El Gobierno de La Rioja suspende en la gestión de la Dependencia y pide más financiación al Estado

El XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia al Gobierno regional calificó la gestión de la dependencia en La Rioja en 2024 con un 4.2, “es decir, un suspenso”, tal y como ha subrayado la diputada del PSOE en el Parlamento de La Rioja, María Somalo. Ha advertido además que “es evidente el empeoramiento”, puesto que la calificación de 2023 fue de un 6.1.
La diputada Socialista ha explicado que La Rioja “se encuentra actualmente muy por debajo de la media nacional en indicadores clave”. Entre ellos, destaca el de nuevas personas dependientes atendidas o el del presupuesto destinado por la comunidad autónoma para la dependencia en 2024 con respecto al año anterior, “que disminuye considerablemente con una caída del 3,6%, siendo la peor cifra de España”, ha apuntado Somalo.
Además, ha dicho la diputada socialista que el año pasado “no se consiguieron los objetivos marcados en los acuerdos para la redistribución del nivel acordado”. Todo, ha considerado, “por la incompetente e ineficiente gestión del Gobierno regional, que ha provocado que hayamos percibido en 2024 más de 1,3 millones de euros menos que en 2023”. María Somalo ha recordado que la financiación adicional que consiguen las CCAA mediante el nivel acordado “se recuperó en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que la misma fuera suspendido por el Gobierno del PP en el año 2012”.
De hecho, María Somalo ha afirmado que solo hay un dato donde La Rioja mejora en este Dictamen, “pero con trampas”. Y es que se ha reducido la tasa de personas que, teniendo reconocido un grado de dependencia, no han solicitado ninguna prestación. Pero esta disminución “es ficticia”: “Lo que ha hecho el gobierno de La Rioja es suspender el reconocimiento del grado de dependencia a estas personas hasta que soliciten una prestación”.
El Gobierno de La Rioja pide más financiación estatal
La diputada Socialista ha mostrado su sorpresa porque, a pesar de estos datos, el Ejecutivo regional “todavía tiene la poca vergüenza de reivindicar de manera sistemática al Gobierno de España que aumente la financiación hasta el 50% requerido por la Ley de Dependencia”. Somalo ha dicho que “con los Gobiernos del PP, el porcentaje de aportación del Estado a la dependencia riojana ha caído siempre en picado”.
Precisamente, el Gobierno de La Rioja ha informado durante la rueda de prensa de María Somalo de que la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, planteará “la necesidad” de que se incremente la financiación estatal para los servicios y prestaciones de atención a la Dependencia en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebra este jueves.
El Gobierno del PP ha calculado que la aportación estatal al sistema de Dependencia de La Rioja cubre en estos momentos “poco más de un 15% del coste total”, lo que han considerado “desequilibrado y desproporcionado” y ha reclamado que el Estado asuma, al menos, un 50%.
También consideran que la futura Ley de Dependencia “agravará las consecuencias de esta exigua financiación” y han presentado cifras de pérdidas económicas que alcanzarían, dicen “los 41,5 millones anuales (25 por incremento de gasto y 16,5 millones por pérdida de financiación) en el caso más favorable; y en el más optimista se situarían en torno 31,5 millones (15 más por gasto y 16,5 de menor financiación)”.
Mientras el Observatorio Estatal de la Dependencia suspende al Gobierno de La Rioja, éste defiende su gestión, refiriéndose de hecho a la tiempo de valoración de la dependenica, que es de 56 días, muy por debajo de la media nacional de 212 días. Han destacado que de las 14.772 solicitudes vigentes a 31 de diciembre, el 99,80% (14.692) ya tenía valorado su grado de Dependencia. También se observó un importante aumento en los beneficiarios: 9.334 personas (154 más que en 2023) que recibieron 14.234 prestaciones y servicios. Esto supone una ratio de 1,5 servicios y prestaciones por cada beneficiario, lo que evidencia el compromiso de La Rioja por garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades específicas de cada persona. En el citado balance ministerial se recogía también un descenso anual del 27% del número de riojanos pendientes de percibir una prestación o un servicio. Es el único indicador al que se han refierido, del mimso que el PSOE ha criticado “las trampas” del Gobierno del PP.
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