que se hace casi misión imposible liberarlos. La aplicación masiva de pesticidas, a pesar de experimentar una reducción, ha provocado “un gran número de incumplimientos” de la ley respecto a la concentración permitida de estos tóxicos en el agua.
En el momento de la aprobación del nuevo modelo de PAC, la organización agraria COAG criticó que un 25% de las ayudas directas se vincularan a medidas ecológicas en las explotaciones y que el desarrollo del Pacto Verde suponía “una gran losa” para los agricultores.
Con todo, en 2023, la PAC inyectó 4.800 millones de euros en ayudas directas a los agricultores españoles. Y otros 4.800 millones en 2024, según los datos del Ministerio de Agricultura.
“El desprecio hacia el Pacto Verde Europeo responde a una visión cortoplacista que ignora que el futuro de la agricultura depende de que esté bien adaptado al clima y de la buena salud del medio ambiente”, reflexiona Elvira del Pozo, portavoz de la plataforma Otra PAC. “Sin medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, el sector agrario será cada vez más vulnerable, con pérdidas económicas y menor capacidad productiva”, añade.
En la otra punta está colocada la patronal agraria Asaja. Durante un reciente viaje de la delegación de Asaja Castilla-La Mancha a Bruselas en febrero pasado, el presidente José María Fresneda reclamó “la defensa del sistema productivo frente a las políticas conservacionistas”. También que la PAC fuera “simplificada” y tuviera “un presupuesto más elevado”.
Las tractoradas en España y Europa de febrero de 2024 ya consiguieron que los responsables políticos de la Unión Europea suspendieran seis de las diez condiciones ambientales que se habían desarrollado en la actual PAC. Se trataba, precisamente, de medidas encaminadas a frenar el deterioro del suelo y la erosión que están haciendo avanzar la desertificación, sobre todo, en el sur de Europa, es decir, por España.
La evidencia científica ya ha determinado que el cambio climático exacerba la desertificación que progresa por áreas de clima más árido, con regadíos intensivos, erosionados o víctimas de incendios forestales.
Elvira del Pozo avisa de que esta deriva “supone una amenaza no solo para el medio ambiente, sino también para la propia viabilidad del sector agrario” y que “se ha utilizado el malestar del sector –que tiene reivindicaciones lícitas como los precios justos– para frenar avances en sostenibilidad. Se está promoviendo una narrativa que enfrenta producción y ecología, cuando en realidad van de la mano”.
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