El sector del vino de Castilla-La Mancha, satisfecho con el plan de la UE para darle oxígeno pero pide más presupuesto

El sector del vino de Castilla-La Mancha ha dedicado esta semana a analizar el borrador de proyecto de reglamento de la Comisión Europea que recoge una serie de medidas específicas para el sector vitivinícola y se ha mostrado a favor de las mismas, considera que es una buena base para empezar pero piden más.

Ayer mismo, la sectorial de vino de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha analizaba en su reunión estas medidas entre las que están la ampliación de la validez de las autorizaciones de replantación de cinco a ocho años, la inclusión de productos desalcoholizados para aromatizados, el etiquetado con pictogramas o símbolos en lugar de palabras a través de códigos QR, y la posibilidad de que los estados miembro puedan destinar recursos propios (hasta el 20% del montante de fondos nacionales en la ISV) para apoyar medidas de crisis en momentos de desequilibrio en el mercado.

No obstante, señalan que se echa de menos una apuesta decidida de la Comisión a nivel presupuestario, además de ser más ambiciosos en la resolución de problemas estructurales y apostar de forma decidida en la promoción del consumo moderado e inteligente del vino en todos los ámbitos, siendo su descenso generalizado la mayor amenaza que se cierne sobre el sector. 

UPA: más presupuesto

Un presupuesto extraordinario es también una de las peticiones que hace la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Así, señala que la comisión introduce medidas específicas que el sector comparte, “aunque organizaciones como UPA echan en falta otras cuestiones, como un presupuesto adecuado y acorde al momento que atraviesa el sector. Así, el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha valorado el paquete de medidas, destacando que algunas de las cuestiones pueden ser positivas en algunos aspectos, pero no abordan el problema fundamental de la rentabilidad del cultivo.

De hecho, UPA incide en que se echa en falta un presupuesto para toda la Unión Europea y que no genere diferencias entre países dependiendo de la voluntad política de cada momento, más en un momento como el actual. “Este tipo de situaciones podría acarrear que hubiera agricultores de primera y agricultores de segunda en función de estos apoyos presupuestarios. ”Las flexibilizaciones planteadas tienen sentido, pero de poco sirven si el viñedo no es rentable. Actualmente, muchas hectáreas no se plantan o, incluso, se dejan perder las autorizaciones y derechos de cultivo porque los productores no encuentran viabilidad económica en su explotación“, ha señalado García-Gasco Alcalde.

Uno de los aspectos que se destaca en las propuestas de la Comisión Europea es la posibilidad de ampliar al 80 % las ayudas para la reestructuración y adaptación del viñedo al cambio climático. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, se ha tenido que reducir al 60 % para poder beneficiar a un mayor número de viticultores. Desde UPA CLM se confía en que las modificaciones de este año logren el objetivo de llegar a más productores, especialmente a pequeñas y medianas explotaciones, así como a profesionales del sector.

El responsable de la organización agraria subraya la necesidad urgente de un presupuesto extraordinario que permita aplicar estas medidas de forma efectiva. “Sin un refuerzo presupuestario, no se podrá avanzar, porque puestos a analizar, ¿a quién se le recorta? ¿A los viticultores que quieren seguir invirtiendo? ¿A las inversiones que quieran hacer las cooperativas? ¿A la promoción? Son preguntas que necesitan respuestas inmediatas”, ha indicado García-Gasco.

Asimismo, desde la organización agraria se reclama una normativa que flexibilice la producción y comercialización de los vinos desalcoholizados. “Es imprescindible una regulación clara y medidas urgentes que envíen un mensaje de estabilidad al sector para no seguir perdiendo mercado”, ha concluido García-Gasco.

Las denominaciones de origen, adecuadas pero mejorables

También las organizaciones representativas de las denominaciones de origen de vino han valorado en el mismo sentido esta propuesta, señalando que las medidas son adecuadas pero mejorable en algunos puntos concretos.

La European Federation of Origin Wines (EFOW), la organización que representa a las denominaciones de origen europeas ante las instituciones de la UE, y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que representa a las DDOO de vino a nivel nacional, valoran positivamente el paquete de medidas.

Consideran muy favorable el refuerzo y la ampliación que la reforma plantea para el sistema de autorizaciones de plantación, permitiendo a los Estados miembros no crecer en superficie de un año a otro, ya a nivel nacional, ya a nivel DOP, para adecuar la producción a la demanda, dando la posibilidad de que el Estado miembro pueda limitar la concesión de autorizaciones de nueva plantación en zonas que hayan aplicado medidas de crisis.

Otros aspectos considerados satisfactorios son la posibilidad de que los Estados miembros puedan reforzar la condicionalidad de la medida de reestructuración y reconversión para evitar que con ella se produzcan aumentos de rendimiento cuando el mercado no los admite, la incorporación de los consejos reguladores como posibles beneficiarios de las ayudas europeas para la promoción del enoturismo (actualmente, solo pueden serlo las organizaciones interprofesionales) y las medidas de transparencia y simplificación en materia de etiquetado.

No obstante, tanto CECRV, como EFOW, consideran que la propuesta es mejorable en algunos puntos concretos. Por una parte, en materia de promoción, ya que el texto presentado por la Comisión no recoge la simplificación de la medida de promoción en terceros países para pequeños y medianos productores, que era una de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel. Tampoco la gestión plurianual de los fondos de la intervención sectorial del vino, que permitiría transferir fondos de unas medidas a otras en función de las necesidades y que también fue consensuada por Comisión, Estados miembros y sector.