El PP valenciano visita a García Albiol en Badalona y alienta el miedo a la ocupación de vivienda tras pactar con Vox

El PP valenciano ha vuelto a poner en marcha la maquinaria propagandística para alentar el miedo a la ocupación de viviendas en vísperas de una gran movilización. En la semana previa a la manifestación estatal por el derecho a la vivienda, que el pasado octubre ya congregó en València a miles de personas –15.000 según delegación del Gobierno; frente a los 50.000 de la organización– la alcaldesa de la capital valenciana y la consellera de Vivienda han anunciado la puesta en marcha de una oficina 'antiokupación' y una batería de medidas para luchar contra un problema estadísticamente irrelevante.

Los populares, que necesitan el apoyo de Vox tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, no han dudado en subir un tono más su discurso en plena negociación presupuestaria y de gobierno y asumir los postulados ultras para contentar a sus socios, que no han tardado en aplaudir la medida como si fuera suya. El viernes el consistorio aprobó una moción para la puesta en marcha de una oficina que gestione las denuncias de ocupación irregular y de impagos de alquiler y proporcione asesoramiento a los propietarios, medida que promocionan como pilar para resolver el problema de acceso a la vivienda, junto a la construcción de obra nueva. La oficina quedará integrada en la Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local y asumirá todo lo relacionado con esta cuestión.

Los populares insisten en que la vivienda ocupada resta vivienda de mercado y a su vez infunde miedo a los propietarios, lo que termina reduciendo la oferta e incrementando los precios. En ese razonamiento no barajan una limitación de precios como permite la ley estatal de la vivienda, ni reversión de apartamentos turísticos, ni sanciones a la especulación ni a los grandes tenedores de vivienda en desuso.

La alcaldesa se ha reunido este lunes con su homólogo de Badalona, el popular Xavier García Albiol, para abordar los protocolos antiocupación que se aplican en la ciudad catalana, que tiene una concejalía específica para ello, y que el equipo del gobierno del Ayuntamiento quiere aplicar en la oficina que arrancará en breve. “La Oficina Antiokupación tiene como objetivo asesorar a los propietarios, intentar prestar mejor servicio, y coordinar todas las áreas de gobierno, donde en primer lugar vamos a ayudar a las familias vulnerables desde los Servicios Sociales, y en segundo lugar ayudar a los propietarios que sufren una ocupación ilegal o una inquiocupación”, explicó Catalá tras el encuentro.

Según los datos facilitados por el equipo de gobierno, en la capital hay cerca de 37.000 viviendas vacías, sin especificar estado o titularidad –si son de particulares, fondos o entidades financieras–. La cifra supone el 9% del parque de vivienda de la ciudad. Del último barómetro municipal, que no pregunta por la regulación de los precios del alquiler, el equipo de gobierno concluye que una de cada cuatro viviendas no entra en el mercado por “inseguridad jurídica”. A renglón seguido, Catalá ha apuntado que se va a exigir a los grandes tenedores a que implanten medidas de seguridad como alarmas para evitar ocupaciones ilegales: “Vamos a hacerles corresponsables para evitar problemas de convivencia, y además trabajen con el Ayuntamiento para sacar esas viviendas vacías al mercado del alquiler”.

Para justificar la oficina el PP se basa en las actuaciones de la Policía Local de València. Según los datos del equipo de gobierno, el cuerpo municipal ha realizado cerca de 1.700 intervenciones relacionadas con vivienda. En concreto, en 2023, fueron 796 intervenciones, en 2024 se realizaron 810 y en lo que va de 2025 se ha intervenido en 144 casos. Apenas ha habido una decena de detenidos por allanamiento o usurpación de vivienda en un año en la ciudad. La Policía Local computa como intervención cualquier acción en la que intervenga una patrulla: sea para comprobar datos, para denunciar o para intentos de ocupación, aunque sea una comprobación infructuosa, por lo que puede haber varias intervenciones para un mismo caso. El Ejecutivo municipal no ha facilitado más datos estadísticos que permitan la comparativa con el total de actuaciones de la Policía Local para poder comprobar el peso que tienen en una ciudad de 800.000 habitantes. Según la memoria estadística del Ayuntamiento, que bebe de la información de Interior, en 2024 la ciudad de València registró 60.709 infracciones penales.

En paralelo, la vicepresidenta del Consell y titular de Vivienda, Susana Camarero, apuntaba “un compromiso en materia de vivienda”: “trabajar por luchar contra la ocupación ilegal y la 'inquiocupación' (impagos de alquileres), que vulnera derechos y favorece que haya menos oferta vivienda”, sin dar más detalles de las medidas que se pondrán en marcha. Con un presupuesto mínimo para vivienda, que se sustenta sobre transferencias estatales para complementar las ayudas al alquiler, la responsable del ramo en el Consell de Mazón, que renuncia a la aplicación de la ley de vivienda, también alimenta el temor. Según datos del Ministerio del Interior, las ocupaciones de viviendas afectan a un 0,057% de las viviendas, una cifra residual. En 2024 apenas se registraron 876 denuncias por usurpación de inmuebles en la provincia de Valencia, según el balance del Ministerio.

La oposición critica que se asuma la agenda ultra

El grupo municipal de Vox ha trasladado su respaldo a la oficina impulsada por alcaldía, coincidiendo en discurso. El portavoz ultra, José Gozálbez, subrayó que “no salen viviendas vacías al mercado de alquiler por el miedo que tienen los propietarios a que se produzca una ocupación, a que la vivienda no sea desalojada”. “La lucha contra la ocupación es una bandera de Vox”, ha concluido.

La oposición insiste en que Catalá “está asumiendo una agenda ultra y está intentando hablar de unos problemas que afectan a un 0,057 por ciento de la población, como ella misma ha reconocido, y se olvida del principal problema de la ciudad que es el acceso a la vivienda”. “Hace anuncios como el de una oficina antiocupación que nada tiene que ver con el principal problema para los vecinos y vecinas de esta ciudad que es que no pueden alquilar ni comprar una casa porque los precios están cada vez más altos”, subrayó la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, su portavoz, Borja Sanjuan, ha considerado que esta iniciativa “no deja de ser una cortina de humo de un PP que está absolutamente acorralado por su gestión de la dana y por los problemas que tiene ahora con los tránsfugas de Vox”.