El Parlamento Vasco insta al Gobierno a reforzar la inspección de los pisos turísticos y alquileres de temporada

El Parlamento Vasco ha pedido este jueves al Gobierno de Imanol Pradales que refuerce la inspección sobre los pisos turísticos y los alquileres de temporada para evitar el fraude y actúe sobre él. Además, ha hecho un llamamiento al “conjunto de instituciones competentes en la materia” -en clara alusión a los ayuntamientos- a colaborar para detectar las viviendas clandestinas y poder abrir los expedientes de infracción correspondientes.

La Cámara vasca ha debatido una iniciativa de EH Bildu en la que se reclamaba que se “investigue el fraude en los arrendamientos de vivienda con fines turísticos y de temporada”, y se adoptaran medidas contra dicho fraude, que ha sido transaccionada con Sumar. Finalmente, ha salido adelante la enmienda presentada por PNV y PSE-EE, que ha contado con la abstención de EH Bildu, PP y Vox y el rechazo de Sumar. En dicha iniciativa, la Cámara insta al Gobierno a que “refuerce su equipo de inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo, reforzando las tareas de control y comprobación de las empresas y actividades turísticas en Euskadi”, así como “las actuaciones de comprobación sobre las viviendas de uso turístico que se ofrecen en plataformas digitales”.

Precisamente el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha reivindicado en varias ocasiones este refuerzo del cuerpo de inspectores, pero ha señalado que falta la aprobación de los departamentos de Gobernanza y Hacienda y Finanzas para poner en marcha la ampliación de las plantillas.

En la iniciativa aprobada este jueves se insta también al Gobierno a “informar a los agentes de la propiedad inmobiliaria de los requisitos que exigen los contratos de alquiler de temporada, de su deber de comunicar dichos requisitos y de transmitir a sus clientes su obligado cumplimiento, so pena de incurrir en fraude, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse”. También se pide requerir “a las agencias inmobiliarias el deber de información a la Administración de los casos de incumplimiento que se hayan producido en los años 2023 y 2024 de los que tuvieran constancia”.

Por otra parte, se pide que se “refuerce las actuaciones de comprobación sobre las viviendas de uso turístico que se ofrecen en plataformas digitales, para analizar si cumplen los requisitos legalmente establecidos, con el objetivo, entre otros, de identificar las viviendas que no estén registradas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi y, en casos de fraude, tomar las medidas oportunas”.

El parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, del que ha partido la iniciativa, ha destacado la importancia que tiene en el problema de la vivienda en Euskadi la oferta de viviendas turísticas y de temporada. Según ha señalado, “muchos propietarios, para maximizar las rentas, utilizan esas figuras, alquiler de temporada y vivienda turística, como resquicio para saltarse la ley, y eso tiene consecuencias: tensiona el mercado de alquiler y contribuye a encarecer el precio de la vivienda”, por lo que ha pedido un mayor control.

Desde el PNV se ha destacado las medidas que el Gobierno vasco ha puesto en marcha para “garantizar el alquiler asequible y para combatir el fraude en el alquiler”, y para controlar las viviendas de uso turístico, y ha pedido mayor “coordinación y colaboración entre agentes e instituciones públicas, cada uno desde sus tareas”, ha señalado Marijo Etxegoien. La parlamentaria del PSE-EE, Aroa Jilete, ha reconocido que existe un “problema con el fraude en los arrendamientos de vivienda temporal”, pero ha defendido la utilidad de estos contratos para estudiantes o trabajadores que necesitan la vivienda por un periodo corto. También ha defendido la capacidad de los Ayuntamientos para regular estas cuestiones. “Aquí ponemos deberes al departamento, ¿pero y los ayuntamientos? porque ustedes no entran a valorar las competencias de los ayuntamientos”, ha señalado.

Ana Morales, del PP, ha defendido “compatibilizar el derecho de los propietarios a la libre disposición de su vivienda con los derechos de los vecinos y del conjunto de la sociedad” y ha rechazado “contribuir a cuestionar la propiedad privada, ni a mantener ni agitar un discurso contra el turismo”. Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha defendido que en Euskadi, en determinados municipios como San Sebastián o Bilbao, “el objetivo tiene que ser hacer desaparecer los pisos turísticos, que no haya ni uno más”. “Se ha llegado muy tarde, los ayuntamientos también han llegado muy tarde; hasta la fecha ha habido una permisividad absoluta con utilizar la vivienda como un negocio”, ha dicho.