Los familiares que han plantado cara a Ayuso en la Fiscalía: “Mi abuela tenía un hospital vacío cruzando la calle de su residencia y no la trasladaron”

El tiempo que se tarda en llegar desde la residencia Ballesol Mirasierra al hospital Ruber Internacional de Madrid es de dos minutos a pie, según internet. Es lo que hubiera tardado la Comunidad de Madrid en trasladar a Ofelia, la abuela de Sandra, desde su residencia hasta un completo tratamiento médico en lo peor de la pandemia. Pero esos dos minutos a pie nunca se recorrieron y ahora la Fiscalía de Madrid ha pedido a un juzgado que investigue por qué no hubo una prestación sanitaria para esta nonagenaria ni para otros 16 ancianos que murieron en residencias de la región, después de que una demanda colectiva de 109 familiares denunciara a geriatras y altos cargos de Isabel Díaz Ayuso por un posible delito de discriminación en la prestación sanitaria. Además de estas causas la Fiscalía pide que se investigue este delito en otros 48 casos que ya estaban judicializados.

“La Comunidad de Madrid no tuvo ningún interés por salvarlos”, opina Sandra, “y como conté ante el fiscal, mi abuela se murió sin que pudiéramos hablar una palabra con ella”. Desde el día que se impuso el 'toque de queda' para los centros de mayores, el 8 de marzo, llamaban a la residencia, iban en persona y se llegaron a apuntar a una lista de espera para videollamadas. “Pero en la noche del 1 de abril contactaron con mi madre para decirle que a mi abuela la iban a sedar y al día siguiente llamaron para decirnos que había muerto”. Un mes sin información y sin que conste qué tratamientos o qué esfuerzos se hicieron por evitar la muerte.

“Enfrente de esta residencia hay un hospital, al cruzar la calzada”, pero es privado. Solo los residentes con seguro propio tuvieron la opción de ir a este tipo de hospitales, ya que el Gobierno de Ayuso rechazó hacer un convenio o contratación especial con centros privados. Los públicos fueron vetados para quienes vivían en centros de mayores y tenían dependencia física o deterioro cognitivo –sí pudieron ir al menos a triaje quienes vivían en su propio domicilio–. Los centros de salud tampoco los atendieron, las residencias no se medicalizaron y el gran hospital de Ifema atendió a unas pocas decenas de los 40.000 ancianos que vivían entre marzo y abril de 2020 en residencias, ya que además se ideó para casos leves.

Jorge tenía a su padre en Orpea Villamarín, en el municipio de Aravaca. “Intentábamos llamar, pero nos costaba que nos cogieran el teléfono. Decían que todo estaba bien y nos fiábamos. La verdad que nunca fui receloso”. Pero todo se torció el 2 de abril. Había logrado una cita para una videollamada a las cuatro de la tarde. “Pero desde la residencia no se conectaban, pregunté qué pasaba y me dijeron que nada, que lo 'estaban poniendo guapo'”. Mientras seguía esperando a hablar con su padre, que estaba en la residencia desde que se agravaron las lesiones que le dejó una caída fortuita en la calle cuando tenía 72 años, le sonó el teléfono. Era su hermana. “Me dijo que le habían llamado de la residencia y que nuestro padre había muerto”. Ahí es cuando Jorge se da cuenta de que aquello es un caos, que su padre pasó de estar bien según los partes a morir sin que ellos pudieran hacer algo. “Me fui calentando conforme veía la televisión, veía que la propaganda de lo bien que lo estaban haciendo en la Comunidad de Madrid no se correspondía con la realidad. Me habían mentido”.

Esas sensaciones se multiplicaron con la gestión de la defunción: “Cuando el cuerpo de mi padre estaba camino a Mérida para ser incinerado, me llaman de la residencia para preguntarme que qué hacen con el cuerpo de mi padre”. A Jorge, como a miles de familiares, le queda la duda de cómo fueron sus últimas horas, quién les cuidaba, cómo les atendían, si comían o incluso llegar a dudar de si el cuerpo que había incinerado sería el de su padre. “Puedo entender la situación de caos y emergencia, pero no puedo tolerar que se nos ocultara información, no nos trataron como adultos y eso es lo que me da más rabia”.

