Los pagos indebidos de Lanbide a perceptores de RGI caen un 80% por el nuevo sistema de gestión que se aplica desde 2023

El número de pagos indebidos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) a los perceptores de prestaciones sociales cayeron un 81% en 2024 con relación a 2023 por la entrada en vigor de los nuevos sistemas de control de las cuantías derivados de la ley de 2022 y del decreto de desarrollo de 2023. Según los datos que figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en respuesta a una solicitud de Álvaro Gotxi (PP), en 2024 hubo 7.755 expedientes de este tipo frente a los 43.976 de 2021, los 44.397 de 2022 y los 40.048 de 2023. El documento no traduce ese descenso en dinero, pero en 2023 esos indebidos en la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV) alcanzaron los 55 millones de euros.

“Como se puede observar, hay una reducción notable en la generación de cobros indebidos a partir de la entrada en vigor del decreto 173/2023 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la RGI. Esto es así debido a que la nueva normativa establece un período de decalaje en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, de forma se evita la causa principal de la generación de deuda, esto es, la imposibilidad material de actualizar la prestación en el mismo mes en el que se producía la variación de ingresos, de unidad de convivencia o incumplimiento de requisitos”, explica Torres al PP.

Para entender la generación de pagos indebidos de Lanbide a los perceptores de prestaciones hay que comprender el funcionamiento de la RGI. Se trata de una renta variable en función del número de miembros de una familia o unidad de convivencia y también de sus circunstancias. Es un salario social completo pero sirve también de complemento de pensiones bajas o incluso de nóminas escasas. De este modo, los perceptores que entran y salen del mercado laboral o que tienen entradas de dinero irregulares tienen derecho a diferentes cuantías de modo recurrente. Y eso, sin ser fraude en la mayoría de los casos, les generaba unos ingresos indebidos.

El informe apunta cinco tipos diferentes de pagos indebidos. Uno es el incumplimiento de requisitos bien para acceder a la RGI o bien para su complemento para el alquiler, la denominada PCV que ya no se concede más porque ahora esas ayudas se gestionan desde Vivienda y no desde Lanbide. En 2021 fueron 2.950 casos de este tipo por 3.117 en 2022, 2.196 en 2023 y 1.113 en 2024. Otro es el desfase con los ingresos para calcular la cuantía final. Aquí está el gran cambio actual tras la entrada en vigor de los nuevos sistemas de gestión. Fueron 37.005 expedientes en 2021, 35.950 en 2022, 27.305 en 2023 y apenas 466 en 2024. Hay también indebidos propios de la PCV, que irán a menos conforme los beneficiarios se muevan a la nueva PEV de Vivienda. Fueron 3.259, 4.005, 3.089 y 1.593 en los últimos años. Las deudas generadas por cambios en la unidad de convivencia fueron 762, 664, 550 y 14, respectivamente.

En la actualidad, la mayor bolsa de indebidos la genera el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde la creación de esta prestación estatal y su trasferencia de gestión a Lanbide, los perceptores reciben un único abono pero las administraciones se lo reparten. Es decir, la RGI complementa con fondos autonómicos el IMV hasta umbrales más altos. Pero hay problemas de “sincronización”. Por ejemplo, “una generación de atrasos de IMV de una persona perceptora a su vez de RGI implica una generación de la correspondiente deuda de RGI”. O, dicho de otro modo, si un ciudadano tiene derecho a 1.000 euros, hasta que no se le ajusta el IMV seguirá cobrando esos 1.000 euros todos ellos con cargo a la RGI e irá acumulando una deuda, aunque no esté defraudando en absoluto.

Explica el Gobierno que se ha creado un “sistema de compensación automático” de modo que cuando se abonan de golpe los “atrasos” del IMV se usan para “compensar” los excesos de RGI. 4.569 perceptores en 2024 han tenido este problema, como lo tuvieron 6.908 en 2023. En 2021 y 2022 no era una cuestión perceptible apenas en plena puesta en marcha del IMV. En 2023, solamente los indebidos del IMV supusieron unos 30 millones de euros de los 55 totales de todas las casuísticas.

En el informe figura el dato de que la deuda total generada por los indebidos alcanzó los 285,1 millones de euros. De ellos, 29 millones se han dado por prescritos, es decir, no los tendrán que devolver los beneficiarios, un dato que quería conocer el PP. Por el contrario, 178,5 millones han sido ya “recuperados”. Son un 10% y un 62%, respectivamente, incide el vicelehendakari Torres. Añade que “este proceso de recuperación de deuda continúa en la actualidad mediante los procecimientos de compensación, fraccionamiento, cartas de pago y vía ejecutiva”.