El Ayuntamiento de Vigo investiga si la Policía Local colaboró con Desokupa en una intervención en un piso de la ciudad

El Ayuntamiento de Vigo va a investigar la participación de la Policía Local de la ciudad en un operativo en un piso en el que supuestamente se vendían drogas y en el que estaba presente la empresa ultra Desokupa. El Gobierno municipal asegura que “abrirá diligencias previas internamente para esclarecer lo sucedido”. Agrega que los agentes acudieron al lugar, en la calle Sagunto, porque se reclamó su presencia para “cooperar en la regulación del tráfico o eventuales situaciones de ámbito social que pudiesen surgir durante la intervención en el desalojo”.

El propio Daniel Esteve publicó en sus redes sociales un vídeo en el que asegura que están interviniendo con el grupo operativo de apoyo (GOA) de la Policía Local de Vigo y en el que se ve a varios agentes con el uniforme. El BNG ha denunciado lo ocurrido, que califica como “hecho gravísimo” y ha pedido explicaciones al Gobierno local. El portavoz municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, pide la comparecencia inmediata de la concejala de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño.

Además, el BNG reclama al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que aclare si estaba al tanto de que la empresa iba a estar presente en la intervención, dado que la participación del GOA en el operativo tendría que haber sido requerida por el Cuerpo Nacional de Policía, Según Igrexas.

Los hechos ocurrieron el martes. En el operativo fue detenida una persona supuestamente por su relación con el tráfico de drogas. El BNG añade que en las imágenes publicadas por Daniel Esteve se muestra el piso y se ve a varios miembros de Desokupa que tocan elementos objeto de la investigación mientras los agentes están actuando. “Estamos ante hechos gravísimos, sin precedentes conocidos hasta el momento, como es la participación de un grupo ultra, conocido por sus intervenciones violentas y comportamientos de tipo mafioso, colaborando en una actuación policial”, critica Igrexas, que considera que, además, se puede ver comprometida la validez jurídica de la intervención.