El Gobierno de Ayuso mantuvo a dos altos cargos que tenían una asesoría para que empresas optasen a contratos públicos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitió durante más de dos años que el subdirector general y máximo responsable de contratación de la Agencia para la Administración Digital, así como el director de los servicios jurídicos del organismo, operasen desde una empresa privada de su propiedad –Aqualex Boutique SL– que asesora a terceros en materia de contratos públicos y en la que ambos publicitaban su posición en las altas esferas de la Administración autonómica madrileña. Tras una serie de preguntas formuladas el lunes, la Consejería de Transformación Digital confirmó este miércoles el cese de ambos directivos. Se les destituyó el martes –según informó en un mensaje escrito un portavoz oficial del departamento– “por una reorganización interna y por incompatibilidad en sus cargos”.

La web de Aqualex Boutique, donde los dos directivos presumían de la relevancia de sus cargos públicos pese a que la ley lo prohíbe, permanece “deshabilitada” desde la tarde el martes. 

Subdirector general de la Agencia para la Administración Digital desde noviembre de 2019 según su página en Linkedin, Antonio Carrasco fue nada menos que interventor general de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2010 y 2012 y dos años mas en el Ejecutivo de Ignacio González. Su socio en el despacho de abogados Aqualex Boutique, el también “cesado” Ramiro Salamanca, llegó a ser secretario general de la Abogacía General de Madrid. En marzo de 2024, Salamanca fue nombrado presidente de la Comisión de Selección de personal en el proceso de consolidación de la agencia pública cuyo departamento legal venía dirigiendo.

Salvo el de su participación en el equipo encargado de decidir qué interinos consolidaban su puesto, los hitos profesionales del párrafo anterior proceden del perfil que tanto Carrasco como Salamanca volcaron en la web de Aqualex Boutique SL, mercantil que ambos constituyeron en noviembre de 2022 y que, a tenor de la información registral de carácter público, aún no ha presentado cuentas. No es posible, por tanto, conocer su facturación por el asesoramiento a empresas y particulares. Y dado que Hacienda no difunde el documento que cada año plasma qué personas físicas o jurídicas han abonado importes superiores a 3.000 euros a una determinada empresa, resulta igualmente imposible saber si algún cliente de Alex Boutique SL ha obtenido contratos o subvenciones de la agencia digital madrileña o de otros departamentos del Gobierno regional.

La página de Aqualex ya no estaba disponible a las ocho de la tarde de este martes cuando elDiario.es inició sus averiguaciones: un mensaje la presentaba como “temporalmente deshabilitada”. Semanas antes, esa misma web funcionaba sin problemas. Portavoces del Gobierno madrileño señalaron entonces a este medio que en la Consejería de Digitalización “no se conocía” la situación de Carrasco y Salamanca. “En la Agencia, sí”, añadieron. Pero no ocurrió nada. Y los dos directivos prosiguieron con su doblete público-privado.

Además de los puestos desempeñados en el pasado, Carrasco y Salamanca incluían como reclamo en sus perfiles menciones expresas a su detallado conocimiento de los procesos de contratación pública y a los cargos que hasta este martes ocupaban en la Agencia para la Administración Digital, a la que la Comunidad de Madrid destinó 320 millones en 2024, y a la que acaba de asignar 340,1 millones para este ejercicio.

La ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones incorpora en su artículo 15 una prohibición taxativa que no admite dudas: “El personal al que se refiere esta ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de la actividad mercantil, industrial o profesional”. Exactamente lo contrario es lo que han venido haciendo Carrasco y Salamanca a través de la web de su empresa privada. Carrasco detalla en la web ahora cerrada que, como subdirector general de recursos humanos de la agencia digital, “dirige su contratación pública”.

Hasta ahora, no hay respuesta a las reiteradas preguntas formuladas desde elDiario.es a la Comunidad sobre un asunto clave para entender lo sucedido: la permisividad del Gobierno de Ayuso pese a la contradicción obvia entre lo que establece el artículo 15 de la Ley de Incompatibilidades y lo que la web de Aqualex Boutique propagaba.

En el apartado de “Nuestros servicios” y bajo el epígrafe “Contratos Públicos”, aparecía en la web de Aqualex un texto que comenzaba así: “Asesoramiento en procedimientos de contratación, preparación y elaboración de la documentación para la licitación (…) en particular en el ámbito de la salud, farmacéutico, servicios sociales y tercer sector”.

Datos extraídos de boletines oficiales indican que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, la Consejería de Transformación Digital de Madrid recibió del Gobierno central 42,3 millones para subvencionar proyectos financiados con cargo al PRTR (Plan de Recuperaciòn, Transformación y Resiliencia), financiado por la UE para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19. 

Los portavoces de la Consejería de Hacienda, competente en todo lo relativo a función pública, no han explicado por qué –según la respuesta facilitada el martes a este medio– consideraba a Carrasco y Salamanca eximidos de cumplimentar un formulario aplicado en todos los países de la UE como herramienta para impedir el fraude con el dinero comunitario: la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). En los casos del subdirector general de la Agencia Digital y del director de los servicios jurídicos “no hay obligación de DACI”. ¿Entiende el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la presentación de la DACI no afecta a ningún empleado de la Comunidad de Madrid partícipe en cualquier gestión relacionada con el reparto de fondos? Por ahora, no hay respuesta.

Sobre la exigencia de la DACI, la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detalla lo siguiente: “En el caso del PRTR se puede afirmar que todo aquel que interviene en su ejecución es susceptible de verse afectado por un conflicto de interés. Así lo indica la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al disponer la obligación de los órganos gestores de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), obligación que extiende a los intervinientes en los procedimientos de gestión del PRTR, al ser esta una medida que necesariamente debe contemplarse en los Planes de Medidas Antifraude aprobados por las Entidades Decisoras, Ejecutoras e Instrumentales del PRTR”.

Los dos directivos de la agencia digital ahora cesados tenían concedida desde 2022 la compatibilidad para ejercer la abogacía a tenor de lo ya conocido en enero de 2024. Pero apenas hay más datos sobre en qué condiciones se les autorizó a practicar actividades privadas. El 20 de febrero, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez formuló dos preguntas escritas a la Asamblea de Madrid sobre la fecha en que Carrasco y Salamanca obtuvieron la compatibilidad. Aún no ha recibido contestación, confirma el parlamentario. ¿El porqué de su iniciativa parlamentaria? “El interés por saber qué control de las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas hace el Gobierno de Ayuso y la desconfianza que suscitan los antecedentes históricos del PP en nuestra Comunidad, donde cargos públicos han confundido el servicio público con sus intereses privados y otras redes clientelares”.