La Junta de Extremadura prepara una ley de mercado abierto, al igual que hizo la Comunidad de Madrid en 2022 con el objetivo de “eliminar trabas burocráticas y atraer empresas”, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, tras un consejo de gobierno que ha autorizado este martes el inicio de la tramitación.
Este nuevo reglamento permitirá la “libre circulación”, es decir, que empresas y autónomos de toda España puedan desarrollar su actividad en Extremadura sin tener que solicitar permisos y licencias adicionales que ya tengan en su lugar de origen. En definitiva, es una ley antiproteccionista con el pretexto de eliminar burocracia a las empresas.
Se trata del primer paso que el Gobierno de María Guardiola da para elaborar esta ley y se desconoce su alcance. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa en casos en los que la regulación extremeña sea más exigente que la de la comunidad autónoma de origen. Pero el ejemplo que ha puesto la portavoz de la Junta ha sido que si una empresa ya ha depositado una fianza para operar en una comunidad autónoma, en el que caso de que quieran instalarse en Extremadura, “no tendrá que hacerlo aquí”. Bazaga ha subrayado que la normal va en línea con los criterios que marca la Unión Europea “para avanzar en una unidad de mercado real”.
Junto con esto, Extremadura creará una Unidad para Protección de Operadores de Mercado, que permitirá consultar la información necesaria a las empresas “evitando que estas tengan que hacer gestiones extras para implantarse”, y un buzón de quejas y sugerencias para detectar y agilizar los trámites.
Excepciones para instalaciones físicas y establecimientos en la Comunidad de Madrid
PP y Vox aprobaron en 2022 la ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid ante las críticas de los grupos de izquierda que la calificaron como “propaganda” y “basura”. Incluso el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, consideró que se trataba de “una medida de propaganda, como tantas otras, que solo busca poner en tensión la centralidad respecto a las otras comunidades autónomas”.
No obstante, aseguró que los informes de su Gobierno apuntaban a una ley madrileña no afectaban a “nada sustancial”. Y es que la norma de Ayuso recoge excepciones a esa unidad de mercado: empresas que ejerzan su actividad en dominio público y también quedan fuera las instalaciones o infraestructuras físicas, es decir, los establecimientos. En esos casos, cuando una empresa se quiera trasladar físicamente o instalar en la Comunidad de Madrid sí son necesarios los permisos, autorizaciones, licencias y comunicaciones autonómicas.
Por su parte, el Gobierno de Aragón prevé tramitar este año el anteproyecto de ley de agilización administrativa y atracción de inversiones, que también permitirá que las empresas de otras regiones desarrollen su actividad en Aragón con los requisitos de su lugar de origen.
Pero en un mercado común dentro de España también trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propuso el pasado septiembre a las comunidades autónomas la creación de una 'región 20' (las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas) para “aligerar y aumentar la capacidad que tienen las empresas españolas en cualquier punto del país para operar con rapidez y eficacia”. Cuerpo reconocía que las 17 comunidades tienen normativas diferenciadas y “cierta heterogeneidad”.
El objetivo final es buscar unas características mínimas suficientes “como para que una empresa que las cumpla pueda ir operando de manera indistinta entre las diferentes Comunidades Autónomas”, explicó el ministro.