Vecinos y ecologistas piden en la Ciudad de Justicia que se paralicen las obras de ampliación del Puerto de Valencia

Un grupo de activistas se concentró este viernes a las puertas de la Ciutat de la Justicia para mostrar su disconformidad con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del 5 de marzo que deniega la paralización de las obras de la ampliación norte del Puerto de València.

Después de recibir el informe del perito independiente encargado por el mismo TSJCV en el que se señala la necesidad de efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria de la ampliación norte por tratarse de una obra completamente diferente a la contemplada en el anteproyecto de 2018 y que cuenta con una DIA caduca del 2007, Acció Ecologista-Agró presentó el mes de febrero, como miembro de la Comissió Ciutat-Port, un escrito ante el TSJCV solicitando la suspensión cautelar de las obras de la ampliación del puerto.

“La esperanza depositada en la prueba judicial que da la razón a la plataforma ciudadana poco ha durado. Ya que, recientemente la Sección Cuarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la CV ha rechazado la petición de Agró. Esta decisión tan desafortunada deja entrever la priorización económica frente al medioambiente o el bienestar social y abre paso a la fuerza normativa de lo fáctico, que sin duda legitima la vulneración de la normativa europea incorporada al ordenamiento jurídico español en materia de evaluación ambiental”, han explicado desde la plataforma.

Es por eso que miembros de la Comissió Ciutat-Port y de Marfull AE-Agró han querido expresar su desacuerdo respecto a esta resolución del TSJ con una concentración a las puertas de la Ciutat de la Justícia. Durante el acto que ha tenido lugar a medio día, y que ha estado amenizado por un grupo de música tradicional con letras adaptadas a la crítica que merece la situación jurídica actual, que denuncian que “los tribunales están impulsando la ampliación sin valorar los impactos de esa intervención” y advierten de que “si hacen la ampliación todavía más playa se perderá [...] y será un gran desastre ambiental, ruido y emisiones la salud pública atacarán”.

Así, decenas de activistas desplegaron una pancarta donde se podía leer 'La justicia pierde el norte, está de parte del puerto'. Con la acción lúdica de protesta, nuevamente, desde la Comissió Ciutat-Port señalan que “esta megaconstrucción que solo favorece los intereses privados de una naviera en detrimento del interés general, amenaza la riqueza natural terrestre y marina del territorio valenciano, así como la salud pública”. E insisten en que en el actual contexto de emergencia climática “este tipo de proyectos, que debilitan más la capacidad de reacción, la resiliencia, de la ciudad de València y de los pueblos del sur, situados a la sombra del puerto, son contrarios a lo que realmente necesitamos”.

Siendo además, “como queda patente año tras año con las manifestaciones y concentraciones organizadas, rechazados por la sociedad civil que ve su derecho a disfrutar de un medioambiente sano vulnerado sistemáticamente; ahora es buen momento para pedir un receso, hace falta debate social, es mejor que no nos precipitemos al reto ambiental”.

Con cánticos como este han pedido activistas de la Comissió i Marfull prudencia al TSJ que, parece atender “a las presiones e intereses del lobby portuario”, según denunciaron. “Estamos a tiempo de hacer las cosas bien, falta voluntad”, insistieron las activistas. Y subrayaron en esta línea: “Podemos evitar que en un futuro se legalicen unas obras que podrían ser consideradas ilegales, a través de la política de hechos consumados a la que parece que se quiere llegar, como ha sucedido con la Zona de Actividades Logísticas”.

Ecologistas y vecinas esperan que el TSJCV estime el recurso de reposición interpuesto recientemente por Acció Ecologista-Agró contra el auto que rechaza la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Administración de la APV de 2022 mediante el cual se aprobó el proyecto constructivo del muelle de contenedores del Puerto de València. También que se establezca la obligatoriedad de hacer una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) debido a la naturaleza y magnitud de las obras contempladas, tal como indica el informe del perito aportado a la causa, a petición del mismo tribunal.