La Asociación Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde lleva este martes su protesta al Congreso

La Asociación Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde traslada este miércoles 5 de marzo a las mismas puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, su protesta contra la polémica inmatriculación en favor del consistorio de más de 250 propiedades llevada a cabo por el regidor de la localidad zaragozana.

Para ello, ha fletado dos autobuses que saldrán de Zaragoza y Calatayud a las 07:00 y 08:00, respectivamente. Una vez en Madrid, a la expedición se unirán vecinos del pueblo y del resto de la comarca que viven allí.

El colectivo vecinal espera ser recibido en la capital de España por el diputado socialista por Zaragoza Víctor Ruiz de Diego, quien se ha interesado por su problema desde el principio. Después la expedición visitará el interior del Congreso hasta la hora prevista para la concentración que se desarrollará de las 14:00 a las 16:00.

Se trata de la novena manifestación convocada por la asociación y la primera que se desarrolla fuera de la Comunidad autónoma de Aragón.

La asociación sigue poniendo en cuestión la maniobra del alcalde del Ayuntamiento de Monterde al inmatricular en el Registro de la Propiedad más de 250 propiedades privadas “sin cumplir con los requisitos que exige la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas y más concretamente el artículo 47 de la Ley 33/2003 del 3 de noviembre que regula el procedimiento de investigación y que requiere de una serie de pasos previos entre los que se encuentran la redacción de un estudio previo y un informe del secretario, la preaprobación por el Pleno y su traslado al Gobierno de Aragón, la publicación e información pública, la apertura de un plazo de alegaciones, un nuevo informe y la aprobación final en el Pleno.

Trámites que, según advierte la Asociación de vecinos, no consta en ninguna parte que el Ayuntamiento haya cumplido, “sino que únicamente posee un certificado emitido por la secretaria, con la que defiende haber inmatriculado esas propiedades privadas a nombre del Ayuntamiento”.

“Hemos llegado hasta Madrid porque creemos que se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada, utilizando malintencionadamente las leyes que están destinadas a garantizar precisamente ese derecho. El hecho de que esta actuación se haya producido en un pueblo pequeño no quita gravedad a la misma y lleva implícito el peligro de que pueda volver a repetirse en otro municipio”, exponen los vecinos.

“Desde el principio nuestra asociación lleva pidiendo a los políticos y más en concreto al Gobierno de Aragón, que actúen para evitar el sufrimiento de los afectados, especialmente aquellos desposeídos de sus casas habituales, la sangría económica que les va a suponer llevar el caso a los juzgados y la posible ruina del ayuntamiento que tendrá que defender decenas de casos con el coste que eso supone”, han concluido.