La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.
El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.
Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.
Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.
La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.
Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.
Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.
Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.
También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.
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