Las preguntas sobre el chat de Signal: ¿pueden los altos cargos de Trump revelar secretos militares con impunidad?

El problema con el ya tristemente célebre chat de Signal leído en todo el mundo no es solo la difusión de detalles confidenciales sobre operaciones militares sino el patrón de deshonestidad institucional que parece revelar en la Administración Trump y sus ramificaciones legales.

La filtración pone al descubierto un sistema de rendición de cuentas que no está funcionando, en el que altos cargos del gobierno pueden divulgar secretos militares con una inmunidad que parece casi total. A pesar de haber incurrido en una posible violación del protocolo para el material confidencial, de las leyes federales sobre gestión de documentos, y de los procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones, ninguno parece enfrentarse a consecuencias legales relevantes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se han reafirmado en la postura de la Administración: ninguno de los mensajes del chat de Signal era confidencial, dicen, definiéndolos como una “actualización para el equipo” donde no se hablaba de fuentes ni de los métodos para obtener la información.

Según Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado con amplia experiencia en lucha contra el terrorismo y operaciones militares (participó en sesiones de deliberación y asesoramiento durante ataques anteriores de EEUU contra los hutíes en Yemen), el grado de detalle con que se habló en el chat sobre el tipo de aeronaves hace pensar que se trataba de información confidencial.

“Si hubiera visto [...] de antemano la [información] compartida en la operación especial, en mi experiencia habría sido confidencial”, dice, e insiste: “No puedo garantizar qué tipo de consideración tenía la información que compartió Hegseth, pero en mi experiencia, ese tipo de detalles antes de la operación habrían sido considerados confidenciales”.

Las propias directrices que el Departamento de Defensa de EEUU sigue para clasificar la confidencialidad de la información sugieren que los planes militares detallados en el chat de Signal tendrían que haber recibido como mínimo el nivel de “secreto”. Algunas de las actualizaciones que se hicieron en tiempo real podrían haber sido clasificadas con un nivel superior de confidencialidad.

La información compartida por Hegseth incluía un resumen con detalles operativos sobre el ataque contra objetivos rebeldes hutíes en Yemen, como la hora de despegue de los cazas F-18, la hora a la que se esperaba que cayeran las primeras bombas, y la hora a la que se lanzarían los misiles navales Tomahawk. La actualización de Hegseth se envió antes de que la operación se llevara a cabo. Un indicador de que Hegseth se daba cuenta de lo delicada que era la situación es su referencia en el propio chat a la seguridad de las operaciones, o OPSEC [un proceso para asegurarse de que la información no puede ser observada por agencias enemigas de espionaje] –en uno de los mensajes el jefe del Pentágono dice que los detalles “están aclarados en OPSEC”–.

Según la guía para la clasificación de la información, tendrían que haber sido considerados confidenciales los datos sobre la “fecha y hora de inicio de la misión/operación”, los “cronogramas/calendarios”, y el “concepto de las operaciones, incluido el orden de batalla, las circunstancias de ejecución, los lugares de las operaciones, los recursos necesarios, las maniobras tácticas y los despliegues”.

En la conversación también hay una actualización en tiempo real enviada por Mike Waltz, el asesor de Seguridad Nacional, que puede revelar información sobre las capacidades y agentes de EEUU en la región. “Primer objetivo, su principal hombre para los misiles, tenemos identificación positiva de él entrando en el edificio de su novia, ahora se ha derrumbado”, decía.

El detalle de apuntar a un individuo en el edificio de su novia expone otro problema legal: un ataque militar que difumina las líneas entre la guerra legítima y los objetivos extrajudiciales, violando potencialmente tanto la intención estratégica de la ley Resolución de poderes de guerra como el principio básico del derecho internacional humanitario de distinguir a los combatientes de los civiles.

Associated Press informa de que también ha habido un cambio en los ataques aéreos de EEUU en Yemen, operando en un espectro cada vez mayor contra el liderazgo hutí y las zonas urbanas que aún continúan.

El proyecto Armed Conflict Location & Event Data ha documentado 56 ataques distintos en Yemen entre el 15 y el 21 de marzo, mientras que el grupo de seguimiento británico Airwars sugiere que al menos cinco ataques estadounidenses pueden haber causado víctimas civiles, basándose en pruebas de vídeo, declaraciones de los hutíes y otros detalles documentados. Hasta la fecha se han producido 57 muertes en Yemen, según cifras de los hutíes.

