Tumban la construcción de una macrogranja para 80.000 pollos

El Pleno del Ayuntamiento de Bujalance ha denegado el proyecto de actuación de la empresa Nataindos Bujalance S.L. para la implantación de una explotación avícola de 80.000 pollos de engorde en esta localidad cordobesa, basándose en informes técnicos y jurídicos negativos sobre dicho proyecto. Además, el Pleno ha declarado que no concurre interés social para dar luz verde a este proyecto y ha estimado las alegaciones presentadas en relación con el incumplimiento de la normativa urbanística.

Estos acuerdos han sido aprobados en el Pleno municipal celebrado el pasado 27 de marzo, en el que se abordó la resolución de alegaciones en el expediente sobre la licencia de obras para el proyecto de la explotación avícola de pollos de engorde en suelo no urbanizable. El Pleno -conformado por el gobierno municipal del PP (8 concejales) y el grupo del PSOE (5 concejales) en la oposición-, dio luz verde por unanimidad al acuerdo ya aprobado días antes en la Comisión Informativa General previa, donde quedó reflejado el rechazo de la Corporación al proyecto de la macrogranja en las condiciones presentadas.

El proyecto que llegó al Ayuntamiento consiste en una edificación agropecuaria distribuida en dos naves destinadas a la actividad de explotación de pollos de engorde con capacidad de 40.000 en cada una de dichas naves, en suelo no urbanizable rústico, según la documentación aportada. 

Según recogen los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Bujalance -a los que ha tenido acceso Cordópolis-, por un lado, se deniega la propuesta de la entidad mercantil Nataindos Bujalance, S.L., para la aprobación del proyecto de actuación para la implantación de una explotación avícola de 80.000 pollos de engorde en las parcelas 16, 17, 18 y 19 del Polígono 11, paraje Castilblanco, “como consecuencia de los Informes Técnicos y Jurídico negativos”. 

De otro lado, el Pleno acuerda “declarar que no concurre interés social” en la actuación extraordinaria en suelo rústico para la implantación de esta macrogranja. Y, junto a ello, estima las alegaciones de todos los alegantes “referidas a incumplimiento urbanístico relativa a condiciones de implantación” de la explotación.

Alegaciones e informes en contra

En total, el proyecto recibió 131 alegaciones, entre las que se encuentran las de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba, que denunció distintas irregularidades en esta iniciativa. Las alegaciones admitidas y aprobadas ahora por el Ayuntamiento se refieren a la construcción de la macrogranja a una distancia de 700 metros del núcleo de población, cuando la normativa urbanística de Bujalance establece que debe ser de al menos 1.000 metros.

Todas las alegaciones fueron remitidas a los servicios técnicos de Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) provincial para emisión de un informe sobre su contenido. En dicho informe del SAU del Alto Guadalquivir -fechado en enero de 2025-, se propone estimar la alegación referida al incumplimiento normativo del proyecto de actuación, concretamente urbanístico, realizada por la totalidad de alegantes. “Fundamenta esta propuesta en el incumplimiento de las condiciones de implantación, concretamente la referida a la distancia mínima a núcleo de población de este tipo de actividades, ya que, establecida normativamente en 1.000 metros, el proyecto señala una distancia de 700 metros. Y señala expresamente, a mayor abundamiento, que no se aprecia ninguna otra circunstancia que motive la aplicación de la exención contemplada en el artículo 147.2 del PGOU de Bujalance”.

Asimismo, en lo concerniente a la concurrencia de interés público o social señala que la valoración de dicho interés debe evaluarse de forma plenaria, “si bien considerando que no solo atendiendo a los beneficios genéricos aducidos por el promotor de la actividad, sino también a la utilidad o provecho para la comunidad afectada y su territorio, siendo necesario la ponderación de otras circunstancias más allá del beneficio económico de la actividad, como por ejemplo las alegaciones de la población residente”. Y, en consecuencia, señala la potestad del Ayuntamiento para valorar tales circunstancias. El Consistorio ha tomado la decisión de no declarar de interés público el proyecto.

Contra este acuerdo del Ayuntamiento de Bujalance, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba.