PSC, Junts, PP y Vox dan el primer paso para comprar pistolas eléctricas a la Guàrdia Urbana de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso decisivo este miércoles para adquirir pistolas eléctricas para la Guàrdia Urbana. La comisión de Presidencia y Seguridad del consistorio, con los votos a favor del PSC, Junts, PP y Vox, ha aprobado inicialmente el reglamento de uso de estas armas. Los Comuns han votado en contra y ERC se ha abstenido.

El documento, que ahora se someterá a un plazo de alegaciones de 30 días, apenas incorpora cambios reclamados por los Comuns, las entidades en defensa de los derechos humanos y de salud mental para limitar a los agentes el uso de estas armas. En una carta dirigida al teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, Irídia o la Taula de Salut Mental de Catalunya han expresado su preocupación por el “discurso estigmatizador” del consistorio y otras instituciones “que vincula la salud mental con el aumento de la violencia”.

Las denominadas pistolas Taser se han extendido entre todos los cuerpos policiales. En el conjunto de España, unos 280 cuerpos de policía local disponen de pistolas eléctricas, de los que 78 están en Catalunya. El uso durante un lustro de estas armas por parte de los Mossos ha provocado un muerto, al que la policía catalana disparó durante un brote psicótico. Barcelona quiere que sus agentes municipales las empiecen a usar en 2026.

El mayor problema del uso de las Taser es la imposibilidad del agente para saber, a simple vista, si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, un supuesto que, junto al consumo de alcohol y drogas o los problemas psiquiátricos, puede comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga eléctrica de bajo amperaje.

El reglamento de Barcelona al que han dado su visto bueno el PSC y los grupos de derecha y extrema derecha contempla el uso de Taser en personas con problemas de salud mental en situaciones de riesgo de suicidio o autolesión, uno de los supuestos desaconsejados por entidades internacionales de derechos humanos. También prevé que todas las actuaciones con las Taser quedarán grabadas en vídeo y que cada disparo se evalúe y audite por parte de responsables policiales.

El voto en bloque del PSC con la derecha ha mantenido, en esencia, el grueso del protocolo trabajado por el Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana desde hace meses. No se han aceptado las enmiendas de los Comuns para que no se pudieran superar en ningún caso las cuatro descargas a la misma persona. Tampoco han prosperado las solicitudes para incorporar las prevenciones que hace Naciones Unidas sobre el uso de las armas.

El reglamento validado permitirá disparar la pistola eléctrica a menores de edad (solo lo prohíbe a menores de 14 años, aunque no específica el documento cómo se cerciorarán los agentes de la edad del objetivo); a personas esposadas; a personas con síntomas de haber consumido alcohol o drogas; así como su uso en personas durante manifestaciones, aunque el propio documento indica que no está recomendado.

El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, ha defendido que el reglamento de las Taser para la Urbana es “una trasposición” del protocolo de los Mossos y que proporciona “más garantías”.

Los Comuns y ERC se han mostrado críticos. “Son armas potencialmente letales, causan dolor y pueden ser usadas de forma lesiva. Todavía estamos a tiempo de cambiar el reglamento”, ha manifestado el edil de BComú Marc Serra.

En la misma línea, el concejal de ERC Jordi Coronas ha pedido a Batlle que el gobierno municipal sea “más receptivo” a las alegaciones de los grupos y ha recordado que las Taser “provocan riesgos cardíacos y lesiones”. “Hay muchas situaciones que se resuelven mejor con formación que con las pistolas eléctricas”, ha apostillado.

Los grupos de la derecha y la extrema derecha han competido por quién está más a favor de las Taser y han reclamado que se compren más que las 22 que se prevén adquirir inicialmente.

“Solo 22 pistolas para toda la plantilla de la Urbana es un chiste”, ha manifestado Gonzalo de Oro (Vox). “Adquirir solo 22 Taser es una cifra muy modesta”, ha expresado Jordi Martí (Junts). “Nos alegramos de este reglamento, las Taser son necesarias para la Guàrdia Urbana”, ha indicado Juan Millán (PP). 

En su misiva, las entidades sociales piden suspender el reglamento hasta que no se lleve a cabo un estudio técnico independiente sobre las afectaciones de las Taser “en el derecho a la vida y el respeto a los derechos fundamentales”, en particular a las personas en estado de agitación o de crisis de salud mental. También reclaman abrir un proceso participativo con entidades sociales para “incorporar más garantías de derechos humanos y seguridad jurídica a los agentes”.