Madrid y Catalunya son las comunidades que peor financian a sus universidades públicas pese a ser las más ricas

Madrid y Catalunya, las dos comunidades autónomas más ricas de España, son las que peor financian a sus universidades públicas. Ninguna de las dos llega a aportar el 80% de los fondos que necesitan sus campus, y en el caso de Madrid incluso se quiere fijar por ley que sea aún menos. Son las únicas que no alcanzan ese guarismo, según el estudio La financiación de la educación universitaria en España, presentado por CCOO este jueves. Enfrente, Euskadi y Asturias rozan el 90%.

Esta situación tiene consecuencias directas no solo en el funcionamiento diario de las universidades –la transferencia nominativa de Madrid, por ejemplo, no cubre siquiera las nóminas de los empleados de los diferentes campus–, sino también en los estudiantes, como señala CCOO. La falta de financiación pública, principal fuente de ingresos de los campus, se suple en estas comunidades aumentando la parte que aportan las familias vía tasas y precios públicos: ambas regiones son, junto a Navarra, las que tienen un coste de estudiar en la universidad más caro.

El coste medio del crédito en ambas regiones roza los 19 euros (Navarra los supera por poco), cifra que supone un 50% que el precio de Galicia (11,95 euros) o Asturias (12,35 euros por crédito), según datos del Ministerio de Universidades. Un grado que cueste 700 euros en una de estas dos regiones se va por encima de mil en Madrid, Catalunya o Euskadi. En consonancia con todo lo anterior, las universidades de estas comunidades reciben alrededor del 20% de sus ingresos directamente de las familias, el doble que las que tienen precios más bajos.

CCOO cierra este capítulo con una advertencia: la tendencia generalizada en el país en los últimos años es que las administraciones reduzcan sus aportaciones a las universidades públicas. “Entre los años 2020 y 2022, la caída del peso de este tipo de transferencias ha sido común en todas las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía. Allí aumentó un 16,4%, mientras que en la Comunidad Valenciana cayó un 17,4% y en la Comunidad de Madrid se redujo un 9,1%”, explica el informe.

Lejos del 1% obligatorio para 2030

El informe también avisa de que el Estado en general –sobre todo las comunidades autónomas, pero no solo– están lejos de alcanzar el 1% del PIB en gasto universitario que impone la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Si bien la cifra debe alcanzarse en 2030, el informe señala que en 2022, último año con datos asentados, las transferencias corrientes y de capital de las comunidades autónomas y del Estado a las universidades públicas presenciales representaban el 62,5% de esa cantidad (o el 57,7% considerando solo las comunidades autónomas).

En valores absolutos, ese 1% representaría en 2022 un total de 13.464 millones de euros. Según las cuentas del sindicato, las administraciones tendrán que inyectar 5.049 millones de euros más a sus universidades en los próximos cinco años. Y esa cuenta es conservadora si se tiene en cuenta que el PIB español crece en los últimos años en torno al 3% anual.

“Todas las Administraciones públicas deben garantizar, entre otras cuestiones, el marco de financiación necesario y suficiente para asegurar las condiciones necesarias para que las universidades puedan cumplir con su mandato de formar personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su realidad personal, social y económica”, exige CCOO.

La infrafinanciación la pagan los pobres

El sindicato desgrana en su informe las consecuencias de la escasez de financiación que sufren las universidades. La más obvia es que “se ven obligadas a elevar las tasas públicas”, lo que genera “desigualdades de acceso”.

Esa causa-consecuencia es bastante directa: precios más caros, precios más restrictivos. Menos evidente parece otra consecuencia de la infrafinanciación, pero que también acaba redundando en la desigualdad en el acceso, según explica el sindicato. El razonamiento es que al tener recursos las universidades tienen dificultades para aumentar la contratación de personal docente e investigador y, por tanto, proponer un aumento de plazas, especialmente en los grados y másteres habilitantes, cuyos precios están topados.

Al no poder abrir plazas en aquellas titulaciones con mayor demanda de matrícula –una medida que está condicionada a la aprobación del ejecutivo autonómico correspondiente– la nota de acceso exigida para ingresar en las titulaciones con mayor demanda se incrementa, lo que dificulta el acceso a la misma y, en la práctica, supone una deriva de alumnado a las universidades privadas, donde no se aplica el concepto de “nota de acceso”.

Cuando se combina esta circunstancia con la evidencia –está más que demostrado por la ciencia– de que “los resultados académicos están íntimamente relacionados con la situación socioeconómica de la familia”, recuerda CCOO, el resultado es que “las personas que provienen de entornos socioeconómicos más favorecidos tienen mayores facilidades para obtener las notas de acceso a determinados estudios muy demandados. Se da la paradoja de encontrarnos con estudios universitarios públicos en los que la mayoría del estudiantado pertenece a clases medias y altas”, ilustra CCOO. Las formaciones biosanitarias, que han sufrido un boom en los últimos años, serían el ejemplo de esta situación.

El reto del acceso

CCOO señala en su estudio que equilibrar el perfil de quienes acceden a la universidad pública es uno de los retos que afrontan los campus. Dice la estadística, recuerda el sindicato, que “el 77% de las personas de entre 25 y 64 años que tienen al menos un progenitor con estudios terciarios también obtuvieron una titulación terciaria. En cambio, solo el 31% de las personas cuyos progenitores no han alcanzado un nivel de segunda etapa de educación secundaria han obtenido un título universitario ellos mismos”.

“Si consideramos los orígenes socioeconómicos del alumnado, se observa una sobrerrepresentación de aquellos con altos niveles educativos y ocupacionales de sus familias”, concluye CCOO. Y no es solo una cuestión de presencia, añade el estudio. También el reparto entre los diferentes grados es inequitativo.

“Las y los estudiantes de familias con mayor estatus y nivel formativo cursan preferentemente estudios de medicina, ingeniería y arquitectura mientras que aquellos con familias con ocupaciones y estudios de menor nivel muestran mayor concentración en trabajo social y formación del profesorado a nivel de grado”, explica el texto.