Aldama, Royuela y Presencia: el hilo que une las denuncias por cuentas falsas que siempre acaban en nada
El empresario Víctor Aldama, acorralado por dos investigaciones judiciales, mantiene su ofensiva contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE dentro y fuera de los tribunales. En esa estrategia ha llegado incluso a apoyarse en perfiles próximos a algunas de las mayores teorías conspirativas de los últimos años. Lo hizo el pasado miércoles, en una entrevista en la Cadena Cope en la que reveló la existencia de una denuncia en la Fiscalía con un “listado” de supuestas cuentas millonarias en el extranjero a nombre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta María Jesús Montero. También afirmó que en esa denuncia se aludía a Sonsoles Espinosa, mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, “y a algún personaje más”.
La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita que las denuncias existen: —en realidad son dos muy similares: una presentada el 7 de enero y otra el 13 de enero—. Pero también que la Fiscalía Anticorrupción decidió archivarlas por su falta de “credibilidad” el 22 de enero, el mismo día que Aldama aireó su existencia.
La primera de ellas la firma Eduardo Martín-Duarte, un abogado que hasta “hace meses” llevó la defensa del conspiranoico de extrema derecha Alberto Royuela, investigado junto con su hijo Santiago por formar parte de la trama de fake news del exjuez Fernando Presencia. La segunda es de un empresario que pide que no se revele su identidad.
Los decretos de archivo, que llevan la firma del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, explican que los formularios o impresos bancarios con los que se pretende acreditar la constitución de las cuentas y depósitos que atribuyen a más de una docena de ministros y dirigentes del PSOE no han sido confeccionados por entidades bancarias, sino por terceros.
Además, cuestiona que todos sigan “un mismo patrón o forma de elaboración” a pesar de tratarse de entidades distintas y que todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria. Y añade que los denunciantes tampoco dan “ninguna información” sobre quién le ha facilitado esa información.
Son elementos que le llevan a “no dar credibilidad a los hechos denunciados”, dado que la forma en que se presentan “impide cualquier tipo de verificación” con las “fuentes de información bancaria” que pudieran despejar las “dudas” que los documentos ofrecen al fiscal. Fuentes jurídicas destacan la cantidad de tiempo y recursos que la Fiscalía centrada en la lucha contra la corrupción se ve obligada a destinar para analizar este tipo de denuncias.
Las cuentas bancarias que aparecen por sorpresa con cientos de miles de euros, o incluso millones, han sido popularizadas en los últimos años por tres nombres de la conspiranoia española: Alberto y Santiago Royuela y Fernando Presencia. Los dos primeros, padre e hijo, son los difusores del códice de la conspiración ‘Expediente Royuela’, y el segundo es el exjuez expulsado de la judicatura después de ser condenado varias veces por prevaricar cuando ejercía en Talavera de la Reina. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional por difundir este tipo de bulos de forma masiva sobre jueces, fiscales y políticos.
El método de Presencia y los Royuela, según esta investigación, era siempre muy parecido: difundir un documento que, supuestamente, refleja que toda la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene cuentas ocultas en el extranjero. Acto seguido presentar una denuncia. El movimiento final era denunciar que los jueces tapaban sistemáticamente la corrupción al archivar sus acusaciones sin ni siquiera abrir una investigación.
El formato de las ristras de cuentas bancarias presentadas en estas dos denuncias es muy similar al que utilizaban Presencia y los Royuela. Se trata de listas sin un formato reconocible que explican el banco en el que está el dinero, la cantidad que tiene el depósito, y el nombre del propietario. Es lo que la Audiencia Nacional definió en junio de 2023 como “la interposición de denuncias falsas, acompañando para ello documentación falsaria, creada expresamente para sustentar los hechos denunciados, o bien dando publicidad a las denuncias presentadas por otros, a sabiendas de su mendacidad”.
“Terceros desconocidos”
El pasado miércoles, Aldama explicó ante los periodistas que había tenido acceso a la documentación de la denuncia porque se la había facilitado una persona a quien no conocía antes de que se la entregara. Aseguró también que le había dado credibilidad porque tenía un sello del registro de la Fiscalía y porque no creía que “nadie vaya a darse un tiro en el pie metiendo esa denuncia tan grave siendo mentira”. Y añadió: “La Fiscalía será quien tendrá que decir por qué no le da credibilidad, no yo”. Anticorrupción es la misma Fiscalía que pidió su puesta en libertad después de declarar y acusar a medio Gobierno de corrupción el pasado noviembre.
A preguntas de elDiario.es, el abogado Martín-Duarte, uno de los firmantes de esas denuncias, asegura que no tiene conocimiento de que el escrito que presentó a la Fiscalía se haya archivado y cuestiona que no se le haya notificado. Asegura que fueron “terceros desconocidos” quienes recabaron la información que él plasmó en su escrito, que desvincula de su relación con Royuela. “No sé quién ha obtenido esa información porque se me ha facilitado a mí, pero no se me ha indicado quién”, afirma.
Además, niega tajantemente conocer a Aldama. “No conozco al señor Aldama para nada. La denuncia a la que él se refiere es del 13 de enero y yo presento mi escrito el 7 de enero”. Martín-Duarte es un abogado que también ha desarrollado su actividad en el sector bancario y de defensa de los consumidores, especialmente beligerante contra directivos de bancos como el Santander. En una junta de accionistas de esta entidad en 2020, Martín-Duarte tomó la palabra para pedir la dimisión de Ana Botín por “las noticias que le vinculan por el narcotráfico y la querella que le acusa del asesinato a su padre”.
El método de Presencia y Royuela
En el Ministerio Público asimilan estas últimas acciones contra Begoña Gómez al modus operandi seguido durante años por los Royuela, a quienes representó uno de los abogados denunciantes hasta hace unos pocos meses, y por Presencia, actualmente encarcelado. Cuentas de entidades de República Dominicana, Luxemburgo o Jersey que usan sistemas idénticos de numeración y donde algunos políticos ocultan, según su versión, un patrimonio que tampoco explican de dónde ha salido.
Los círculos de la conspiración en España han tenido una obsesión en los últimos años: demostrar que la mayor parte de los políticos, jueces, fiscales y periodistas de España –sobre todo los progresistas– tienen cuentas ocultas en el extranjero, participan en tramas corruptas y mafiosas a gran escala internacional y todo siguiendo un hilo rojo que llega hasta la década de los noventa atravesando gobiernos, empresas y bancos.
Los casos más truculentos incluyen tramas de delitos sexuales, como el bulo del ‘Bar España’ o las teorías sobre el triple crimen de Alcàsser. El escudo frente a cualquier represalia siempre es el mismo: son denunciantes de corrupción y esas denuncias fallidas no deberían tener ninguna consecuencia para ellos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en sentido contrario, multando con 4.000 euros a un colaborador de Fernando Presencia por basarse en su documentación ignota para presentar denuncias ‘spam’.
La esposa del Presidente del Gobierno, investigada desde hace casi un año por el juez Juan Carlos Peinado tras una denuncia de Manos Limpias, se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la conspiranoia nacional. Desde los bulos sobre si Begoña Gómez es, en realidad, una mujer transexual, hasta si tiene cuentas en el extranjero pasando por la posibilidad de que cualquier cesión española a Marruecos venga dada por los secretos que Rabat pueda haber obtenido sobre ella a través del programa Pegasus.
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