Seguir el dinero

El seguimiento del dinero en sus múltiples formas es un desafío complejo pero abordable con las herramientas adecuadas y la cooperación internacional. Decía hace poco Thomas Piketty en Le Monde que, para reconstruir Ucrania, la Unión Europea debería confiscar los activos privados rusos, estimados en un billón de euros y frente a los cuales apenas se ha actuado. Y añadía que ello requeriría la creación de un auténtico registro europeo de activos para conocer quién tiene qué en el continente. Sin esa capacidad de seguir al dinero será muy difícil avanzar hacia una Europa que, aplicando una política fiscal sólida, busque mantener la justicia social como pilar clave de los valores europeos.

El capitalismo ya no es lo que era. La concepción tradicional relaciona capitalismo con un sistema económico en el que los medios de producción están en manos privadas, en el que la fuerza de trabajo recibe un salario a cambio de esfuerzo y en el que la distribución de recursos se realiza esencialmente a través de la lógica del mercado. Como bien sabemos, el sistema capitalista no está especialmente preocupado por la justicia, ni por la desigualdad inherente a su estructura, ni mucho menos por la lógica explotadora en que se basa su funcionamiento. El debate ideológico y político que suscita tal funcionamiento ha fundamentado las respuestas que han buscado revertir o corregir sus deficiencias. Al margen de las enmiendas a la totalidad que han generado otros modelos de funcionamiento social y económico, la dinámica correctora se ha centrado en establecer derechos básicos, regular las pautas de funcionamiento de la actividad laboral y articular políticas fiscales que permitan políticas redistributivas que sustenten los derechos básicos de ciudadanía.

Lo que ha ido pasando en los últimos años a caballo de la globalización y de la digitalización es una transformación muy profunda del capitalismo. Un capitalismo cada vez más centrado en el flujo de capital, que se articula alrededor de las expectativas de beneficio y cada vez menos interesado en las bases materiales y productivas del sistema. Antes, los beneficios procedían de lo materialmente producido, ahora proceden del éxito en la apuesta realizada. El dinero, en sus múltiples formatos, modalidades y presentaciones, es la clave de todo. Y en ese escenario, las capacidades de control y regulación de los estados son muy limitadas.

La hegemonía del sistema está en manos del capital financiero que dispone de la hegemonía. Hace cinco años los negocios vinculados a los derivados financieros representaban bastante más de 6 veces el PIB mundial, alcanzando casi los 600 billones de dólares, mientras el PIB global no llegaba a los 90 billones. A medida que aumenta la incertidumbre, aumenta la búsqueda de activos financieros que aseguren rendimientos rápidos. Inversiones muy sensibles a acontecimientos como las sacudidas que generó DeepSeek o ahora ByD con su carga ultrarrápida de baterías. Así, ese capitalismo financiarizado se caracteriza por priorizar las expectativas futuras de rentabilidad por encima de la producción material. El capital está deslocalizado por definición, y ello más que hacer repensar los sistemas fiscales de los países, les ha conducido a una carrera hacia abajo, reduciendo gravámenes fiscales para atraer capital.

La falta de adecuación de los sistemas fiscales a esa reforzada movilidad y volatilidad del dinero y la necesidad de mantener los servicios públicos propios de las democracias ha ido obligando a aumentar los impuestos indirectos sobre el consumo o los directos a quienes más controlados están por su fácil localización y seguimiento. En el 2021, la OCDE impulsó lo que se llamó un “impuesto mínimo global” del 15% para empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, tratando así de evitar la competencia fiscal hacia abajo entre administraciones. Si una empresa paga menos del 15% en un país, otros estados podrán aplicar un impuesto complementario hasta llegar a ese 15%, evitando así los incentivos para trasladarse a países donde se pague menos. El acuerdo fue firmado por 140 países y está empezando a implementarse. 

No es sorprendente que Trump y su camarilla oligárquica y autoritaria haya construido su coalición global con mensajes contra todo aquello que limita la posibilidad de seguir acumulando dinero. Sea esto “ambiental”, “social”, de “género” o “solidario” (una lectura al acuerdo PP-Vox en la Comunidad Valenciana lo deja bien claro a escala local). Así, una de las primeras medidas ha sido anunciar que Estados Unidos abandonará el acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo del 15%, lo que beneficia inmediatamente a las empresas tecnológicas de Silicon Valley que operan globalmente. Las medidas vinculadas a aranceles, presentadas con lógicas nacionalistas y proteccionistas, esconden una nueva forma de reforzar la desigualdad, ya que perjudicará más a los más pobres, y beneficiará más a los más ricos, como ha señalado recientemente el Instituto Peterson de Economía Internacional. 

Como sugería Piketty, los sistemas fiscales han de replantearse totalmente, y más aún ante la generalización de las criptomonedas que han añadido más confusión y más opacidad en su seguimiento, dada su propia naturaleza global y digital. Las posibilidades que brinda la tecnología blockchain puede resultar crucial, pero la rapidez con que todo cambia obliga a acelerar los cambios. Ya que lo que está en juego es la sostenibilidad de las políticas sociales en plena operación de repensar los sistemas de defensa en Europa. La clave es seguir el dinero, cuando justamente el dinero trata de desvanecerse.