Cataluña y la inmigración: Feijóo se ha pasado otra vez

La demagogia de siempre, la que desborda cada vez que algo relacionado con Cataluña llega a la arena política, ha vuelto a dominar la escena. La derecha se ha desencadenado contra el pacto firmado entre el PSOE y Junts en torno a la política migratoria que habrá de aplicar la Generalitat. El PP, Vox y su prensa adicta han denunciado una nueva bajada de pantalones del Estado ante los independentistas, una nueva traición de Pedro Sánchez. Y algunos medios más próximos al otro lado del espectro político, y los habituales críticos socialistas del líder socialista, se han alineado por momentos con esa interpretación.

Pero sin mucho fundamento. Porque una lectura atenta del texto, como la que ha hecho Lola García en La Vanguardia, un periódico de Barcelona poco sospechoso de ser cercano a Puigdemont, indica que el pacto va a cambiar muy poco en el tratamiento legal actual de un asunto tan importante como el de la emigración. Escribe la periodista: “El pacto no implica que la Generalitat pueda dictar su propia política migratoria. Ejercerá unas funciones por delegación, pero sujetas a la ley de extranjería y a otras y su ejecución se aplicará de común acuerdo con el gobierno central”.

El tono triunfalista sobre el contenido del acuerdo que Carles Puigdemont se apresuró a transmitir a los medios no responde al texto expreso del mismo, sino que es una lectura interesada del preámbulo del mismo, que no tiene validez normativa. Los socialistas cedieron en ese punto, seguramente para que el líder pudiera explayarse y tratar de obtener todo el beneficio posible para sus fines propagandísticos, pero a cambio de que la norma fuera todo lo limitativa que subraya Lola García. No es la primera vez que se hace ese tipo de juego semántico en política.

Lo mismo vale en referencia a la exigencia de que los demandantes del permiso de residencia tengan que demostrar un serio conocimiento de la lengua catalana como requisito imprescindible para ello. Eso se puede deducir, apretando mucho, del preámbulo del pacto. Pero no figura en su parte normativa.

Está claro que ese preámbulo es lo único que ha interesado al PP para lanzar sus desmadradas invectivas. Los socialistas debían de saber de antemano que ese era un precio que iban a pagar. Pero seguramente también pensaban que cualquier otra formulación del pacto iba a recibir feroces críticas por parte de la derecha. Dijera lo que dijera y dijera como lo dijera. Y también debió de parecerles poco recomendable subrayar las limitaciones normativas del acuerdo, porque precisiones de ese tipo podrían haber disgustado a los independentistas y arruinado los objetivos políticos que Pedro Sánchez persigue con este acercamiento a Junts.

Todo eso por no hablar de otro aspecto de la cuestión. Aunque Puigdemont se exprese a veces, y también en esta ocasión, como si siguiera siendo el presidente de la Generalitat, el titular de ese cargo, ahora y durante los próximos tres años, es un socialista, Salvador Illa. Un político muy identificado con Pedro Sánchez y que no parece tener la mínima intención de estirar más allá de norma alguna las atribuciones autonómicas de que dispone.

En definitiva, que el asunto no tiene, ni mucho menos, la trascendencia que la derecha ha querido darle. Y probablemente pasará en breve a la lista de cuestiones olvidadas. A la precedente polémica, no menos acerba, la de la condonación de una parte de la deuda autonómica, ya le ha ocurrido algo de eso y sólo se volverá a hablar del asunto cuando los gobiernos autonómicos empiecen a pasar por la ventanilla para solicitar la quita que les corresponde. Más de uno será del PP. Y la Esquerra de Junqueras podrá alardear de haber sido quien ha logrado ese pacto, al igual que Junts lo hace con el de la emigración.

Si no hubiera tanta inquina y tanta propaganda falsaria sería fácil ver, aunque parezca que uno está pagado por decirlo, que Pedro Sánchez gestiona el conflicto catalán con bastante destreza y mandando sobre los acontecimientos. En 2017, Cataluña no sólo estuvo a punto de declararse independiente, que eso lo hizo, aunque a medias, sino de hacer efectiva esa independencia, como ocurrió en 1934, aunque casi la mitad de sus ciudadanos no estuviera de acuerdo con ello. Desde esa situación, tan extraordinaria y terrible, se ha pasado a la actual, en la que el independentismo, aunque fuerte, es minoritario, el gobierno está en manos de autonomistas, las grandes empresas que hace 8 años huyeron de Cataluña empiezan a volver y las tensiones políticas y sociales se acercan mucho a la normalidad.

Está claro que no todo el mérito de eso es de Pedro Sánchez y los suyos y que la normalidad ha ido volviendo porque los momentos de exaltación gloriosa no pueden durar mucho y porque el independentismo, falto de un referente antagónico agresivo en el gobierno de Madrid como era el PP, ha ido perdiendo fuelle. Pero cualquier persona que quiera hacer una lectura mínimamente fría del formidable cambio de ambiente político que se ha producido en Cataluña en los últimos años no tiene más remedio que reconocer que la actitud y las iniciativas del gobierno de coalición de izquierdas han contribuido bastante a ello. El conflicto catalán no se ha acabado. Y dará aún mucho que hablar. Pero ahora asusta poco. Por mucho que se empeñe Alberto Núñez Feijóo.