Primer juicio por comisiones en la Covid-19: Madrid compró a Medina y Luceño las mascarillas más caras

El juicio a Luis Medina y Alberto Luceño ya estará visto para sentencia cuando en marzo se cumplan cinco años del confinamiento de los españoles por la pandemia de la Covid-19. El próximo martes arranca la primera vista que juzga delitos relacionados con la compraventa de material sanitario durante el acontecimiento más dramático desde la Guerra Civil. Los dos empresarios se enfrentan a 9 años de cárcel (Medina) y 15 (Luceño) por, entre otros delitos, la estafa de engordar hasta un 60% el precio de unas mascarillas que salvaban vidas y por las que el Ayuntamiento de Madrid pagó una cifra récord entre las grandes ciudades españolas. 

La pandemia provocó un caudal de dinero que salió de las arcas públicas en un tiempo récord para intentar atajar la avalancha de muertes. Fue terreno abonado para los comisionistas que, en medio del pánico de los ciudadanos encerrados en sus casas, comenzaron a hacer llamadas. 

Con el tiempo fueron llegando las denuncias contra la voracidad y el oportunismo pero la Fiscalía estableció una gruesa línea entre lo que consideró falta de ética y delito. A la espera de cómo evolucione el caso Koldo, el juicio por los seis millones que se embolsaron Medina y Luceño es una isla entre un mar de procedimientos archivados o que ni siquiera se llegaron a convertir en causa judicial. Los 234.000 euros que obtuvo Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es uno de sus principales ejemplos de dinero público que fluyeron a manos privadas sin ninguna repercusión en los tribunales.

La investigación secreta de la Fiscalía Anticorrupción se había encallado cuando elDiario.es publicó el 31 de marzo que el órgano especializado investigaba el pelotazo del hijo de Naty Abascal y el antiguo Duque de Feria y de otro empresario, amigo suyo. De los 11 millones que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material, los dos investigados se habían quedado más de la mitad. El Consistorio no firmó una compra más alta de material en toda la crisis sanitaria. 

Las diligencias de investigación habían comenzado a finales de 2020, 17 meses antes, pero Anticorrupción no se decidía a presentar una querella en el juzgado a la espera de la improbable respuesta de una comisión rogatoria enviada a Malasia. El levantamiento del secreto reveló que el órgano dirigido por Alejandro Luzón presentó la querella al día siguiente de la exclusiva de elDiario.es.

La causa reúne otra peculiaridad: la administración implicada es acusación y no acusada. Pese a que la acción popular, ejercida por Más Madrid, PSOE y Podemos –este último se acabó retirando–, insistió en que se investigaran los vínculos de los comisionistas, principalmente Medina, con el círculo del alcalde, Anticorrupción y el juez del caso, Adolfo Carretero, descartaron connivencia del Consistorio y lo consideraron en todo momento víctima del engaño. 

La estafa, el nudo gordiano

El engaño, la estafa. Aquí reside el nudo gordiano que desentrañará el tribunal en su sentencia. El siguiente párrafo del escrito de acusación de Anticorrupción resume su tesis: “La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello, como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.

Los 16 millones de dólares salieron de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, la entidad pública dependiente del Consistorio que tenía los fondos para afrontar el pago inmediato. Y no fueron a las cuentas de Medina y Luceño sino a la de la empresa malasia Leno, que supuestamente tenía las fábricas o el contacto en China. De una cuenta de esta empresa, con el ya popular San Chin Choon al frente, salieron las transferencias con las comisiones. Los acusados alegan que si el Ayuntamiento pagó a Leno y el proveedor acordó con ellos sus comisiones, nada puede objetar el pagador. 

Luis Medina lo recoge así en su escrito de defensa: “No existía ni existe la obligación por parte del proveedor o de sus intermediarios de informar al comprador sobre las comisiones por intermediación o sobre cualquier sobrecoste, incluido la fabricación del producto (…) En cualquier caso, los responsables del Ayuntamiento de Madrid que participaron en la contratación, en ningún momento se interesaron por conocer la existencia de las comisiones que percibían por la operación don Alberto Luceño y don Luis Medina”.

Las acusaciones, por su parte, recurren a uno de los episodios de la negociación entre el Ayuntamiento y los acusados para intentar probar la estafa. Uno de los tres contratos firmados respondía a la venta de 2,5 millones de guantes de protección que el Consistorio repartiría entre los sanitarios dependientes de su administración. El precio sería de 2 euros por guantes y estos deberían cubrir hasta el codo. Ese fue el pacto verbal entre Luceño y Elena Collado, antigua secretaria de Estado de Función Pública con Cristóbal Montoro y la persona que el Gobierno de Almeida puso a dirigir las compras del material sanitario en medio del caos de la pandemia. 

Sin embargo, los guantes que llegaron solo cubrían hasta la muñeca. Cuando Collado advirtió a Luceño de que ese no era el trato, los comisionistas devolvieron más de 4 millones al Ayuntamiento, haciendo creer al Consistorio que le estaban pagando la diferencia entre lo que costaban unos guantes y otros. En realidad lo que hacían era renunciar a la comisión oculta por ese producto, cuyo precio era de 0,39 euros, muy inferior al que lo habían vendido a Madrid. Los guantes acabaron en las manos de otros funcionarios menos expuestos al virus que los sanitarios, como los conductores de la Empresa Municipal de Transportes.

