El despido de un profesor sordo en Canarias recuerda la histórica falta de intérpretes en la escuela pública

Miguel Ángel Sampedro es un profesor de Lengua Castellana y Literatura que lleva trabajando como interino en Canarias desde el año 2020. Desde su nacimiento convive con una sordera que afirma que no ha sido impedimento para que pueda dar clases. Sin embargo, su sorpresa llegó a finales de enero cuando recibió una notificación en la que se le declaraba “no apto” para continuar con su puesto. En la resolución de la Dirección General de Personal se alega entre otras cosas que ha estado por períodos prolongados de baja laboral, pero el profesor insiste en que esas bajas eran ocasionadas porque no disponía de intérprete de lenguas de signos para impartir sus clases, un apoyo que el docente asegura que es “fundamental como puente de comunicación para poder interacturar con el alumnado y sus compañeros y, por supuesto desarrollar de forma adecuada la enseñanza”.

“Nunca mi primer día de trabajo ha sido con intérprete de lengua de signos”, afirma Miguel Ángel a esta redacción. “En este curso académico, la Consejería inició la contratación de los intérpretes a finales de noviembre. Por ello, me dieron la baja tras una semana sin adaptación debido a la ansiedad laboral provocada por la falta de ajustes razonables, y encima me han informado de que no estoy capacitado para dar clases, lo cual no tiene coherencia por su parte”, apunta el docente. Señala que a la falta de intérpretes se ha enfrentado desde hace cinco años, pero que la contratación este último curso ha estado marcada por “retrasos inaceptables”. 

Por ello insiste en que ha sido esa “ausencia de adaptación” a su puesto de trabajo lo que le imposibilita desempeñar sus funciones adecuadamente y lo que le ha generado esos altos niveles de ansiedad. Defiende que “la revocación” de su puesto “se ha fundamentado en una condición crónica preexistente cuando en realidad el factor determinante de mi cese ha sido mi discapacidad auditiva y la falta de adaptaciones”. 

Por ello insiste en que ha sido esa “ausencia de adaptación” a su puesto de trabajo lo que le imposibilita desempeñar sus funciones adecuadamente y lo que le ha generado esos altos niveles de ansiedad. Defiende que “la revocación” de su puesto “se ha fundamentado en una condición crónica preexistente cuando en realidad el factor determinante de mi cese ha sido mi discapacidad auditiva y la falta de adaptaciones”. 

En concreto, la resolución de la Dirección General de Personal, que se basa en un informe de Inspección Médica, destaca que “ha causado bajas laborales por descompensación de enfermedades que se han traducido en largos periodos de absentismo laboral, además de enfermedades agudas intercurrentes” y añade que “las tres últimas situaciones de incapacidad temporal causadas en el anterior y en este curso escolar, se puede considerar como la misma patología y considerarlas recaídas, aunque no fue reconocida como tal por su médico de Atención Primaria, todas ellas relacionadas con sintomatología asociada con su discapacidad y el entorno laboral”.

Miguel Ángel Sampedro presentó alegaciones, como su certificado de discapacidad donde se reconoce también que “tiene capacidad funcional para el ejercicio de la docencia, que precisa de 30 minutos más de tiempo en hora o fracción de prueba oral, y que precisa eliminación de barreras arquitectónicas de la comunicación”. También incorporó “un informe de su médico de Atención primaria que justifica la situación de incapacidad temporal” causada en septiembre de 2024 y la patología aguda que, de manera intercurrente, propició la prolongación de esa baja laboral, con alta médica emitida en diciembre de ese año. 

La Comisión de Evaluación Médica ratificó, sin embargo, que la patología que causó sus bajas laborales “preexistían al momento de la toma de posesión”. En este sentido, incide en que el profesor es “no apto” para el desempeño de las funciones como docente y alude a la “carga mental”, a su “dependencia” y la patología por la audición. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias remarca a esta redacción que el profesor “tiene un informe no apto de inspección médica por motivo diferente a su discapacidad auditiva” e insiste en que “se le ha puesto varias veces auxiliar, pero no se ha incorporado a su puesto”. De este docente, insiste en que se está esperando el informe de la inspección médica que se le ha pedido para que valore las alegaciones que él ha interpuesto en el recurso de reposición. 

