La Junta de Extremadura encarece casi un 6% el precio de las VPO en dos años

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, ha considerado que la subida de los precios máximos de las viviendas de protección oficial (VPO), un 5,9% en la suma de los años 2024 y 2025, es una medida responsable para garantizar su viabilidad, ya que en los últimos años los costes en la construcción han crecido un 40%.

López Paniagua ha comparecido este lunes en una comisión parlamentaria para responder a una pregunta del diputado socialista Fernando Rodríguez sobre el incremento de las VPO desde el inicio de la legislatura. La directora general, que ha dicho que la subida será de 6.400 euros en una VPO de régimen especial de 80 metros cuadrados, ha afirmado que el incremento es necesario y responsable, ya que un módulo más bajo no garantiza un precio más bajo, sino que no se hagan, como ha ocurrido en Extremadura durante años.

En este sentido, ha expuesto que el módulo no se subió entre el 2013 y el 2022, cuando aumentó de golpe un 27% en régimen especial, casi 30.000 euros. Ha explicado que la política de la Junta con estas viviendas es que las empresas tengan cubierto el coste y, allí donde no llegue la iniciativa privada porque no le interese, fundamentalmente en las zonas rurales, serán promovidas por la sociedad pública Urvipexsa.

Según López Paniagua, el Gobierno de María Guardiola está revitalizando el mercado de la construcción de viviendas y, de forma paralela, pretende hacer accesible el acceso a ellas con ayudas a la entrada de hasta 10.000 euros, por ejemplo.

El diputado socialista ha criticado los precios y la “pasividad” de la Junta ante el problema de acceso a la vivienda, y ha pronosticado que con tanta gente “desesperada” podría surgir un movimiento “superior al del 15M”.y

Zonas tensionadas

En contestación a otra pregunta del diputado de Unidas por Extremadura, Francisco Macías, la directora general ha rechazado una vez más la declaración de zonas tensionadas en Extremadrua, ya que no creen que sea una medida eficaz para reducir el precio de los alquileres y para aumentar la oferta, como se ha demostrado en Barcelona, después de un año de funcionamiento, o en Berlín.

López Paniagua ha destacado que están afrontando el problema por todos los flancos y con muchas medidas y muy variadas, y ha dicho que este asunto sólo es un intento de “distinción ideológica” por parte de Unidas.

Macías ha achacado a los populares que vivan en una “burbuja” fuera de la realidad -ha recordado las movilizaciones de este fin se semana por toda España- y ha señalado que no actúan por una cuestión de “fanatismo ideológico”.

Eliminar limitaciones y prohibiciones

Por otro lado, el director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero, ha informado de que están preparando una reforma en “profundidad” de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), en favor de la agilización y la simplificación administrativa. Pero antes de ello acometerán de manera “urgente” otras medidas, por medio de la futura ley de cohesión e igualdad territorial, para eliminar las prohibiciones en materia de planificación o limitación del suelo urbano que hay en 270 municipios.

En el anteproyecto de ley también plantean la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable y la implantación de entidades de certificación urbanística privadas para agilizar proyectos atascados en los ayuntamientos, cuya adhesión será “voluntaria” para las entidades locales, ha aclarado.

El diputado socialista Antonio Garrote ha criticado que con estas entidades certificadoras se copie a Andalucía y a Madrid y que el PP opte por un modelo basado en la “especulación”.