Hay fallos que trituran a las personas. Ahmed Tommouhi, a sus 73 años, todavía puede contarlo, pero no así Abderrazak Mounib, fallecido en el año 2000 en prisión mientras esperaba una Justicia que no obtuvo en vida. Ambos sufrieron uno de los mayores errores judiciales de la democracia española: fueron condenados a decenas de años de cárcel siendo inocentes en procesos sin garantías. Tommouhi pasó casi 15 años entre rejas por crímenes que no cometió.
El periodista de El País Braulio García Jaén repasa en Justicia poética (Península) la cadena de negligencias policiales y judiciales que destrozaron la vida a estos dos barceloneses de origen marroquí a principios de los años 90. El libro certifica la cerrazón de un sistema judicial al que costó casi treinta años reconocer una parte de sus errores con estos dos ciudadanos, a los que no ha pedido perdón ni indemnizado a día de hoy.
Todo empezó en 1991. Una serie de violaciones y robos en varios municipios catalanes pusieron en alerta a los cuerpos policiales. “Las reglas, métodos y garantías de las buenas investigaciones se dejaron de lado para priorizar la detención de quién fuera”, asevera García Jaén, para quien “seguramente” hubo un prejuicio racista en la detención de Tommouhi y Mounib. “Se buscó una cabeza de turco que resultara extraña para una sociedad que se sentía atacada”, agrega el periodista.
Solo hacía medio año que Tommouhi había llegado a Catalunya para ganarse la vida como albañil cuando fue detenido. No tenía relación alguna con Mounib, quien se dedicaba a la venta ambulante por toda la comunidad y residía en Barcelona. Su puesta a disposición judicial ya fue un desastre. Los agentes de la Policía Nacional condujeron a Tommouhi, esposado, por el mismo pasillo donde esperaban las denunciantes. Pese a esta flagrante irregularidad, a los pocos minutos se sometió a una rueda de reconocimiento por parte de las víctimas que ya lo habían visto.
De todos los procesos en los que se vio inmerso Tommouhi, destaca su condena a 24 años de cárcel en 1992 por dos delitos de agresión sexual por parte la Audiencia de Barcelona, en una sentencia de la que fue ponente la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en su etapa como magistrada. “Una sentencia de 19 páginas se dictó en 12 horas. ¿Se puede escribir tan rápido?”, destaca García Jaén. La única prueba era la víctima que señaló a Tommouhi, pero que años después se retractó en una entrevista con el periodista.
No fue hasta 2023 que el Supremo, en una decisión histórica, aceptó revisar la sentencia y anular esta condena a Tommouhi, al concluir que la Audiencia de Barcelona omitió, pese a haberlos aceptado como prueba, los informes del semen hallado en la víctima que exculpaban al falso culpable. Los peritos no acudieron a declarar en la vista oral y el tribunal del que formaba parte Robles no suspendió el juicio para su citación.
Muchos años antes, el guardia civil Reyes Benítez ya vio que algo no cuadraba. Su buen olfato policial se corroboró cuando el modus operandi de violaciones y robos cometidos por dos hombres se siguió repitiendo en 1995, con los dos falsos culpables ya en prisión. Gracias a un decisivo informe de Benítez, la Fiscalía de Catalunya se mostró a favor de indultarlos, pero solo para uno de los casos por los que cumplían condena.
Pero para García Jaén, esa petición de indulto que impulsó el entonces jefe de la Fiscalía en la comunidad, José María Mena, también fue una manera de “autoindultar” los errores cometidos por los fiscales. “En una de las condenas a Tommouhi, la Fiscalía siguió acusando pese a tener un informe de ADN que lo exculpaba. No se quisieron reabrir todos los errores cometidos y en 1999 ya hubiera sido posible revocar las otras condenas”, expone García Jaén.
No fue hasta ese mismo año que el verdadero autor de algunas de las violaciones por las que fueron sentenciados Tommouhi y Mounib fue condenado. Se trató de Antonio García Carbonell, quien durante mucho tiempo “se benefició del prejuicio de que los gitanos no violaban”, apunta García Jaén.
Mientras cumplían condena por crímenes que no cometieron, Tommouhi y Mounib también sufrieron el ninguneo del Ministerio de Justicia tanto bajo gobiernos del PP como del PSOE. El Ejecutivo tardó más de diez años en denegar la petición de indulto realizada por la Fiscalía. Pero el peso de las pruebas exculpatorias era tan grande que el Supremo terminó flexibilizando su sistema de revisión de penas gracias al caso de estos dos falsos culpables.
¿Cómo está ahora Tommouhi? Además de depender económicamente de su familia, el albañil se encuentra “muy mermado físicamente”, lamenta García Jaén. Aun así, conserva la esperanza de que el Supremo revoque otra de sus condenas en revisión por un caso de violación y robo en Tarragona por el que fue condenado.
Tommouhi todavía no ha cobrado la indemnización que le corresponde por los años que pasó en prisión injustamente. Tampoco ha recibido nunca un perdón oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de alguna otra institución como reparación a nivel simbólica de los errores cometidos. Tampoco de los jueces o fiscales que intervinieron sus casos.
En 2019, su nieta escribió al Gobierno para reclamar una indemnización dada la “fragilidad social y económica” de su abuelo. El Ejecutivo contestó entonces que no podía tramitarla porque el Supremo no había revisado todavía uno de sus casos, cosa que el Alto Tribunal hizo en verano de 2023. Sin embargo, Tommouhi ha tenido que recurrir ante la Audiencia Nacional después de un año de silencio del Ministerio de Justicia a su petición.
“¿Un error que dura tanto tiempo sigue siendo un error?”, se pregunta García Jaén citando a Mounib. El libro muestra la peor cara de la Justicia y la mejor del ser humano: profesionales como el guardia civil Reyes Benítez y el equipo de la Guardia Civil de Martorell (Barcelona) o ciudadanos como el ingeniero Manuel Borraz o la funcionaria Tote Henares que, como quijotes y junto a García Jaén, dedicaron muchas horas de su vida a demostrar la injusticia sufrida por Tommouhi y Mounib.