El trámite fundamental al que se enfrentaba el proyecto de macrocelulosa de Altri para Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) era la declaración de impacto ambiental (DIA). La Xunta acaba de publicarla con la conclusión de que el plan es “ambientalmente viable”. Establece simplemente una serie de condicionantes y varias acciones de seguimiento.
La decisión llega tras meses de movilización de vecinos y ecologistas tanto en la comarca como en todo el territorio gallego contra el proyecto que supondrá levantar una planta que ocupará 112 hectáreas, con una chimenea de 75 metros de altura; que consumirá cada año 1,2 millones de toneladas de eucalipto y necesitará cada día 46.000 metros cúbicos de agua, que captará del río Ulla. Todo ello en unos terrenos que limitan con la Red Natura de la Serra do Careón y en una zona por la que pasa el Camino de Santiago. El objetivo es llegar a producir 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y otras 200.000 de lyocell, una fibra textil vegetal.
El proyecto de Altri -para el que ha creado la empresa Greenfiber junto al dueño de la gallega Greenalia- supera su trámite ambiental ante la Xunta. No es su aprobación definitiva, dado que todavía debe finalizar la tramitación en el departamento económico y recibir el visto bueno final de la Xunta, pero la revisión ambiental era el núcleo del procedimiento.
La declaración de impacto ambiental, firmada por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y el subdirector xeral de Avaliación Ambiental, Alejandro Carrera, tiene fecha del 5 de marzo y aparece publicada este viernes, 14 de marzo, en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El Gobierno gallego convocó una rueda de prensa con las conselleiras de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ellas mismas calificaron de excepcional, para dar respuesta a lo que Vázquez consideró “controversia, muchas veces generada por intereses partidistas” en torno al proyecto.
La titular de Medio Ambiente defendió que “ningún proyecto que pretenda instalarse en el territorio tiene impacto cero”. La declaración de impacto ambiental, señaló, se hizo basándose en 34 informes sectoriales, firmados por 42 técnicos. Preguntada sobre si intervino alguna empresa privada en la elaboración, Vázquez insistió en la respuesta de que las firmas de los informes corresponden a personal funcionario y que no hubo entidades colaboradoras implicadas: “No hay nada que ponga en duda esta DIA”.
Ahora, la Xunta deberá hacer el trámite de audiencia de las personas interesadas en el procedimiento, para lo que hay entre 10 y 15 días para que alegen o entreguen los documentos que consideren. Después, la Xunta dará la autorización ambiental integrada al plan y pedirá a Altri el proyecto de ejecución para que pase por la junta consultiva de la Xunta en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Finalizado este punto, solo quedará que la conselleira de Economía eleve todo el expediente para que el Consello de la Xunta apruebe el proyecto industrial estratégico. Ahí, según Lorenzana, podrían empezar las obras. Pero la conselleira ha dudado de que esto tenga sentido y señaló directamente al Gobierno central porque la macrocelulosa necesita una subestación eléctrica no incluida actualmente en la planificación estatal: “La viabilidad depende absolutamente del Ministerio para la Transición Ecológica”.
En los pasos posteriores, sigue en el aire también el apoyo económico público al proyecto. La empresa ha declarado en varias ocasiones que aspira a captar 250 millones de euros de fondos europeos para llevar adelante una inversión que, en total, calcula en 900 millones.
La contestación social
La propuesta de Altri recibió un aluvión de 27.000 alegaciones y el rechazo se materializó en dos masivas manifestaciones en el último año: una en mayo de 2024 en Palas de Rei y otra en Santiago de Compostela en diciembre. Y también en una protesta por mar en junio para avisar del impacto de la macrocelulosa también aguas abajo, en la ría de Arousa. Las críticas no se quedaron en el entorno de los vecinos, sectores productivos y ecologistas: el Consello da Cultura Galega, uno de los órganos asesores de la Xunta, presentó un demoledor informe firmado por varios expertos y las asociaciones de defensa del Camino de Santiago también avisaron del impacto. El equipo dirigido por Alfonso Rueda se ha mantenido en una postura de defensa del proyecto y se ha remitido al trabajo de los funcionarios y los técnicos.
El proyecto fue declarado estratégico por la Xunta en diciembre de 2022, una figura que reduce a la mitad los tiempos en los que la administración debe resolver sus trámites. En este caso, el expediente para la declaración de impacto ambiental entré en la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade el 7 de febrero de 2025. Un mes después tiene respuesta favorable.
Las condiciones
La declaración de impacto ambiental repasa cómo fue el procedimiento en los distintos departamentos que tuvieron que emitir informes. La Consellería de Medio Ambiente pidió aportaciones a un total de 32 entes: desde otros órganos de la Xunta, a las Diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra, la Demarcación de Carreteras del Estado o los Ayuntamientos de Palas de Rei, Santiso, Agolada y Melide porque, aunque la planta se proyecta en el primero de ellos, parte de las infraestructuras de captación, evacuación o líneas eléctricas afectan a los demás.
