La Educación vasca, entre “la inseguridad jurídica” por el decreto anulado por la Justicia y las nuevas huelgas

La Educación vasca está sumida en la “inseguridad jurídica”, después de que el Tribunal Superior de Justicia Vasco (TSJPV) haya anulado decreto del Gobierno vasco por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de los centros escolares vascos. Esta es una premisa en la que coinciden los partidos de la oposición y los que presentaron este recurso y a los que los tribunales han dado la razón, el sindicato Steilas y la confederación Ehige- Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea de Bilbao- que han exigido este viernes al Gobierno vasco que “elabore un nuevo decreto en el que se priorice la escuela pública vasca” frente a la concertada.

El decreto anulado por la Justicia por  “por no ser conforme a Derecho” es en el que establece, por ejemplo, las ratios mínimas de alumnos para conformar grupos, para poder acceder al concierto en el caso de los privados, o los porcentajes de alumnado vulnerable que deben acoger los colegios “sostenidos con fondos públicos”, es decir públicos y concertados. En definitiva, el mapa escolar vasco. Aunque el departamento de Educación asegura que al no ser la sentencia firme, porque presentará recurso, el decreto sigue en vigor y, por lo tanto, la sentencia no tendrá ningún efecto sobre la próxima campaña de matriculación, los representantes de Steilas y Ehige alertan de la “inseguridad jurídica” que supone la anulación del decreto y han pedido al Ejecutivo que “elabore un nuevo decreto de planificación que priorice la escuela pública vasca”.

El TSJPV anula el decreto por una cuestión de forma, “al haberse prescindido de una memoria justificativa”, cuyo trámite es esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias, dice. Sin embargo, el recurso de Steilas y Ehige planteaba cuestiones de forma, pero también de “fondo”, en las que ya no ha entrado el tribunal. “El primer argumento ha sido suficiente para que el TSJPV anule el decreto en cuestión, pero nos hubiera gustado que hubiera entrado también en las cuestiones de fondo”, han señalado los representantes de los demandantes. Entre esas cuestiones, está el hecho de que la garantía de plazas públicas, “queda totalmente diluida en este decreto”, porque habla de “plazas sostenidas con fondos públicos, que no es lo mismo que plazas públicas”, aseguran. También el hecho de que “pretendía equiparar los centros de titularidad pública con los centros de titularidad privada a través del Servicio Vasco de Educación”. “La ley es clara, los centros privados prestan el servicio de la educación a través de los conciertos educativos y no hay más. La equiparación de centros públicos y centros privados no es posible, entre otras cosas, porque la administración pública no tiene competencia para dirigir o intervenir en empresas que se rigen por el derecho privado”, ha señalado. Además, consideran que el decreto “anuló la participación de la comunidad educativa al suprimirse las comisiones territoriales de seguimiento del mapa escolar”, lo que consideran “todo un retroceso democrático que impide reglamentariamente a los agentes educativos participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa, su control y seguimiento”. Critican además que el decreto redujo el número mínimo de alumnos para la creación de grupos en las aulas de infantil y primaria de las escuelas concertadas, que pasaba de 17 a 13, facilitando el acceso a los conciertos.

Tanto Steilas como Ehije han lamentado que el Gobierno vasco haya anunciado su intención de recurrir y han anunciado que, “si al final lo hace”, analizarán “solicitar la ejecución provisional de la sentencia”.

Desde los partidos de la oposición, han continuado las críticas al departamento tras la anulación del decreto. Si el jueves, EH Bildu pidió ya la comparecencia de la consejera Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco, Sumar ha señalado este viernes que la anulación del decreto de planificación educativa “pone en evidencia una política deliberada del Gobierno vasco orientada a proteger la sobreoferta de la educación privada concertada”. Ha acusado al Ejecutivo, en este sentido, de diseñar una normativa destina a “mantener con respiración artificial” a la enseñanza concertada en un escenario de bajada de natalidad. “Se evidencia que el Gobierno autonómico no ha hecho las cosas bien en el ámbito educativo”, ha señalado por su parte el PP vasco.

Doce días de huelga en los colegios públicos

La anulación del decreto no es el único problema al que se tiene que enfrentar el Departamento de Educación que dirige Begoña Pedrosa. Los sindicatos han registrado este viernes las convocatorias de 12 dias de huelga en los colegios públicos vascos al que están llamado más de de 30.000 trabajadores de Haurreskolak, docentes y personal de Cocina y Limpieza por los sindicatos Steilas, LAB ELA y CCOO. El personal docente está llamado a movilizarse los días 22 y 23 de enero y 26 y 27 de febrero; el personal del Consorcio Haurreskolak los días 28 y 29 de enero y 12 y 13 de febrero; y el personal de cocina y limpieza los días 30 y 31 de enero y 19 y 20 de febrero. Además de las jornadas de huelga, desde este viernes se ha puesto en marcha una dinámica de movilización también los viernes, convocando movilizaciones en los centros de enseñanza.

Tras la convocatoria de las huelgas, el departamento de Educación ha remitido a las familias y a los profesores sendas comunicaciones en las que señala que “difícil de entender” los paros. En el escrito señala los pasos que vienen dando desde hace años con un “esfuerzo decidido” por mejorar las condiciones laborales del personal educativo que trabaja cada día “con dedicación y compromiso en nuestros centros”, informa Europa Press. Y subraya que la mejora de sueldos, las medidas de conciliación, la reducción de ratios y horas lectivas, y los planes de estabilidad y rejuvenecimiento del personal son “algunos de los avances” que demuestran su “voluntad de alcanzar acuerdos significativos”. “Estas medidas no solo benefician a los profesionales, sino que también contribuyen a consolidar una educación de calidad para el alumnado”, añade. Además, el Departamento subraya que, en la actualidad, siguen avanzando en las negociaciones con los agentes sindicales y la agenda de reuniones establecida para el curso 2024-2025 está en marcha, “con sesiones ya calendarizadas, y con propuestas claras y ambiciosas sobre las mesas de negociación”. Por ello, insiste en que resulta “difícil de entender” la convocatoria de huelga en un momento en el que las negociaciones “están activas” y los acuerdos “están al alcance de la mano”.