El ministro del Interior, el magistrado en excedencia Fernando Grande-Marlaska, ha promovido en poco más de dos meses sendos expedientes para prohibir el uso de la cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a dos investigados en el caso Koldo, una trama de corrupción vinculada con la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
En diciembre inició el trámite para impedir que pudiera lucir esta medalla Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama. Según confirman fuentes del Ministerio, la Dirección General de la Guardia Civil ha instruido un expediente para determinar “si procede prohibir el uso de la distinción” concedida al empresario por el propio Marlaska en 2022.
Esta medalla premia “acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del cuerpo e interés de la patria”. Según la orden ministerial que regula esta distinción, aprobada en 2012, podrán lucir la Gran Cruz “sobre el uniforme o en el traje civil” miembros del cuerpo de la Guardia Civil, pero también “cualquier otra persona o entidad que sea acreedor de ello”.
Tal y como trascendió hace dos semana en diversos medios de comunicación, el ministro del Interior pretende también quitar el reconocimiento que en mayo de 2018 concedió su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, a la persona que da nombre al caso Koldo, Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en Transportes.
La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto un expediente en el mismo sentido a propuesta de Marlaska, que considera, “sin prejuzgar la resolución judicial que ponga fin a la causa”, que la investigación abierta al exasesor de Ábalos “pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio” de la Guardia Civil.
Por tanto, el Instituto Armado ha abierto expedientes para prohibir el uso de la medalla (la decisión final queda en manos del ministro) a personas que ostentan la condición de investigadas en una causa judicial (con una autoinculpación en el caso de Víctor de Aldama).
Sin embargo, mantiene la distinción a un preso, el exjuez corrupto Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Delitos que cometió al conspirar contra Victoria Rosell cuando la magistrada se presentó a las elecciones generales de 2015 como independiente en las filas de Podemos por Las Palmas.
“No ofrecemos información sobre procedimientos internos que, en todo caso, corresponde valorar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, han contestado fuentes oficiales del Ministerio del Interior a este periódico al ser preguntadas por las razones por las que no se ha abierto ese expediente a Alba, condenado en firme desde noviembre de 2021.
Alba fue condecorado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando ejercía como magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Al entonces juez se le comenzó a investigar dos años después, en mayo de 2016, tras difundirse una grabación en la que se le escucha preparar la declaración en sede judicial de un empresario al que entonces investigaba sobre hechos ajenos al objeto de ese procedimiento y con el objetivo de acabar con la carrera profesional y política (incipiente en ese momento) de Rosell, la jueza a la que Alba había sustituido al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Aquellas pesquisas concluyeron en la condena firme a Salvador Alba. Aparte de la pena de cárcel (seis años y medio de cárcel) y de inhabilitación (18 años), de la imposición de una multa de 12.000 euros y de la obligación de indemnizar a la víctima de sus delitos con 60.000 euros en concepto de daños morales, la sentencia ordenaba la retirada “de todos los honores anejos a su condición de juez”.
Sin embargo, casi nueve años después de que comenzara la investigación contra él y más de dos años después de que ingresara en la cárcel, Salvador Alba mantiene la medalla y puede lucirla.
A finales de 2022, coincidiendo con el ingreso en prisión del exmagistrado, un senador de Compromís (Carles Mulet) preguntó al Gobierno, en relación con el caso Alba, por las medidas que iba a adoptar “bien a iniciativa propia, bien en coordinación con la Guardia Civil, para retirar la Cruz del Orden” a todas aquellas personas a las que se le hubiera concedido y que, con posterioridad, se hubiera constatado que “no cumplían los requisitos de conducta ejemplar”.
En su respuesta, el Gobierno señaló que “cada una de las propuestas y concesiones de recompensas de la Orden del Mérito de la Guardia Civil se corresponde con actos administrativos individuales e independientes, cuya motivación de propuesta atiende a unos méritos y circunstancias únicas, concurrentes en un momento temporal específico, cuya veracidad ha sido atestiguada en el curso del correspondiente expediente administrativo”.
Además, aludió a la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 y, más en concreto, a su disposición adicional tercera, que estipula que el Consejo de Ministros o el ministro del Interior podrán revisar de oficio o revocar las resoluciones que hayan concedido esta medalla incluso cuando se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor de esa norma.
Las fuentes del Ministerio del Interior han precisado ahora, a preguntas de este periódico, que la orden ministerial no contempla la retirada de la medalla, aunque sí su prohibición de uso, sin dar detalles sobre el caso particular de Salvador Alba.