Fui testigo de ilegalidades y complicidad con crímenes de guerra en Gaza y Yemen: por qué dimití del Ministerio de Exteriores británico

Me llamo Mark Smith. Soy ex diplomático y asesor político de la Oficina de Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO). Durante mi carrera trabajé en la dirección de Oriente Medio y desempeñé mis funciones en el mundo árabe. Como responsable de la política de venta de armas, me encargaba de evaluar si las ventas de armas por parte del Gobierno británico cumplían las normas legales y éticas establecidas por la legislación nacional e internacional.

En agosto de 2024, dimití por la negativa del Gobierno británico a detener la venta de armas a Israel en medio del bombardeo de Gaza. En el momento de presentar la dimisión trabajaba como segundo secretario de la Embajada de Reino Unido en Dublín. Tomé esa decisión tras más de un año de presión interna y denuncia de irregularidades.

Los medios de comunicación se hicieron eco de mi dimisión y, semanas después, el nuevo Gobierno laborista anunció que finalmente suspendería la venta de armas a Israel. Aunque fue una decisión positiva, llegó demasiado tarde. Israel ha seguido cometiendo atrocidades en Gaza mientras Reino Unido se mantiene al margen, sin querer intervenir.

El tiempo que pasé en la FCDO puso de manifiesto cómo los ministros pueden manipular el marco legal para evitar que los países “amigos” rindan cuentas. Paralizan, distorsionan y oscurecen los procesos oficiales para crear una fachada de legitimidad, mientras permiten que se cometan los crímenes más atroces contra la humanidad. Ahora que Estados Unidos, uno de nuestros aliados más cercanos, propone una limpieza étnica masiva en Gaza, ¿cómo piensa responder Reino Unido?

Fui testigo no solo de un fracaso moral, sino de una conducta que creo que cruzó la línea de la complicidad con crímenes de guerra. La opinión pública británica merece saber cómo se toman estas decisiones a puerta cerrada y cómo la disfunción sistémica permite al Gobierno de Reino Unido perpetuar el daño mientras se protege del escrutinio.

Como asesor principal en política de venta de armas, mi función consistía en recabar información sobre el proceder de los gobiernos extranjeros implicados en campañas militares, especialmente en lo relativo a las víctimas civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esa información constituía la base de los informes para asesorar a los ministros sobre la legalidad de la venta continuada de armas.

El marco jurídico del Reino Unido es inequívoco: la venta de armas debe cesar si existe un “riesgo manifiesto” de que las armas puedan utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional. Los funcionarios estamos sujetos a un estricto código de imparcialidad, que nos obliga a emitir dictámenes neutrales y basados en pruebas. Cualquier intento de alterar o manipular este asesoramiento por conveniencia política no solo es poco ético, sino ilegal.

Sin embargo, durante mi carrera, fui testigo de cómo altos funcionarios recibían intensas presiones de los ministros para sesgar la evaluación legal. En repetidas ocasiones me devolvían los informes con instrucciones de “ponderar” las conclusiones, de minimizar las pruebas de daños a civiles y hacer hincapié en los esfuerzos diplomáticos, independientemente de los hechos. A menudo me convocaban para darme instrucciones de palabra, una táctica empleada deliberadamente para evitar dejar constancia escrita que pudiera ser objeto de solicitudes de libertad de información o de escrutinio jurídico.

En una ocasión, un alto funcionario me dijo sin rodeos: “Esto queda muy mal”, antes de instarme a “hacerlo menos descarnado”. Se ignoraron mis quejas. Se introdujeron modificaciones sustanciales en mis informes, desviando la atención de las pruebas creíbles de crímenes de guerra, para pintar un panorama engañoso de “progreso” por parte de gobiernos extranjeros. No se trataba de un caso aislado, sino que formaba parte de un esfuerzo sistemático por suprimir verdades incómodas.

El ejemplo más preocupante de esta manipulación se produjo durante mi trabajo sobre la venta de armas a Arabia Saudí en medio de su campaña militar en Yemen [que dio comienzo en 2015]. El Gobierno británico era plenamente consciente de que los ataques aéreos saudíes estaban causando víctimas civiles masivas. En una reunión de alto nivel con altos funcionarios, con la presencia de asesores legales, se reconoció que Londres había superado el umbral necesario para detener la venta de armas. Sin embargo, en lugar de aconsejar a los ministros que suspendieran las exportaciones, la atención se centró en encontrar formas de “volver al lado correcto” de la ley.

