El nieto de la duquesa de Alba admite que sus pozos carecían de contador de agua y alega que no sabe cómo funciona la finca

Los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en su finca junto a Doñana de Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, fueron descubiertos en mayo de 2023, pero han tenido que pasar casi dos años para que por primera vez se tome declaración en sede judicial a un miembro de esta aristocrática familia. Le ha tocado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de la duquesa de Alba, que ha comparecido como investigado ante el juez acusado de delito ambiental para reconocer que estas extracciones carecían de contador de agua, que inició su regularización cuando la Fiscalía de Medio Ambiente había presentado ya una denuncia y que, por encima de todo, desconoce el funcionamiento del día a día de la hacienda.

El también duque de Aliaga ha comparecido como “representante legal” de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Alba que gestiona estas tierras, de la que es consejero y administrador. Fuentes del caso han confirmado que en su declaración sólo ha respondido a las preguntas del juez y se ha negado a hacerlo a las de la acusación particular, Ecologistas en Acción, y que buena parte de su defensa se basa en que básicamente vive en Madrid y no sabe muy bien cómo funciona Aljóbar.

Esta línea de defensa contrasta con el argumento que esgrimió inicialmente la defensa, que se citara a Luis Martínez de Irujo en vez de a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, que de partida fue imputada en la causa ya que figura como presidenta de Eurotécnica Agraria. Entonces se argumentó que la duquesa de Montoro ignoraba por completo la dinámica de la finca y que no iba a aportar nada a la investigación, lo que en cambio sí podría hacer un Luis Martínez de Irujo que finalmente se ha acogido a la misma tesis.

Cazados dos veces a pleno funcionamiento

La comparecencia se ha producido después de que el magistrado recibiese un contundente informe pericial de la Guardia Civil, que apunta a que las extracciones sin licencia de la Casa de Alba han provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante una década. En el mismo auto en el que citó al duque de Aliaga, el juez apuntó por primera vez que además estas instalaciones ilegales pueden tener un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

Fuentes del caso apuntan que el nieto de Cayetana de Alba ha señalado que heredó la finca de su abuela en 2016, justo cuando se estaba finalizando la construcción de la gran balsa que se utiliza para acumular el agua que se bombea. Eurotécnica Agraria tiene permiso para esta infraestructura y para extraer recursos con un pozo, pero no para los nueve adicionales que han sido cazados ya dos veces a pleno funcionamiento y se encuentran sellados por orden judicial.

Luis Martínez de Irujo habría respondido al juez con evasivas y alegando en todo momento desconocimiento sobre la gestión de la finca. Por eso, se escuda en que, al ver terminada la balsa para la que sí tienen licencia, creía que todo estaba en regla. De hecho, ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los permisos de riego) de haber estado durante la última década en Aljóbar y no haber advertido de que se estuvieran cometiendo irregularidades.

En proceso de regularización

El caso se inició en mayo de 2023 a raíz de la denuncia de extrabajadores, que derivó en una inspección de la Guardia Civil y la propia CHG en la que se descubrieron los pozos. Esto llevó a una denuncia por delito ambiental por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, momento en el que –ha admitido– inició el proceso de regularización de estas instalaciones, que sigue adelante pese a las irregularidades afectadas y que cuenta con un primer informe positivo de la CHG al considerar que no dañarán el acuífero siempre y cuando se extraiga la cantidad de agua que ahora tienen asignada.

En cambio, y según la Guardia Civil y la Fiscalía, durante una década se han estado sacando muchos más recursos de los autorizados, lo que habría generado un beneficio ilícito que rondaría los seis millones de euros. Pese a ello, la compañía de la Casa de Alba insiste en que siempre se ha limitado a sacar el volumen de recursos que tiene autorizados.

La declaración ha tenido lugar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyo titular acordó seguir con la instrucción tras el informe pericial de la Guardia Civil. Luis Martínez de Irujo habría solicitado al juez salir por una puerta distinta a la principal, en la que le esperaban numerosos periodistas, a lo que se negó. Pese a ello, ha logrado esquivar a la prensa gracias a que se puede estacionar junto al acceso principal, lo que ha aprovechado para abandonar precipitadamente el edificio rodeado por sus abogados e introducirse a toda prisa en un vehículo.