Justo al mediodía del 20 de enero de 2025, en el mismo momento en el que arrancaba la ceremonia de investidura de Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos, se cancelaron repentinamente todas las citas programadas para aquellos que pretendían presentar su solicitud de asilo en el país norteamericano. Se desactivaba así la aplicación CBP One, el único canal legal existente para que los no mexicanos obtuvieran asilo por vía terrestre a través de la frontera sur de EEUU.
El ala populista del Partido Republicano estadounidense (MAGA) llevaba años exigiendo el cierre de la polémica aplicación CBP One. Implementada bajo la presidencia de Biden, alegaban que se había convertido en una vía encubierta para facilitar la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Sin embargo, pese a las acusaciones de sus detractores, CBP One no era una política de fronteras abiertas. Diseñada originalmente para automatizar procesos de flujos comerciales, esta aplicación se transformó en una tramite obligatorio de preinscripción para todas las personas no mexicanas que deseaban solicitar asilo por vía terrestre.
Esta nueva normativa, que incluía una sanción de cinco años de inelegibilidad para quien no la respetase, estipulaba que las personas que atravesasen un tercer país sin solicitar asilo, u otras formas de protección en dicho país, no serían consideradas aptas para pedir después asilo en Estados Unidos. Excepto aquellas que lograran llegar al centro o norte de México y concertar una cita mediante el “sistema de programación” de citas del Departamento de Seguridad Interior (Departament of Home Security, DHS).
Dado que la aplicación CBP One era el único “sistema de programación” existente, para obtener su elegibilidad legal, el nuevo protocolo obligaba por tanto a todos los solicitantes de asilo a permanecer en México durante meses, a la espera de conseguir acceso a lo que en realidad era un sistema de lotería digital geolocalizado —lleno de errores y diseñado para la extracción de datos.
CBP One también formaba parte de un dispositivo más opaco de control fronterizo binacional, conocido coloquialmente como El Carrusel. La mayoría de quienes se desplazaban a las zonas restringidas de México en las que la aplicación funcionaba eran rápidamente interceptados por el sistema migratorio mexicano, fuertemente militarizado, que incluía agencias de seguridad paraestatales como el ‘Grupo enlace‘, que asegura aplicar contratos gubernamentales (afirmación que ninguno de los dos gobiernos ha confirmado).
Más allá de la retórica, tanto los sistemas MPP como CBP One, junto con la oleada actual de órdenes ejecutivas, no hacen más que consolidar el statu quo: someten a personas racializadas que huyen de la violencia y la persecución a nuevas formas de sufrimiento y reclusión, incumpliendo las normas del derecho internacional y sin ofrecer vías de asilo realmente accesibles, seguras y legales
Numerosos testimonios de personas migrantes relatan cómo fueron forzadas a subir a autobuses y devueltas a la frontera con Guatemala antes siquiera de poder concertar o asistir a su cita con las autoridades fronterizas. Quienes sí conseguían eludir el carrusel, se convertían en blanco de extorsiones, secuestros, robos, explotación y torturas. Como señala un informe de Human Rights Watch (2024: 4): “Cuanto más difícil resulta para las personas migrantes cruzar la frontera entre EE. UU. y México, más dinero ganan los cárteles, ya sea a través del tráfico de personas o del secuestro y la extorsión”.
Aquellos que lograban acudir a su cita a tiempo tras superar los controles de seguridad preliminares de la aplicación —extremadamente intrusivos desde el punto de vista de la obtención de datos— se sometían a una entrevista definida como de ‘temor creíble’. Si se consideraba que existía un miedo fundado de persecución, tal y como se define en el derecho internacional, se autorizaba su entrada temporal en el país bajo una condición conocida como ‘humanitarian parole’ (del francés ‘parole’, que significa palabra). Inspirada en el sistema penal de los Estados Unidos para la concesión de libertad provisional a presos antes de cumplir su sentencia completa, se basa en el compromiso de buen comportamiento. Así, las personas solicitantes de asilo eran admitidas en el territorio estadounidense bajo este estatus precario y criminalizado mientras se tramitaba su solicitud, la cual, en la mayoría de los casos, acababa siendo rechazada, rápidamente seguida de detención y posterior deportación
Ahora, tras la llegada al poder de Donald J. Trump. la aplicación CBP One ha sido sustituida por la renovada política de prohibición de asilo conocida como Quédate en México (formalmente, los Protocolos de Protección al Migrante, o MPP). En Estados Unidos, como en otros lugares, los ciclos electorales suelen ir acompañados de grandes promesas de reforma del sistema de asilo, o de recuperación del control de las fronteras. Pero más allá de la retórica, tanto los sistemas MPP como CBP One, junto con la oleada actual de órdenes ejecutivas, no hacen más que consolidar el statu quo: someten a personas racializadas que huyen de la violencia y la persecución a nuevas formas de sufrimiento y reclusión, incumpliendo las normas del derecho internacional y sin ofrecer vías de asilo realmente accesibles, seguras y legales.
