Condenados tres comerciales de Tecnocasa por estafar 28.000 euros a cuatro personas que buscaban piso en Madrid

Tres empleados de una franquicia de la inmobiliaria Tecnocasa han aceptado condenas de diez meses de cárcel por estafar un total de 28.000 euros a cuatro clientes que acudieron a una franquicia en el distrito madrileño de Hortaleza para comprarse una casa. Los jueces declaran probado que los tres engañaban a los compradores haciéndoles pagar más dinero del que valía la casa, a veces en efectivo, para después quedárselo.

Los jueces de la Audiencia de Madrid aceptan que ninguno tenga que entrar en prisión a cumplir condena si no vuelven a delinquir durante los próximos dos años. También tienen que indemnizar con una cantidad similar a la franquicia de la inmobiliaria para la que trabajaban, que ejerció la acusación contra ellos.

Los tres condenados, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, trabajaron como comerciales para una franquicia de Tecnocasa en la oficina que tenía en ese momento la inmobiliaria en la calle Pegaso de Madrid, en el barrio de Canillas, entre 2016 y 2019. Esta inmobiliaria, como otras del sector, comercializa las viviendas de sus clientes y, como parte del contrato firmado, cobra una comisión tanto del vendedor como del comprador.

Desde Tecnocasa explican a elDiario.es que no tenían conocimiento de este procedimiento judicial y recuerdan que estas oficinas funcionan como una franquicia de la inmobiliaria, con su propia empresa y con un administrador propio de forma independiente. Esta oficina echó el cierre en 2023.

Los comerciales condenados se aprovecharon de la “credibilidad y solvencia” que les daba trabajar como comerciales para Tecnocasa y se dedicaron a “elaborar propuestas de compra que no se correspondían a la realidad”. Engañaban a las personas interesadas en comprar una casa para que creyeran que su precio era mayor y se quedaban con la diferencia, que las víctimas generalmente les pagaban en efectivo. En algunas ocasiones decían a los engañados que esa diferencia era la comisión de la inmobiliaria o por la subida del precio de las hipotecas.

La investigación judicial destapó que consiguieron estafar un total de 28.000 euros a cuatro clientes que acudieron a esa oficina de Tecnocasa en Canillas entre 2018 y 2019. En uno de los casos convencieron a un matrimonio, que había comprado una casa para ser su residencia habitual, de que tenían que pagarles 10.000 euros en efectivo, convenciendo a las víctimas de que esa cantidad “correspondía a la inmobiliaria para la que trabajaban”. En otro de los casos, los 7.000 euros de más que les pagó una señora acabaron en la cuenta de la empresa de la madre de uno de ellos.

No tendrán que entrar en prisión

El caso llegó a juicio a finales del año pasado y ni siquiera se tuvo que celebrar en su totalidad después de que la Fiscalía, los tres acusados y la acusación popular que la propia Tecnocasa ejerció contra sus antiguos empleados llegasen a un acuerdo: diez meses de cárcel por falsedad documental y estafa, además de una multa de 290 euros para cada uno y la obligación de devolver el dinero a los afectados, cantidad que para entonces ya habían consignado judicialmente.

Su condena fue firme en ese mismo momento después de que los acusados comparecieran ante la Audiencia Provincial para aceptar verbalmente los hechos y el pacto que, en la práctica, evita su entrada en prisión con el visto bueno de la Fiscalía. El tribunal suspende la ejecución de su condena de cárcel bajo varias exigencias: no delinquir en los próximos dos años, devolver el dinero a sus víctimas y pagar también a la franquicia Tecnocasa el dinero que deben a la empresa: un total de 50.000 euros entre los tres.

Este no es el único caso de los últimos años en que un tribunal de Madrid ha condenado a un agente inmobiliario que trabaja para una de las franquicias de Tecnocasa en la región. La misma Audiencia de Madrid impuso tres años y medio de cárcel a un agente inmobiliario que entre 2019 y 2021 engañaba a sus clientes y se ofrecía a gestionarles el pago de la plusvalía municipal ante el Ayuntamiento de Móstoles, localidad en la que ejercía.

La cuenta que les daba para ingresar el dinero no era del consistorio sino de su pareja: estafó en total 72.500 euros a 13 afectados que fueron indemnizados por su empresa.