La Comunidad de Madrid quiere fijar por ley que no aportará más del 70% del presupuesto de las universidades

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso quiere fijar por ley que su aportación a la financiación de las universidades públicas de la región no superará el 70% del total en el mejor de los casos. El resto lo tendrán que buscar de otras fuentes, según figura en el borrador de ley universitaria que ha elaborado la Consejería de Educación.

“Corresponsabilidad de las universidades en la obtención de recursos para su financiación, que implicará un compromiso de incremento gradual de sus ingresos a través de fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid”, se lee en el texto.

A cambio de recortar su inversión y asegurarse de que nunca subirá demasiado, la Consejería permitirá a los rectorados “constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos”, para lo que levantará la mano con los controles que impone la normativa.

Actualmente el Ejecutivo regional financia alrededor del 80% del presupuesto de las universidades, una cantidad que los rectores llevan meses denunciando que no les da ni para cubrir las nóminas.

El borrador, que está previsto negocien los rectores con el consejero Emilio Viciana este jueves, dibuja un modelo de financiación plurianual con tres patas: la financiación básica (la transferencia corriente que supone el grueso del presupuesto universitario), las necesidades específicas (partidas para el mantenimiento de los campus, etc.) y los objetivos, un modelo que los mandatarios universitarios vienen reclamando hace tiempo, como tienen otras comunidades autónomas, porque les permiten conocer los ingresos a medio plazo y así planificar algo su actividad.

También se incluye una salvaguarda para la Comunidad de Madrid por la que se reserva la capacidad de “revisar y adecuar” los pagos en el caso de que el Gobierno “incurriera en un déficit superior al doble del previsto”. O sea, si el Ejecutivo lo hace mal, lo pagan las universidades.

El texto no habla de cantidades ni menciona siquiera el 1% del PIB que contempla como financiación mínima la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la norma superior a esta y que la ley madrileña no puede contradecir.

“No puedo reponer jubilaciones”

El documento desgrana cómo será cada una de las patas de la financiación. De la básica dice que “está destinada a garantizar el normal funcionamiento de las universidades con un nivel suficiente y homogéneo de calidad”. La afirmación es difícil de sostener si se tiene en cuenta que actualmente, con una partida superior al 70% que se quiere poner ahora como tope, las universidades apenas cubren gastos.

La rectora de la Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, lo explicó en un acto que juntó a los seis mandatarios de centros públicos de la región para protestar por su situación. “El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones, ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etc. Estamos en un momento en el que la dificultad es mantenernos, no ya mejorar. Estamos en riesgo”.

En cuanto a la financiación por objetivos, que se revisará cada cinco años, continúa la propuesta de la Comunidad, “se establecerá en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en los contratos­-programa a suscribir entre la consejería competente en materia de universidades”.

A la hora de fijar los objetivos que, de cumplirse, aporten financiación extra, el Gobierno podrá tener en cuenta los "mejores usos académicos", que incluyen la endogamia o el éxito laboral del alumnado

Pero, añade, a la hora de fijar los objetivos se tendrá en cuenta lo que el texto llama “los mejores usos académicos”. Estos incluyen, según detalla la Consejería en el texto, una menor endogamia (medida en el porcentaje de personal docente e investigador que leyó la tesis en la misma universidad en la que está contratado); la aprobación de medidas “adecuadas para el fortalecimiento de la objetividad, y de los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad, en los procesos de selección de personal”; el “nivel de inserción laboral contrastado de los egresados y la calidad del empleo obtenido por estos” (una medida que prima los grados con más salidas laborales); “el número de patentes licenciadas”; o el “fomento de las pruebas de admisión para aumentar la exigencia y prestigiar determinados grados como Educación Infantil y Primaria”, una medida que ya existe en algunas universidades de Catalunya.

La Comunidad también quiere ahorrarse de año en año los fondos que no se utilicen: “Se podrán detraer de los importes a transferir en el siguiente ejercicio una cuantía equivalente a las partidas transferidas que no hayan sido ejecutadas para la finalidad para las que se libraron”.

Los fondos

Otra de las novedades de la propuesta del Gobierno regional es que permitirá a las universidades crear fondos de inversión “para obtener recursos”, según se lee en el apartado Nuevas formas de financiación.

Para facilitar este instrumento, que podrá estar tan dotado como cada universidad decida, la Comunidad levantará la obligatoriedad de que el Gobierno emita autorizaciones ad hoc. Bastará con que “la universidad constituya una oficina dotada con personal especializado y con la formación adecuada, dedicados a su gestión”.

José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, recordó hace unos días respecto al borrador que “la captación de fondos no es una novedad”, que las universidades ya lo están haciendo y “esa parte” le parecía bien. “Pero no puede ser la base de la financiación de universidades públicas”, advertía.

Este diario ha preguntado a varias universidades, pero por el momento han declinado manifestarse a la espera de la reunión del jueves con el consejero Viciana. Según fuentes conocedoras de la negociación entre los rectores y la Comunidad, el político espera las opiniones de los mandatarios sobre la propuesta. El Gobierno regional guarda silencio.