Esos palés de guantes no fueron el único material defectuoso que se compró desde el ayuntamiento de la capital a Medina y Luceño. Solo una remesa de las tres de test de antígenos adquiridos cumplía con los requisitos. En total, el Ayuntamiento se quedó con material defectuoso por valor de 4 millones y nunca denunció. Solo se personó a través de la empresa municipal funeraria cuando supo de la investigación de Anticorrupción que derivó en querella.

Material defectuoso

Para recalcar su perfil pretendidamente altruista, los acusados regalaron al Ayuntamiento de Madrid 283.000 mascarillas. El entusiasmo del comprador con los vendedores se refleja en un correo electrónico que Elena Collado remitió el 23 de marzo de 2020 a la que era mano derecha de Almeida en el Ayuntamiento, Matilde García Duarte: “Nuestros proveedores Luis Medina y Alberto Luceño (que tiene empresas en China pero es madrileño) a los que habría que dar varias medallas, se están encargando de la parte 'gruesa' de nuestras necesidades y han renunciado a todo tipo de comisiones”.

El propio alcalde de Madrid, según contaba en un audio de Whatsapp Luis Medina a Alberto Luceño, llamó al primero para mostrarle su agradecimiento por el material sanitario. “Ha llamado el alcalde de Madrid, muy cariñoso y agradecido”, dice el aristócrata. La instrucción desveló que Martínez-Almeida firmó una carta de recomendación para que Luceño la pudiera mostrar al Gobierno chino.

La oferta que había hecho Luceño consistía en 1 millón de mascarillas KN95 (6.683.000 millones de dólares), 2,5 millones de pares de guantes de nitrilo (5 millones de dólares) y 250.000 test rápidos (4.250.000 dólares). “Estos precios los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir”, recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía. 

A su vez, Luceño confeccionó un documento para hacer creer a Luis Medina, su socio en la intermediación, que ambos cobrarían 1 millón de euros en comisiones cuando en realidad él mismo había pactado con Leno, el proveedor malasio, una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla. Solo por este tipo de material, Luceño otubvo en total 3 millones de euros en comisiones. Entre los dos lograron 4 millones de euros de comisiones solo en mascarillas, para lo que tuvieron que inflar el precio en un 148%. Los Ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza adquirieron en la misma época las mismas mascarillas por 2,5 euros y 1,6 euros, respectivamente, frente a los 6,24 desembolsados por Madrid.

Favores en la élite

Existe una fase previa en el caso que ocupó una buena parte de los interrogatorios y otras diligencias solicitadas por los partidos de la oposición y a la que Anticorrupción nunca se sumó: ¿cómo accedieron al Ayuntamiento de Madrid los dos acusados? El caso ha permitido determinar que Luis Medina, destacado miembro de la jet set madrileña y sevillana, recurrió en pleno confinamiento a la directora de la universidad privada donde había estudiado. Ella, María de la Cebosa, pensó en un primo del alcalde, Carlos, y este, en su amiga y compañera de la Abogacía del Estado, Matilde García Duarte, la mano derecha de Almeida, quien le facilitó la dirección de Elena Collado. 

Todos los mencionados en esta cadena de contactos declararán como testigos en el juicio, después de haberlo hecho en fase de instrucción. García Duarte le dijo al juez Carretero que nunca le contó al alcalde de Madrid que su primo le había preguntado por cómo podían unos vendedores acceder a la administración que él dirigía para vender material sanitario en un momento en que cada día se registraban centenares de muertos. Ni siquiera se lo dijo, según su relato, cuando la Fiscalía, 17 meses antes de arrancar el caso, requirió documentación al Ayuntamiento y citó a declarar a Elena Collado. El alcalde siempre ha defendido que se enteró de la participación de su primo por la primera información de elDiario.es.

Documentos y carnets de policía falsos

La elevada condena que requieren las acusaciones se debe a que al delito de estafa agravada que se atribuye a ambos hay que sumar el de falsedad en documento mercantil, otro en documento público y un delito contra Hacienda, siempre en el caso de Luceño, mientras que a Medina se le añade solo el de falsedad en documento mercantil. 

Ambos habían presentado una lista de documentos falsos a sus respectivos bancos para justificar tan abultados e inmediatos ingresos y, en el caso de Luceño, además registró una factura falsa. Por ello se arriesgan a ser condenados a dos años de prisión. Luceño tendrá que hacer frente a otra petición de dos años de cárcel por falsificación de documento oficial, entre ellos una placa de agente del CNI.

Alberto Luceño creó una sociedad el 26 de mayo de 2020, Takamaka Investements SL, a la que él luego facturó el trabajo para ahorrarse 1,3 millones de euros en impuestos, al declarar como ingresos de la empresa lo que debería haber incluido en su IRPF.  

Si prospera la tesis de la Fiscalía, Medina y Luceño deberán indemnizar a la Funeraria pública madrileña, que adelantó el dinero público, 7.852.580,21 euros entre ambos, a los que hay que sumar 1.351.386,29 que Luceño le debe a Hacienda. Anticorrupción insta a decomisar los bienes que por ahora están embargados hasta alcanzar los 4,6 millones en el caso de Luceño y 912.700 euros en el de Medina. 

El hijo de Naty Abascal se compró un barco con las ganancias. Luceño optó por coches y relojes de lujo. Todo para hacer desaparecer, según las acusaciones, el rastro del pelotazo. En uno de los correos electrónicos incorporados a la causa, Luceño informa del primer cobro de comisiones. En el cuerpo del mensaje escribió: “Pa la saca”.