Exempleados de UGT niegan haber hecho los trabajos con los que el sindicato justificó gastos de cursos de Fundescan

Hasta seis exempleados de la Unión General de Trabajadores (UGT) han negado este miércoles, durante la segunda sesión del juicio por el caso Fundescan, haber realizado trabajos vinculados con los cursos formativos impartidos a través de la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias entre 2006 y 2010. Estos trabajadores, que han declarado como testigos y por videoconferencia, han desmentido por tanto al sindicato, que incluyó parte de sus salarios entre los gastos aportados para justificar las subvenciones recibidas del Servicio Canario de Empleo (SCE).

La causa investiga una presunta estafa y delitos de fraude de subvenciones públicas. Tras la absolución, en la sesión inicial, de una de las procesadas, ahora son trece las personas acusadas. Se enfrentan a penas de hasta 16 años de cárcel. Todas las acusaciones (ejercidas por el Ministerio Público, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y la particular que representa a profesores y extrabajadores de Fundescan) rebajaron al principio de la vista su solicitud de penas, al adherirse al escrito formulado por el representante del Ejecutivo regional.

En la sesión de este miércoles, una de las testigos, M.A.S., no sólo ha negado haber dedicado 1.617 horas en 2008 o 704 el año siguiente para realizar actividades de apoyo a los cursos de formación de Fundescan (fundación ligada a UGT), como computó el sindicato. Esta trabajadora, que ejerció en la secretaría de Comunicación de la Ejecutiva Regional, relató que había recibido presiones de miembros de la organización para firmar un documento que sostenía que había ejercido tareas relacionadas con esos cursos. En concreto, le habrían dicho que se atuviera a las consecuencias si no lo hacía. La testigo contó que se negó a firmar y que, por ello, tiempo después fue despedida.

Esta exempleada explicó que entre marzo de 2008 y octubre de 2009 estuvo de baja médica, por lo que no entendía cómo el sindicato le había podido imputar esas horas para tratar de justificar las subvenciones públicas recibidas.

S.P.F. declaró que entre 2008 y 2009 trabajó como abogado para el sindicato en su sede de Fuerteventura y que su función se limitaba al asesoramiento de los afiliados en materia laboral y la asistencia a juicios. A pesar de ello, el sindicato también le imputó 637 horas en tareas de “apoyo” de los cursos de formación subvencionados en 2008 (y ejecutados en 2009). “No tenía ni idea y me parece fatal. Es la primera noticia que tengo. Yo no he hecho nada más de mi labor como abogado”, ha señalado este testigo, que también ha negado que buscara alumnos o aulas para esas formaciones o que hubiera contribuido a publicitar los cursos más que enunciar alguna referencia genérica a los delegados sindicales sobre su existencia.

Según dijo ante la Sala presidida por el magistrado Emilio Moya, este trabajador también acabaría siendo despedido por el sindicato de forma improcedente, tal y como se resolvió en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac).

Otro testigo, L.A.C., limitó su relación con Fundescan a la elaboración de un pequeño cartel para publicitar uno de sus cursos en el tablón de anuncios del sindicato. “Mi trabajo, en un 90%, eran las afiliaciones del sindicato. El resto, tareas administrativas” que no estaban vinculadas con la formación, dijo. En su caso, UGT le computó 1.470 horas en 2007 y 1.309 horas en 2008.

También testificaron otras tres extrabajadoras, una que ejerció en la sede de UGT en Las Palmas de Gran Canaria, otra en Santa Cruz de La Palma y una tercera en San Sebastián de La Gomera. Todas ellas negaron también que ejercieran actividades relacionadas con cursos de formación salvo cuestiones puntuales como colgar algún cartel en el tablón de anuncios del sindicato o apuntar nombres de posibles interesados en realizarlos.

Exdirectora del Servicio Canario de Empleo

Antes del carrusel de extrabajadores de UGT prestó declaración ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Dunia Rodríguez Viera, ex directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), en calidad de testigo-perito.

Rodríguez Viera firmó en 2019 un informe en el que especificaba los importes concedidos a UGT para cursos de formación entre 2006 y 2010, así como los expedientes de reintegro que el organismo público abrió al sindicato para la devolución de las cantidades que no habían sido debidamente justificadas.

La exdirectora del SCE explicó que en 2006 UGT recibió 2,37 milllones de euros para cursos de formación y subcontrató el 93% con Fundescan. El sindicato se quedó con unos 135.000 euros que destinó a gastos de apoyo de personal y el organismo público ordenó el reintegro de unos 165.000 euros durante ese ejercicio.

En 2007 percibió 2,56 millones y subcontrató el 88% con Fundescan. Del dinero que se quedó UGT se justificaron 72.826 euros y fueron rechazados 69.267 porque “no se aportó documentación”, según dijo.

En 2008 la normativa cambió Con anterioridad, los fondos para formación sólo se podían destinar a trabajadores ocupados y se formalizaban a través de un contrato-programa. A partir de esa fecha, podían acceder a los cursos personas desempleadas y se firmaban a través de convenios. Ese año UGT recibió 2.9 millones y subcontrató la actividad formativa al 100% con Fundescan. A pesar de ello, imputó más de 424.000 euros a gastos de personal de apoyo de UGT.

Rodríguez Viera explicó que cuando estaba redactando el informe, en 2019, se dio cuenta de que, al haber subcontratado el 100% del programa formativo con Fundescan, no debería haberse admitido la imputación de los gastos de personal de UGT y que, por lo tanto, procedía el reintegro de esas cantidades al no quedar debidamente justificadas.

En 2009 ya no hubo subcontratación. UGT asumió directamente la ejecución de las acciones en su totalidad. La subvención ascendió a 2,57 millones y el sindicato tuvo que devolver 218.000 euros.

La exdirectora del SCE ha insistido a lo largo de su declaración que la entidad beneficiaria de las subvenciones era UGT, por más que subcontratara los cursos con Fundescan, y que, por tanto, era el sindicato quien debía responder ante la administración y justificar los gastos.

Este jueves continúa el juicio con la declaración de otros ocho testigos.