Donostia, la ciudad con la vivienda más cara en Euskadi y en España, será zona tensionada “en abril”

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha confiado en que Donostia sea declarada zona tensionada “en abril”, de modo que a partir de entonces se puedan aplicar políticas de regulación de los precios del alquiler y de protección de los demandantes de vivienda al amparo de la normativa estatal de 2023. Es la ciudad con los precios más altos no solamente de Euskadi sino también de España: 18 euros mensuales el metro cuadrado en alquiler (14,8 hace cinco años) y 5.681 euros en compra (4.527 en 2020), según Idealista. Sería la primera capital vasca en acogerse a este mecanismo.

Técnicamente, en Euskadi no opera ninguna zona tensionada aún. Errenteria, pegada a Donostia, iba a serlo “antes de enero” pero la entrada en vigor de las medidas se está retrasando. Se espera que sea esta semana cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) promulgue formalmente la declaración, según ha indicado el consejero. Itxaso, eso sí, ha precisado que las medidas entrarán en vigor con algunas “salvedades” para controlar a los denominados “grandes tenedores” porque la Hacienda foral, en este caso la de Gipuzkoa, dirigida por el PNV, aún no ha entregado al Gobierno central los datos requeridos para fijar precios de referencia. La Diputación ha explicado, ante algunas críticas que han empezado a surgir, que están colaborando con el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), un organismo del Gobierno autonómico que depende del PSE-EE.

Ahora PNV y PSE-EE parecen ir de la mano en la aplicación de la ley después de meses de enfrentamiento, que llegó al extremo de que los nacionalistas llevaran la declaración de zonas tensionadas al Tribunal Constitucional. La petición de Donostia la realizaron un alcalde del PNV, Eneko Goia, y una edil de Urbanismo de ese partido, Nekane Arzallus. Errenteria, por el contrario, está regida por EH Bildu en coalición con Podemos.

Itxaso ha confiado también en que en esa segunda tanda de abril puedan entrar también dos localidades de más de 50.000 habitantes, Barakaldo e Irún, y los municipios de Zumaia, Galdakao -algunos barrios- y Lasarte-Oria. Según sus cálculos, esta primavera 448.000 habitantes vivirán ya en zonas declaradas como tensionadas, alrededor de un 20% del total. “Sería una buena noticia, un umbral protegido bastante relevante frente a los rigores del mercado”, ha manifestado el consejero.

¿Qué consecuencias tiene la actividación de este mecanismo? En noviembre, la edil donostiarra Arzallus indicó que el “primer impacto” es “la regulación de los precios de los alquileres para vivienda habitual, de modo que se pueda evitar su incremento”. Para los pequeños propietarios, “los nuevos contratos que se realicen en viviendas que ya están en alquiler estarán limitados a la renta del último contrato y solo podrán darse incrementos de hasta el 10% en aquellos que tengan más de 10 años o cuando se hayan llevado a cabo rehabilitaciones en el inmueble, mejoras de eficiencia energética o de accesibilidad”. En el caso de “los nuevos contratos en viviendas que en los últimos cinco años no han sido alquiladas, el precio del alquiler será determinado por el índice de precios de referencia”. Para el caso de los grandes tenedores, el precio siempre será el de referencia.

En Euskadi, el área de Vivienda del Gobierno vasco, que gestiona las peticiones municipales, exige para la tramitación un plan trienal de choque, con movilización de suelos y otras actuaciones destinadas a “recrecer la oferta”, en palabras de Itxaso. En el caso de Donostia, el Ejecutivo explora acuerdos de cesión de suelos en espacios como los terrenos que quedarán liberados tras el cierre y demolición de la cárcel de Martutene, por ejemplo. Precisamente se ha informado también de la cesión de una parcela en Riberas de Loiola donde se construirán “84 alojamientos dotacionales en régimen de alquiler rotatorio para jóvenes”.