Problemas legales

Según Finucane, los principales problemas jurídicos que genera el chat tienen que ver con la Ley de Espionaje, utilizada normalmente para perseguir a whistleblowers (informantes); la Ley de Registros Federales, que obliga a las agencias federales a proteger y preservar sus documentos; y la Ley de Documentos Presidenciales, que obliga al presidente a mantener todos sus documentos a salvo para transferirlos a los Archivos Nacionales al término de su mandato.

“La pregunta más importante es: ¿quién autorizó realmente qué con respecto a Yemen?”, dice Finucane. “No está claro qué decisión tomó realmente Trump. No sabemos qué autorizó Trump”.

Un antiguo alto cargo de la Casa Blanca dice que muchos empleados del gobierno usan Signal por comodidad pero que lo ocurrido solo puede explicarse por “un completo amateurismo”. En los gobiernos anteriores, dice, la información compartida por Hegseth habría significado la retirada inmediata del permiso a acceder a información confidencial.

“Yo habría perdido mi autorización”, dice. “Estos tipos no perderán sus autorizaciones para acceder a información confidencial porque a nadie le importa ya nada, pero si yo hubiera hecho esto, me habrían investigado y yo habría perdido mi autorización”.

El entramado de subterfugios para salir del paso no termina con la declaración oficial de la Casa Blanca negando que en el chat hubiera información confidencial. Mike Waltz, que según las capturas de pantalla fue el que creó y el que invitó a los miembros del grupo, ha tratado de distanciarse diciendo que “nunca se había reunido, no conocía, nunca se había comunicado” con Jeffrey Goldberg, el redactor jefe de The Atlantic al que incluyeron por error en el chat. Una declaración que se pone en duda al revisar The Atlantic y encontrar materiales donde parece haber habido comunicación entre los dos.

Que en la Administración Trump más de una docena de altos cargos usen un grupo de Signal y no los canales seguros de comunicación del propio Gobierno (canales que conocen perfectamente) genera dudas sobre la forma en que están manejando la información. En una carta poco común respaldada por los dos partidos, el líder republicano y el demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado pidieron el miércoles una evaluación de lo ocurrido, algo que podría desencadenar una situación embarazosa para la Administración Trump, con el inspector general del Departamento de Defensa investigando a los implicados.

Pese a que la Ley de Espionaje tipifica como delito la divulgación indebida de “información de defensa nacional”, sea cual sea su clasificación de confidencialidad, los altos cargos del chat de Signal no parecen correr riesgo de una persecución penal. En parte, porque es poco probable que el Departamento de Justicia de Trump procese a sus propios miembros del gabinete.

Durante un acto en la Casa Blanca con sus candidatos a embajadores, Trump dijo el martes que “no era verdaderamente” un tema para que lo investigase el FBI. Según exagentes del FBI, Trump podría estar en lo cierto dado que los implicados no cometieron un acto de espionaje para un adversario extranjero.

¿Investigación judicial?

Es probable que la primera consecuencia jurídica sea la que resulte de una demanda presentada el martes por el comité de vigilancia American Oversight acusando a Hegseth; al director de la CIA, John Ratcliffe; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y a otros, de incumplir las leyes federales de preservación de documentos. En las 18 páginas de la demanda, piden a un juez federal que obligue a la Administración Trump a guardar los mensajes de Signal argumentando la ilegalidad de una función que los borra automáticamente pasado un tiempo.

La demanda fue asignada el miércoles a James Boasberg, juez principal de distrito en Washington DC que también lleva otro caso relevante de Seguridad Nacional que involucra al Gobierno: el de los venezolanos deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En ese caso, la Administración Trump ya incumplió con una orden verbal de Boasberg, que exigía el regreso de los aviones en el aire. Invocando la seguridad nacional, el Gobierno también bloqueó la investigación posterior de Boasberg en torno a la violación de su orden.

El agresivo enfoque que la Administración Trump adoptó en el caso de las deportaciones podría jugarle en contra con este nuevo pleito sobre el chat de Signal. Es probable que Boasberg se muestre escéptico ante las cambiantes interpretaciones que los altos cargos hacen sobre lo que es confidencial y lo que no.

Lo que eso significará en términos prácticos sigue sin estar claro. The Atlantic ha publicado la cadena completa de mensajes del grupo de Signal, lo que hace redundante una parte de la demanda presentada por American Oversight (los mensajes son ahora de dominio público). Pero nada impide que Boasberg ordene, por ejemplo, una investigación sobre el asunto.