Sobre este punto, Sampedro remarca que le avisaron “a través del correo electrónico laboral”. Y añade que desconocía que se podía acceder a este correo desde cualquier dispositivo, “tengo entendido que, legalmente, estando de baja no se permite acceder fuera de la jornada laboral. Por lo tanto, deberían haberme informado a través de mi correo personal u otro medio adecuado”, añade.

Miguel Ángel Sampedro está pendiente de ese recurso de reposición, ya que hay de plazo hasta el 1 de abril para que se le conteste. Si esto no da resultado explica que su opción sería la vía judicial, algo que asume que llevará un tiempo. “Alegan a mi incapacidad como docente, pero no es una falta de habilidades o capacidades personales, sino la consecuencia de la falta de la adaptación obligatoria”. Además, la intérprete no es para mí solo sino para el resto de personas con las que trabajo y que no saben lengua de signos. No me puedo comunicar ni se pueden comunicar conmigo si no está la intérprete“, remarca. Asimismo, añade que ”esto es la inclusión, la riqueza y la variedad humana“. 

Retrasos con los intérpretes

El docente agrega que desde el año 2020 ha estado en diversos institutos. En el primer año, recuerda que estuvo dos meses y medio sin intérprete en plena pandemia, un momento en el que el uso de la mascarilla era obligatorio. “La comunicación fue prácticamente imposible”. En noviembre de ese año afirma que le asignaron una intérprete pero por muy pocas horas. En 2021, apunta que fue destinada a Fuerteventura donde asegura que acudió hasta dos meses a clase sin intérprete y que la Consejería le pidió su certificado de discapacidad. Esa falta de adaptación al trabajo agravó su salud mental y le provocó gran ansiedad, por lo que estuvo ocho meses de baja. 

En el curso 2022/23 asegura que fue destinado a Tenerife a mediados de octubre y que la contratación de intérprete se retrasó hasta mediados de noviembre. “Como resultado, perdí una plaza vacante. Además, la Inspección Médica cometió una negligencia administrativa al gestionar mi reincorporación tras mi baja prolongada, lo que demoró aún más mi regreso”, afirma. 

En 2023 afirma que fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y la intérprete le llegó con casi un mes de retraso y que en el último curso 2024/2025 no fue hasta final de noviembre cuando se le asignó una intérprete, “lo que me obligó a trabajar una semana sin adaptación desde el inicio de curso. Esto afectó gravemente a mi salud mental tras años de barreras comunicativas en el trabajo”, apunta. “Es importante señalar que en este último curso mi baja laboral comenzó una semana después de tomar posesión del puesto, debido a la ausencia de las adaptaciones legalmente requeridas”, agrega. 

“En el momento del nombramiento firmé mi incorporación sin presentar ansiedad, como suele ocurrirme cuando cuento con la presencia de una intérprete. Sin embargo, ante la falta de este ajuste esencial, me vi obligado a solicitar una baja el 9 de septiembre, afectado por la ansiedad acumulada tras años de barreras comunicativas en el trabajo”, remarca. 

El docente afirma que al enterarse de que la Consejería había comenzado a contratar intérpretes a finales de noviembre, acudió al médico para solicitar el alta. No obstante, en la consulta se detectó un posible virus en su pie, lo que prolongó su baja hasta mediados de diciembre. Antes de Navidad, afirma que pudo retomar su labor docente con normalidad y con la presencia de una intérprete, “lo que no solo mejoró mi bienestar, sino también la experiencia educativa de mi alumnado y el trabajo en equipo con mis compañeros”. 

