La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha ordenado a Rusia suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en Ucrania, otorgando las medidas cautelares solicitadas por Kiev, aunque muchos se muestran escépticos de que Moscú las vaya a cumplir.
“La Federación Rusa deberá suspender inmediatamente las operaciones militares que comenzó el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”, ha leído la presidenta del tribunal, la jueza estadounidense Joan Donoghue, en una sesión pública en el Palacio de la Paz de La Haya.
La decisión se ha tomado por trece votos a dos (los del juez ruso y vicepresidente Kirill Gevorgian y la jueza china Xue Hanqin).
El tribunal exige a Rusia, además, que se asegure “de que cualquier unidad militar o irregular armada que puedan ser dirigidas o apoyadas por ella, así como las organizaciones y personas que puedan estar sujetas a su control o dirección, no tomen ninguna medida para favorecer las operaciones militares.
Por unanimidad, los jueces han pedido a ambas partes que se abstengan “de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte o hacerla más difícil de resolver”.
Ucrania pidió al tribunal que impusiera medidas cautelares que exigieran a Rusia que detuviera la invasión y alegó que Moscú está malinterpretando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio –Vladímir Putin ha justificado la invasión por un presunto genocidio en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk del que no ha presentado pruebas–.
Los jueces han afirmado que, en la fase actual, el tribunal “no dispone de pruebas que corroboren la alegación de la Federación Rusa de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano”. Además, “es dudoso que el Convenio, a la luz de su objeto y propósito, autorice el uso unilateral de la fuerza por una parte contratante en el territorio de otro Estado, con el fin de prevenir o castigar un supuesto genocidio”.
En estas circunstancias, la corte considera que Ucrania tiene “un derecho plausible a no ser a ser sometida a operaciones militares por parte de la Federación Rusa con el fin de prevenir y prevenir y castigar un presunto genocidio”.
La semana pasada, Rusia no se presentó a la audiencia. Está por ver si Moscú acata la orden de la CIJ. Son legalmente vinculantes, pero depende de la voluntad de los países, que suelen seguirlas, aunque no siempre. El tribunal no tiene medios reales para hacerlas cumplir. Si un país no acata una orden de la Corte, se puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.
Las órdenes dictadas por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años, informa EFE.
Aun así, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, lo ha celebrado como una “gran victoria” en el caso contra Rusia. “La orden es vinculante para Rusia según el derecho internacional. Ignorar la decisión empujará a Rusia a un aislamiento aún mayor”, ha dicho en Twitter.