A pesar de su reciente cierre como herramienta de restricción de solicitudes de asilo, su análisis sigue siendo relevante, ya que estudia patrones más amplios de digitalización de procesos fronterizos que extienden el alcance del Estado más allá de sus límites democráticos y jurídicos. De hecho, la aplicación CBP One se empezó a utilizar para gestionar solicitudes de asilo durante la pandemia del COVID, sin apenas debate público. En ese momento, los trabajadores de albergues humanitarios en México se encargaban de introducir los datos en la aplicación en nombre de las personas solicitantes, bajo la falsa promesa del Gobierno estadounidense de que sus casos serían tramitados con mayor rapidez. En la práctica, esta aplicación se añadió a otras políticas migratorias restrictivas que en realidad sólo ‘buscaban aumentar las sanciones por el cruce irregular de la frontera, incluso a solicitantes de asilo, así como reducir drásticamente el número de personas aptas para el mismo’ (Kocher, 2023: 6).
Antes del uso de la aplicación CBP One, por razones tanto legales como logísticas, las fronteras físicas de EE. UU. eran el principal punto de recopilación de datos personales
En realidad, la aplicación CBP One nunca fue únicamente el ‘sistema de programación de citas’ que describía el Departamento de Seguridad Interior (DHS). Era ante todo un experimento de extracción masiva de datos que utilizaba a personas migrantes indocumentadas para construir un conjunto de datos a gran escala, y sin consentimiento informado, que incluía información biográfica, biométrica y de geolocalización en tiempo real. Estos datos se compartieron con una amplia ‘comunidad de fuerzas de seguridad del Estado’, probablemente con el objetivo de entrenar algoritmos de predicción de riesgo en contextos policiales (A IC, 2025: 6; Longo, 2017: 150-153).
Como explica Matthew Longo en The Politics of Borders, las actuales fronteras ‘inteligentes’ dependen cada vez más de algoritmos de predicción de riesgo para garantizar que ‘las personas buenas’ atraviesen rápido y sólo las ‘de riesgo’ sean detenidas, un proceso profundamente dependiente de los datos’ (Longo, 2017: 141; véase también Van Isacker, 2025). Estos algoritmos, conocidos como ‘redes neuronales convolucionales’, combinan datos biométricos (reconocimiento facial, escaneo de iris, verificación de presencia) y datos biográficos (historial de viajes, género, edad, contactos recientes) para generar perfiles de riesgo. Cuantos más datos reciben estos algoritmos, mejor —en teoría— identifican posibles ‘criminales’, ‘terroristas’ o ‘impostores’, incluso antes de que se haya producido delito, ataque o amenaza alguna.
Antes del uso de la aplicación CBP One, por razones tanto legales como logísticas, las fronteras físicas de EE. UU. eran el principal punto de recopilación de datos personales. Existen restricciones jurídicas sobre qué tipo de información privada pueden recopilar los estados fuera de su jurisdicción. Al exigir que las personas solicitantes de asilo pidieran cita mediante sus ‘smartphones’ estando físicamente en México, EE. UU. consiguió descentralizar y ampliar su capacidad de vigilancia más allá de sus límites territoriales anteriores. Además, como la app requería ubicación en tiempo real y bloqueaba el uso de VPN, forzaba a sus usuarios a quedarse en México, fuera del alcance jurídico estadounidense. De esta manera, Estados Unidos evitaba asumir responsabilidades sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufrían las personas al otro lado de la frontera.
El número limitado de citas disponibles sometido a una lotería diaria se presentaba como una cuestión de ‘capacidad’. Sin embargo, esta supuesta limitación reflejaba en realidad una clara elección política: priorizar los procedimientos de expulsión y de control fronterizo sobre la protección humanitaria
La aplicación exigía teléfonos de última generación, software actualizado y conexión estable a internet, lo que excluía a quienes no podían permitirse estos dispositivos o contratos de datos. Su limitación a cuatro idiomas (inglés, español, francés y criollo haitiano) dejaba fuera a quienes no dominaban esas lenguas o tenían bajos niveles de alfabetización. Los constantes fallos técnicos, así como su propio diseño, impedían corregir errores, contactar con una asistencia técnica o hablar con una persona. El algoritmo eliminaba automáticamente perfiles marcados como sospechosos, afectando desproporcionadamente a familias y personas con nombres o rasgos similares, y de piel más oscura (véase Kocher, 2023: 7-8).
Aunque este sistema de asilo digitalizado prometía rapidez y mayor eficiencia, su diseño opaco impedía la rendición de cuentas por los perjuicios ocasionados. Como apunta Human Rights Watch (2024: 26), el número limitado de citas disponibles sometido a una lotería diaria se presentaba como una cuestión de ‘capacidad’. Sin embargo, esta supuesta limitación reflejaba en realidad una clara elección política: priorizar los procedimientos de expulsión y de control fronterizo sobre la protección humanitaria.
Al acumular grandes bases de datos personales de ciudadanos extranjeros y compartirlas sin su consentimiento informado a nivel nacional e internacional, CBP One contribuyó a reforzar nuevas formas de control migratorio discriminatorio y abusivo. Presentada como una ‘solución tecnológica’, esta digitalización no hizo más que extender ciclos de violencia y abuso, ampliando el alcance imperial estadounidense más allá de sus límites físicos, democráticos y jurídicos.
Martin Rogard Vicente es doctorando en teoría política en la Universidad de Bristol. Su investigación analiza cómo las prácticas de memoria y olvido, constituyen y desestabilizan los procesos de fronterización en América del Norte. Este artículo se basa en el publicado originalmente por Migrations Mobilities Bristol en Inglés el 7 de Enero 2025.
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