La ley para crear una Agencia Estatal de Salud Pública ha dado un paso definitivo este jueves. La mayoría de la Comisión de Sanidad del Congreso ha dado el visto bueno a la norma con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. Tras respaldar el dictamen, el texto está listo para enviarse al Pleno y aprobarse, previsiblemente, la próxima semana. Será, si ningún partido cambia su sentido del voto, la primera ley procedente de la fracción de Sumar en el Gobierno que sale adelante en la legislatura.
Este resultado, cercano al consenso, era el esperado. Sanidad contaba con que los votos estaban atados tras negociar con los grupos durante un año. Ya en febrero se allanó el camino hacia el consenso cuando todos los parlamentarios de la Comisión, salvo los de Santiago Abascal, firmaron un texto común en el informe de la ponencia. Aquel texto ya incorporaba algunos cambios propuestos por los partidos a través de enmiendas transaccionales.
La idea de crear una Agencia Estatal de Salud Pública apareció por primera vez en 2011. La ley general de Salud Pública aprobada aquel año ya incorporaba el impulso a un órgano así pero nunca se hizo realidad. Hasta que llegó la pandemia. El Gobierno reactivó nueve años después aquella idea y en 2022 presentó, con la ministra Carolina Darias al frente de Sanidad, el primer anteproyecto de ley. Ya entonces, varios expertos en salud pública celebraron el paso tras haber sido “largamente demorado”. Sin embargo, las elecciones generales de 2023 volvieron a interrumpir el proceso y en enero de 2024 tuvo que ser aprobado de nuevo en el Consejo de Ministros con García como nueva titular de la cartera.
El Gobierno no las tenía todas consigo al principio: el proyecto estuvo a punto descarrilar en febrero de 2023 al presentar Junts y PNV dos enmiendas a la totalidad para devolver la ley al Gobierno con el argumento de que invadían sus competencias. El texto final de la ley incluye las funciones específicas que tendrá la agencia para “garantizar que no se merman las competencias autonómicas en materia de salud pública”, aseguran fuentes ministeriales. Todos los informes que emanen de este nuevo órgano, que dependerá del Ministerio de Sanidad, tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial de Salud.
Entre las principales funciones de la Agencia estarán la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias, trasladar información a la ciudadanía ante el riesgo y prestar asistencia, asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo requiera.
Dos de las cuestiones que han despertado más interés es quién la dirigirá y dónde se situará. El Partido Popular pidió que los nombramientos fueran refrendados por una mayoría del Congreso y el Senado. El proyecto garantiza que será “autónoma” e “independiente”. En cuanto a la sede, García recordó que hay varias ciudades candidatas para acogerla, aunque la decisión corresponderá al Ministerio de Política Territorial.