El visto bueno ambiental dado por la Xunta recoge condiciones para el proyecto. Las instalaciones de la fábrica, salvo tubos de captación y vertido y una línea eléctrica, deben estar a un mínimo de 50 metros del límite de la zona especial de conservación de la Serra do Careón. Y la administración reclama a Altri la instalación de dos estaciones para medir la calidad del aire, una relacionada con la salud humana y otra con la vegetación. También pide medidas para reducir los olores.
La Axencia de Turismo reclama que las obras se hagan en el menor tiempo posible para “minimizar su afección sobre los bienes turísticos”. El emplazamiento elegido para la fábrica de celulosa está al lado de un tramo del Camino Francés y las instalaciones van a ser visibles a lo largo de 15 kilómetros -fundamentalmente la chimenea-, por lo que el Gobierno gallego también demanda actuaciones para rebajar el impacto visual.
Turismo pide que las instalaciones, almacenes y aparcamientos durante la obra se alejen de zonas turísticas o de establecimientos hoteleros y que se evite el paso de la maquinaria en estos puntos. La Xunta establece entre los requisitos que la calidad del aire en la zona no empeore y señala que las mediciones realizadas en septiembre de 2022 mostraron que “la concentración de todos los contaminantes evaluados era baja” y la empresa debe “mantener esta situación”.
Augas de Galicia, que da por buenos los estudios encargados por la empresa sobre las condiciones en las que se devolverá el agua utilizada al medio, concentra sus condiciones en los requisitos y permisos sobre las construcciones y conducciones en los recursos hídricos. Entre los aspectos que acepta están una modificación a la baja de las emisiones de nitrógeno y fósforo con respecto a las que incluía el proyecto inicial. La Xunta considera que las condiciones en las que se devolverá el agua al Ulla, según los estudios entregados por la empresa, permitirán mantener su “buen estado”.
Especies en peligro de extinción
El área en el que se proyecta la macrocelulosa es el hábitat de varias especies en peligro de extinción. En concreto, tres tipos de plantas endémicas de estos terrenos y que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo: la santolina de Melide (Santolina melidensis), la magarza de Barazón (Leucanthemum gallaecicum) y la herba de namorar de Merino (Armeria merinoi). Su presencia ya obligó a modificar la construcción de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago. Ahora, la Xunta da a Altri instrucciones para procurar que crezcan dentro de la finca. Exige un mínimo de 476 plantas por hectárea de herba de namorar de Merino; 593 de magarza y 370 de santolina.
Para el mejillón de río (Margaritífera margaritífera), pide que, durante las obras, se tomen muestras del punto de vertido cada mes. Según, la empresa, casi toda la población está aguas arriba con respecto al punto de vertido previsto -se han encontrado ocho ejemplares por debajo-.
Patrimonio
En la zona en la que se quiere implantar Altri hay también bienes patrimoniales. La Xunta pide que antes de las obras remita una propuesta de conservación del petroglifo de Tras da Costa. Sobre el pavimento histórico de piedra que hay aún en algunos tramos del camino do Monte Rubio, simplemente pide “especial cuidado” para no deteriorarlo. Y sobre la zona de amortiguamiento del Camino de Santiago señala que el acceso a la planta debe tener un proyecto de urbanización y paisajismo. Para el proyecto en general pide un tratamiento de colores y acabados que favorezcan la integración en el entorno.
Además, tanto para la fase de obras como para la de explotación, el Gobierno gallego fija que debe haber un plan de seguimiento.
En cuanto al impacto en la ría de Arousa, el documento considera que no habrá efectos porque se encuentra a 70 kilómetros de distancia. Y sobre la actividad ganadera y forestal, el informe de la Xunta no establece condiciones. La declaración de impacto ambiental repasa que el análisis del impacto en granjas y explotaciones agrícolas de la zona hecho por la administración autonómica puso objeciones por “la incidencia que podría tener la demanda de eucalipto” sobre estos negocios, además de “posibles afecciones derivadas de las emisiones atmosféricas, afecciones de los olores, el paisaje industrial y el efecto negativo sobre la imagen de los alimentos producidos en el entorno”. También muestra una preocupación inicial por la contaminación acústica y los vertidos.
Pero la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias acaba dando su opinión favorable tras la respuesta de la empresa, que asegura que el suministro de eucalipto producido en Galicia y que ahora se exporta será suficiente y que la altura de la chimenea y el tratamiento previo de los gases emitidos “garantiza que no se afectará a la salud humana o al medio ambiente”.