Sin embargo, fue tras las vacaciones de Navidad, cuando se encontró con que la intérprete había sido reasignada a otro centro “sin previo aviso ni justificación, dejándome nuevamente sin la adaptación necesaria. Durante una semana y media, volví a enfrentar serios problemas de comunicación que afectaron mi desempeño y mi salud mental. Finalmente, el 17 de enero se incorporó una nueva intérprete, lo que me permitió volver a trabajar con normalidad hasta la fecha de mi cese definitivo”, resume.

Otra cuestión de la que se queja el profesor es de la falta de calidad de los intérpretes, pues se subcontratan muchas veces en condiciones precarias. “La selección de intérpretes debe ser rigurosa y profesional. En mi caso, imparto la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que requiere un alto nivel de precisión lingüística y didáctica. Por ello, es fundamental contar con un intérprete cualificado”, destaca. 

Otros casos en Canarias

Hace unos meses, otra docente que aprobó las oposiciones denunció en los medios haber sido cesada para su puesto de trabajo en Canarias. La Consejería de Educación señala que en ese caso la inspección médica hizo un informe negativo y se le hizo un cese por no tener capacidad para la docencia, pero luego ella presentó recurso de alzada y se pidió informe a calidad educativa, a dirección del centro y decía que ella había cumplido perfectamente con sus funciones. Finalmente, se le hizo adaptación al puesto de trabajo ya que la inspección médica lo condicionada que tenga esos recursos a través del servicio de prevención de riesgos laborales. El cese se le suspende provisionalmente por el daño que se le podría causar si finalmente se le consideraba apta para la docencia. 

El apoyo de los sindicatos

Desde el sindicato STEC- IC apuntan que sus servicios jurídicos han estado trabajando para que la Consejería readmita a estas personas, que “no son nuevas en el sistema educativo canario, sino que ya tienen experiencia y en un momento determinado han sido apartados de sus funciones porque no le han puesto un intérprete, pero no porque no tengan ni las capacidades ni los requisitos”. “La escuela no puede segregar porque haya una discapacidad porque, entre otras cosas, en las oposiciones siempre hay un cupo de discapacidad”, indica Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato. 

Explica que afortunadamente en el caso de la docente que visibilizó su caso hace meses ya ha vuelto a su puesto, y espera que con el recurso de Miguel Ángel Sampedro pueda también estimarse y volver a la docencia. Recuerda que en su caso ha sido el no contar con intérprete lo que le ha generado ansiedad. Rodríguez incide en que la incorporación de profesores con discapacidad a las aulas no es nueva y que es un derecho. 

Por su parte, el sindicato ANPE señala que “la inclusión no es un objetivo que deba perseguirse solo para el alumnado, debe extrapolarse al conjunto de la comunidad educativa. No podemos permitir que se pierdan vocaciones docentes, especialmente cuando se trata, como en este caso, de profesionales que han demostrado su capacidad para ejercer la profesión”. Destaca que este profesor tiene derecho a que “se realicen las adaptaciones al puesto de trabajo que sean pertinentes para que pueda desarrollar con normalidad su labor. En este caso, al tratarse de una persona con sordera, debe disponer en todo momento de un intérprete de lengua de signos en sus clases”.

“Según la información que ha trascendido, su cese se debe a que ha sido declarado no apto por la Inspección médica a causa de la ansiedad que ha sufrido a lo largo de los últimos años precisamente por carecer de un intérprete desde el principio del curso. De ser así, es una situación absurda y fácilmente solucionable: si se cumple su derecho a disponer de un intérprete, podrá ejercer con normalidad su trabajo”, añaden desde ANPE.

El sindicato también alude a que hay otro problema derivado de los informes de Inspección médica, y es que estos, en muchos casos, “no se justifican adecuadamente. Esto provoca que el personal docente afectado no sepa exactamente y con precisión las razones por las que es declarado no apto, lo que lo deja en una clara situación de indefensión. Es imprescindible que los informes de la Inspección médica estén bien justificados para que el profesorado pueda defender sus derechos con las máximas garantías”.