La Xunta exige a 820 personas demostrar interés legítimo contra Altri para no tumbar sus alegaciones a la macrocelulosa

La Xunta de Galicia continúa poniendo dificultades para alegar contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes una relación de 820 personas a las que la Consellería de Economía requiere que demuestren que son parte interesada en el procedimiento de aprobación del proyecto. En caso contrario, sus solicitudes serán desestimadas. Para Greenpeace, se trata de un intento de “silenciar una oposición masiva”, con un número de alegaciones “histórico”, por parte de un Gobierno gallego que “ha perdido la batalla del relato”.

La publicación en el DOG afecta a aquellos opositores a la planta a los que el ejecutivo autonómico no pudo localizar para solicitárselo de forma directa. Desde el pasado mes de octubre, organizaciones disconformes con el proyecto —como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa— vienen denunciando el envío masivo de cartas desde la Secretaría Xeral de Industria a persoas y entidades que habían presentado alegaciones. Lo consideraron una “ofensiva antidemocrática para tratar de amordazar” a la ciudadanía.

Entonces, el presidente de la Xunta —dando por buena una cifra del diario ABC, ya que el número exacto nunca ha trascendido— habló de las más de 24.000 alegaciones presentadas como una “acción orquestada”, ya que en su gran mayoría eran “copias” y limitaba a unas 200 las que eran diferentes entre sí.

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, defiende ese modo de actuar, que no es nuevo, aunque no recuerda ningún caso en que alcanzase el mismo impacto. “Lo que hicimos fue abastecer a la ciudadanía de modelos de alegaciones”, una acción con la que pretendían compensar un “desigualdad brutal”: “La Xunta lleva estudiando el expediente desde 2022. Sin embargo, a la gente sólo le dejaron un mes para revisar los 4.000 folios del estudio de impacto y la autorización ambiental”.

Y es lo que han hecho, de nuevo, una vez que la Consellería comenzó a reclamar que se acreditase el interés: en la web de Greenpeace, como la de otras organizaciones y entidades, están colgados los modelos para que los afectados respondan a estos requerimientos.

La ley del procedimiento administrativo, citada por el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, en el anuncio que publica el DOG, recoge como interesados en un expediente a quienes lo promuevan, a quienes tengan derechos que puedan resultar afectados por él o a aquellos “cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución”.

“Se están amparando en un interpretación superrestrictiva de la ley”, argumenta Santos, que recuerda que los requerimientos llegaron incluso a la Plataforma Ulloa Viva, que lidera la oposición desde la comarca donde se pretende levantar la planta: “Si ellos no son parte interesada...”.

“La Xunta lo que quiere es silenciar la oposición masiva” que ha dejado un número de alegaciones “histórico” y protestas tan multitudinarias como la que colapsó Palas de Rei en mayo o la que desbordó la Praza do Obradoiro de Santiago en diciembre.

“No hablamos de un proyecto en el que sólo sea parte interesada la que tenga una leira o una actividad económica en la zona. Esto afecta a todo el país”. Santos recuerda cómo la papelera de ENCE en Pontevedra “cambió la configuración” del paisaje gallego y teme el impacto de Altri: una mayor eucaliptización, afectación a la cuenca del río Ulla —“el segundo curso fluvial más importante de Galicia”—, que desemboca en la ría de Arousa, la que hasta la enorme caída de los últimos años era “la ría más productiva”. “Afecta al modelo de desarrollo y cualquier gallego tiene derecho a opinar sobre el modelo de desarrollo del país”.