El Gobierno canario pagó la mitad del dinero de los conciertos sanitarios al margen de la normativa de contratos

La mitad del dinero destinado en 2023 a los conciertos con la sanidad privada en Canarias se gastó al margen de la normativa de contratación. De los 224,7 millones de euros que el Servicio Canario de Salud (SCS) derivó para la asistencia sanitaria con medios ajenos, 112,1 millones se tramitaron a través de los denominados procedimientos de nulidad, un mecanismo excepcional que se utiliza para poder seguir prestando los servicios cuando no hay contratos en vigor ni, por tanto, cobertura legal.

En su último informe de fiscalización, la Audiencia de Cuentas de Canarias llama la atención sobre un dato que revela “una falta de sometimiento a la normativa contractual de los conciertos traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el extinto Insalud (Instituto Nacional de Salud)”. Estas competencias se transfirieron en 1994.

El órgano fiscalizador advierte del incremento de los gastos en nulidad de conciertos sanitarios y reprocha a la administración canaria que, a pesar de haber formulado una propuesta para reforzar los medios en los servicios de contratación, durante ese año no se produjo la incorporación de personal a la unidad funcional de gestión de conciertos, según pone de manifiesto otro informe de control de la intervención general.

De entre esos expedientes de nulidad destacan los vinculados con los contratos que la Consejería de Sanidad adjudicó a finales de 2018 a las clínicas privadas para los servicios de hospitalización de media y larga estancia y que preveían una duración máxima de cuatro años, por lo que se encuentran vencidos desde finales de 2022. Ese concurso había puesto fin a los conciertos que la sanidad canaria arrastraba desde el franquismo al margen de la ley.

El Servicio Canario de Salud (SCS) no ha publicado aún los pliegos del nuevo concurso, de manera que las empresas adjudicatarias de 2018 siguen prestando esos servicios con los contratos vencidos y facturando a través de esos procedimientos de nulidad. Lo que sí ha hecho la administración autonómica es aprobar, el pasado verano, un nuevo sistema de tarifación que incrementa las prestaciones y los precios de los conciertos sanitarios.

Al margen de los conciertos sanitarios de hospitalización, el Servicio Canario de Salud (SCS) deriva a empresas privadas otros servicios como hemodiálisis y diálisis (36 millones de euros), oxigenoterapia a domicilio (11 millones), rehabilitación (10 millones), pruebas de resonancia magnética (7 millones) o logopedia (700.000 euros).

También está externalizado el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, que sigue en manos del mayor grupo sanitario de la isla, Clínicas San Roque, pese a que el contrato está vencido desde hace casi una década y de que un informe fechado en diciembre de 2019 estimó que la gestión con medios propios del SCS ahorraría más de un millón de euros anuales a las arcas públicas. En 2023, la empresa privada facturó 4,2 millones de euros por este servicio, que presta dentro de las instalaciones del hospital público.

El informe de la Audiencia de Cuentas revela que el 80% de los expedientes de nulidad de los conciertos con la sanidad privada se concentran en las direcciones de área de Gran Canaria y Tenerife.

Más de 100.000 expedientes y 500 millones

En el conjunto del SCS, incluyendo por tanto la asistencia pública y la concertada, se tramitaron en 2023 más de 110.000 expedientes de nulidad por un importe total de 547 millones de euros. Es decir, por “no seguir el procedimiento de contratación”. La Audiencia de Cuentas insiste en su último informe de fiscalización en la necesidad de adoptar medidas para “evitar la tramitación recurrente” de gastos mediante un procedimiento que “debe tener un carácter excepcional”.

El año anterior, la sanidad canaria tramitó a través de esta vía expedientes por importe de 454 millones de euros (casi 100 menos) y en 2021 gastó utilizando este mecanismo 485 millones. La cifra más alta corresponde a 2020. En concreto fueron 741 millones, una cantidad “esperable por la incidencia” de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.

También el Consejo Consultivo de Canarias lleva años advirtiendo del “irregular proceder” de las gerencias hospitalarios en los “innumerables expedientes de nulidad” que llegan a este organismo para ser dictaminados. En uno de ellos. el Consultivo insiste en que los hospitales canarios “siguen soslayando las indicaciones” de sus propios servicios jurídicos, ya que “continúan realizando contrataciones sin seguir las pautas procedimentales legalmente exigidas y tantas veces recordadas” por el propio Consejo.

Este órgano consultivo lamenta que la administración sanitaria utiliza la declaración de nulidad de los contratos, “una vía excepcional y de aplicación restrictiva”. como “forma habitual de convalidar la contratación de suministros médicos, realizados con inobservancia de la normativa de aplicación”.

En estos procedimientos, el Servicio Canario de Salud suele arguir la doctrina sobre el enriquecimiento injusto. Al haberse prestado el servicio o adquirido el suministro, aun cuando se hubiera hecho al margen de la normativa de contratación, la administración paga por ellos para evitar ese “enriquecimiento injusto”.

En su último informe de fiscalización, la Audiencia de Cuentas constata “una planificación ineficiente y una presupuestación insuficiente” en el Servicio Canario de Salud, como refleja el “desequilibrio presupuestario de 456,3 millones de euros” para atender gastos de recetas farmacéuticas y material sanitario desechable.

“Si bien en el anterior ejercicio (2022) también se presentó un desequilibrio por la misma razón (compra de medicamentos y material sanitario) por un importe de 59 millones de euros, es necesario que se realice un estudio que determine la causa de este considerable incremento de 412,8 millones de euros (un 670%) en los citados gastos y se busquen medidas que reduzcan la utilización de este mecanismo (ampliaciones de crédito sin cobertura presupuestaria)”, reza el informe de la Audiencia de Cuentas.