El Supremo confirma cuatro años y medio de cárcel para Laura Borràs por corrupción en la adjudicación de contratos

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y medio de cárcel y otros 13 más de inhabilitación para Laura Borràs, expresidenta de Junts y del Parlament, por fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo. Los jueces rechazan su recurso y explican que sus delitos “no guardan relación alguna con el proceso independentista catalán” y, por tanto, no puede acogerse a la ley de amnistía como pidió su abogado.

El Tribunal Superior catalán apoyó la concesión de un indulto parcial en caso de que su condena fuera firme pero el Supremo contesta que su condena fue proporcionada. “Enmarcados los hechos en la corrupción es difícil atender la consideración que la recurrente expresa”, dicen los jueces sobre sus alegaciones sobre un posible indulto parcial y la desproproción de la condena.

Laura Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) desde 2013 hasta 2018 antes de ejecer como Consellera de Cultura con Quim Torra y después ser presidenta del Parlament y líder de Junts, este último cargo hasta octubre del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia catalán declaró probado que poco después de ponerse al frente de la ILC puso en marcha el proyecto de una página web que encargó a un conocido suyo: Isaías Herrero.

Un encargo que, según los jueces, se saltó cualquier procedimiento administrativo y adjudicó de facto el contrato de forma verbal y después a través de contratos ilegalmente fraccionados ante las advertencias de los funcionarios. El organismo, siguiendo las instrucciones y designios de Borràs, le adjudicó un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.000 euros incluyendo el IVA, aunque no constara un sobreprecio en esos pagos.

El Supremo no considera aplicable la amnistía

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que confirmase su condena mientras la defensa de Borràs solicitaba, al menos, una rebaja de su condena de prisión al considerar que más de cuatro años de presidio era una sanción desproporcionada. Su abogado, Gonzalo Boye, también pidió a la Sala de lo Penal la aplicación de la ley de amnistía que ha perdonado los delitos relacionados con el procés independentista catalán.

El Supremo contesta que nada del caso “se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán”. “En ninguno de los apartados de la Ley de Amnistía puede encuadrarse la conducta de Borrás”, explica el tribunal. Aplicar la amnistía al caso de Borràs, añade, requeriría “un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos”.

La expresidenta del Parlament catalán, explica el Supremo, tramitó estos contratos “con absoluta ajeneidad al ordenamiento, a los procedimientos de contratación previstos en la ley, y realizándolo con un sometimiento único a la voluntad persona de quien tenía toda la autoridad para contratar y autorizar su pago”.