El Gobierno de Azcón planta al Ministerio de Justicia en una reunión sobre una ley que ahorrará a Aragón 10 millones

El Gobierno de Aragón ha abandonado la conferencia sectorial donde se abordaba la gestión de la recién aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá un ahorro de 10 millones de euros para Aragón en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia. Su implantación requerirá en este momento una inversión de 490.000 euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de “gamberrismo institucional” la decisión de las siete comunidades autónomas que han abandonado la reunión. En una atención a los medios tras el abandono de los consejeros de Justicia de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunitat Valenciana, La Rioja y Cantabria, el ministro ha lamentado la “descortesía y gamberrismo político” del PP. “Es obvio que cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional”, ha dicho sobre el Partido Popular, del que ha añadido que prefiere el enfrentamiento y el boicot de instituciones como es la Conferencia Sectorial a trabajar por la Justicia.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado un análisis para presentar hoy en la conferencia sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia. Finalmente, el pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Aragón, que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas. No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos.

Según el estudio realizado por el ministerio, en Aragón el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 10 millones de euros en 10 años. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000€. Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 €, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado. Hasta este momento, el ministerio ha invertido en Aragón 14 millones, procedentes en su mayoría de fondos europeos.

Reclaman también un “esfuerzo” por parte de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de Aragón, es del 0%.

Los avances realizados en las nueve líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se aprobó el pasado mes de enero y consiste en una reforma profunda de la organización judicial. La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones. La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.

Aragón acusa a Bolaños de “deslealtad”

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha acusado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, de “cobardía política” y “deslealtad institucional” con la justicia. Vaquero ha calificado de “tensa” la situación que se ha producido en Barcelona, donde se celebraba la Comisión Sectorial de Justicia de la que se han marchado, además de la aragonesa, los consejeros del ramo de Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana, La Rioja y Cantabria.

“No esperábamos esto”, ha lamentado Mar Vaquero, argumentando que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intentado “desde hace días, en tiempo y forma”, celebrar una sectorial “llena de contenido y fuese útil para llevar a cabo la administración de la justicia”. La consejera de Justicia de Aragón ha reiterado el “claro compromiso” de las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' con el Poder Judicial y la Administración de Justicia, algo que “vemos que no ocurre” con el Gobierno de España, al que ha reprochado su “deslealtad institucional”.

Ha contado que Bolaños ha trasladado datos sobre la supuesta financiación y ahorro que puede suponer el nuevo modelo de organización judicial, al hilo de la entrada en vigor este jueves de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. En este sentido, ha criticado que los consejeros autonómicos han llegado al encuentro sectorial sin información sobre estas cuestiones. “Hoy hubiera pretendido --el ministro Bolaños-- que nos hubiéramos sentado en esa mesa, las hubiéramos dado por buenas y, sin ningún tipo de información, no hubiéramos podido plantear nada”, ha explicado Vaquero.

“Desde las comunidades autónomas del Partido Popular, con nuestro compromiso con la Administración de Justicia, tenemos claro que no vamos a someternos a un trágala, que es lo que se pretendía, una foto, celebrar el ministro unilateralmente la entrada en vigor de la ley, pero nada más que sirviera para avanzar en esa administración de justicia, en esa lealtad y colaboración institucional”. Por ello, ha opinado que estos hechos demuestran “cobardía política”, porque “aquellos acuerdos en los que sabe que va a encontrar con una oposición y un debate por parte de las comunidades autónomas, el ministro no está dispuesto a que sean decisorios”.

“Es una patada al tablero y a la toma de decisiones de forma democrática y de forma mayoritaria”, ha afirmado Vaquero, quien ha aseverado que las comunidades autónomas del PP tendrán “razones suficientes” para explicar lo ocurrido en sus territorios, aunque Bolaños “nos ha hecho perder una oportunidad magnífica de llegar a acuerdos, de incorporar decisiones que pudieran ser útiles”.

La también vicepresidenta de Aragón ha aludido al carácter de “colaboración y lealtad” de las comunidades del PP para anunciar que han “invitado” al ministro a que convoque una nueva Comisión Sectorial de Justicia dando traslado, previamente, de toda la documentación necesaria, con el fin de llegar a acuerdos que puedan ser beneficiosos para avanzar en lograr una Administración de Justicia “eficaz, útil y cercana a los ciudadanos”.

La financiación

Sobre los motivos que han aducido los consejeros del PP para irse, como no estar de acuerdo con la financiación de la Ley de Eficiencia Judicial, el ministro ha subrayado que se han transferido 325 millones de euros a las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida, y que algunas de las gobernadas por el PP “que se han quejado amargamente” han recibido en torno a 50 millones de euros.

Ha recordado que la Conferencia Sectorial de Justicia no es el órgano competente para hablar de financiación, sino que este tema corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera del que “también se levantaron”.

Por todo ello, Bolaños considera que el PP ha abandonado la política institucional y que se parece a Vox “como dos gotas de agua”, y que retirándose de la Conferencia Sectorial --en la que permanecen 5 comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia-- abandonan a los ciudadanos. “Catalunya vuelve y el Partido Popular se va y boicotea la institucionalidad”, ha concluido el ministro, que ha rematado diciendo que el PP no es responsable ni allá donde gobierna, en sus palabras textuales.

Aun así, ha dicho que desde el Ministerio, de nuevo, tienden la mano “a todas las comunidades autónomas” para seguir trabajando por una ley esencial como es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.