A Felisa, hija de Domingo, tampoco le informaron de que su padre iba a morir o que tenía síntomas graves más que cuando era ya irremediable. Sobrevivió al covid, pero no a sus arritmias y su insuficiencia renal aguda, que fueron los causantes de la muerte. Aunque su fallecimiento no tiene que ver con el virus, la Fiscalía ha pedido abrir su caso porque ve indicios de una negación de prestación sanitaria, cuidados que le podrían haber salvado, dice Felisa, que confió en que se estaban haciendo bien las cosas, hasta que fue evidente que no. “Cuando cogió el covid lo metieron en un pabellón de apestados, como lo llamaba yo”. Ahí empeoró y lo tuvieron allí hasta que dio de nuevo negativo, dos meses después, de donde salió para ir a morir a un hospital.

“Mi lucha era sacarlo de allí, de la zona peligrosa, quise salvarlo, pero no pude”, cuenta emocionada. A finales de junio, Felisa pensó que se había acabado la “pesadilla” porque dio negativo. Pero nada más lejos de la realidad. “La primera videollamada que me dejaron hacer lo vi mal, babeaba, estaba muy desmejorado, en silla de ruedas”. No era el padre que había dejado por última vez en el jardín del campus de Cantoblanco, donde fueron a dar un paseo el 1 de marzo: “Ese día tuve un presentimiento. Le dije que no le iba a dar dos besos por si acaso. Y me dijo, 'eso me faltaba, que llegara aquí ese virus desde China'”.

Domingo no remontó pese a que había superado el virus. “Imagínate un hombre de 84 años, varios meses en un módulo encerrado, sin ver a su familia. Cuando vi el documental no dejé de llorar, porque yo al principio pensaba que mi padre se había abandonado, que quiso irse. Pero ahora me doy cuenta de que no fue así. Cuando lo llevaron al hospital días antes de morir, en julio –cuando lo peor del virus había pasado y se había vuelto a derivar a ancianos de residencias a centros hospitalarios– había perdido 13 kilos. Las residencias estaban sin personal”. Felisa se pregunta, como tantas otras familias, cómo fueron esos últimos días de sus padres y sus madres, si les curaban, si les daban de comer, si alguien les hablaba. “A mi padre me lo han matado”. 

Como Felisa, miles de madrileños se dieron cuenta demasiado tarde de que la prometida “medicalización” de las residencias de mayores que anunció en marzo de 2020 Isabel Díaz Ayuso era mentira y nunca llegó, más allá de la llamada Operación Bicho, que consistió en reclutar sin contrato a una decena de médicos que nunca cobraron. La presunta denegación de prestación sanitaria que pide investigar la Fiscalía se completa con que hubo protocolos de no derivación y se calcula que 7.291 mayores murieron en residencias entre marzo y abril sin opción a tener una atención hospitalaria. Desde la Comunidad de Madrid siempre han negado cualquier negligencia o error, no se han reunido con los familiares, a quienes han cuestionado y a quienes se ha identificado desde su gobierno con grupos políticos, como estrategia para menoscabar su credibilidad.

“A mí que Ayuso me pida perdón no me vale, de hecho mejor que no me llame”, cuenta Jorge, que está yendo a las terapias colectivas que organiza la asociación Marea de Residencias. “Mi objetivo es que no vuelva a ocurrir y que, si ocurre, se gestione de otra manera”. Felisa se sentiría reparada si “las personas que trabajaban allí, médicos, enfermeras, el director de residencia o auxiliares no volvieran a dedicarse a su profesión”. ¿Por qué? “Porque me siento engañada, me mintieron de principio a final”. Sandra, que aún se emociona al recordarlo, destaca la empatía que encontró en la Fiscalía al narrar su caso y el de su abuela, pero se pregunta por qué no hubo ningún interés en salvarla. “Solo había que cruzar la calle”.