En lugar de enfrentarse a la ilegalidad, los funcionarios recurrieron a tácticas dilatorias: ampliaron los plazos de presentación de informes y exigieron información adicional innecesaria. El planteamiento de “esperar a tener más pruebas” creó un vacío legal que permitió que continuara la venta de armas mientras el gobierno de Reino Unido fingía cumplir la ley. Expuse mi preocupación en repetidas ocasiones, pero me ignoraron.

Uno de mis colegas, también preocupado por lo que estábamos presenciando, optó por dimitir. Yo no tardé en seguir su ejemplo. Finalmente, Londres se vio obligado a suspender la venta de armas a Arabia Saudí tras perder un recurso judicial interpuesto por organizaciones de la sociedad civil. Pero en lugar de aprender de las lecciones de este fracaso, el Gobierno respondió cambiando la ley para dificultar la impugnación de las exportaciones de armas ante los tribunales.

Un año después, se reanudó la venta de armas a Arabia Saudí.

Aunque el caso saudí fue alarmante, lo que presencié en relación con las ventas de armas de Reino Unido a Israel fue aún más preocupante. Los continuos bombardeos de Israel sobre Gaza han matado a miles de civiles [más de 48.000] y destruido infraestructuras civiles vitales, acciones claramente incompatibles con el derecho internacional. Sin embargo, el Gobierno británico siguió justificando la venta de armas a Israel, basándose en los mismos procesos viciados y tácticas evasivas.

Durante la ofensiva militar de Israel en Gaza, una campaña marcada por una destrucción sin precedentes y el ataque deliberado a la población civil, mi preocupación fue en aumento. Por aquel entonces, yo trabajaba como diplomático en Dublín, donde el apoyo incondicional de Irlanda a Palestina me colocó en una posición incómoda. Se esperaba de mí que defendiera la política de Reino Unido, pero no podía hacerlo concienzudamente sin respuestas.

Cuando planteé preguntas al FCDO sobre la base legal de nuestras ventas de armas a Israel, me encontré con hostilidad y evasivas. Los correos electrónicos quedaron sin respuesta. Me advirtieron de que no dejara rastro escrito de mis reservas. Abogados y altos funcionarios me asediaron con instrucciones defensivas de “ceñirme a las indicaciones” y borrar la correspondencia. Quedó claro que nadie estaba dispuesto a abordar la cuestión fundamental: ¿cómo era posible que la venta continuada de armas a Israel fuera legal?

El modo en que el Ministerio de Asuntos Exteriores trata estas cuestiones es un auténtico escándalo. Se intimida a los funcionarios para que guarden silencio; se manipulan los procesos para obtener resultados políticamente convenientes; a los denunciantes se les ponen trabas, se les aísla y se les ignora. Y mientras tanto, el Gobierno británico sigue armando a regímenes que cometen atrocidades, escondiéndose tras lagunas jurídicas y relaciones públicas.

Antes de presentar mi dimisión y que la misma trascendiera a los medios de comunicación, seguí todos los procedimientos internos a mi alcance para plantear mis preocupaciones. Me puse en contacto con el equipo encargado de las denuncias de irregularidades, escribí a altos cargos e incluso contacté directamente con el Secretario de Estado de Exteriores del Gobierno británico, David Lammy. En todo momento me encontré con retrasos, ofuscación y una negativa rotunda a colaborar. Quedó claro que el sistema no está diseñado para rendir cuentas, sino para protegerse a toda costa.

Reino Unido no puede seguir siendo cómplice de crímenes de guerra. Debemos exigir transparencia y responsabilidad en nuestras políticas de exportación de armas. Nuestro Gobierno debe cumplir las mismas normas legales y éticas que asegura defender. Los funcionarios deben poder ofrecer asesoramiento imparcial sin temor a injerencias políticas y los denunciantes deben ser protegidos, no castigados, por decir la verdad.

La situación en Gaza no podría ser más grave. Estados Unidos, el principal aliado de Reino Unido, propone ahora la expulsión masiva de unos dos millones de personas de Gaza y la demolición de una de las zonas civiles más densamente pobladas de la Tierra: esto es limpieza étnica. Pido a mis antiguos colegas, aquellos que aún creen en los valores de la integridad y la justicia, que se nieguen a ser cómplices. No aprueben informes que encubren crímenes contra la humanidad. Esto no es autodefensa, es un castigo colectivo. Es genocidio. Se acabó el pacto de silencio. No permitan que los ministros cambien vidas humanas por conveniencia política. Ha llegado el momento de rendir cuentas.

Mark Smith es un exconsejero político del Ministerio de Exteriores británico.

Traducción: Emma Reverter