La Audiencia Nacional juzga desde este lunes la presunta estafa de la empresa tinerfeña de criptomonedas Arbistar

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, para cuyo cabecilla, Santiago Fuentes Jover, la Fiscalía, que cuantifica el importe defraudado en 1.902 millones de euros, pide más de 29 años de cárcel por estafa a más de 32.000 inversores.

El juicio se celebrará en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) del 10 al 13 y del 24 al 28 de marzo y del 7 al 11 de abril.

Está previsto que declaren, además de Fuentes Jover, en prisión desde junio de 2023, media docena de acusados, 26 perjudicados y doce antiguos empleados de Arbistar, además de otros testigos y peritos, así como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Arbistar ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, a través de diversos bots de arbitraje, que eran presentados como herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra.

Todo ello bajo una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, donde combinaba el ofrecimiento de una alta rentabilidad, de entre un 8 y un 15%, con campañas de comunicación a través de diversos canales en internet, eventos en hoteles, y utilización instrumental de los primeros inversores para el proceso de captación.

Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como concluye uno de los informes periciales, elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comenzó en 2021 a investigar la presunta estafa piramidal, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife; en julio de ese año abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.

Frente a los 1.902 millones de euros defraudados que calcula la Fiscalía, el bufete Aranguez Abogados, que representa a cerca de 4.000 afectados, lo eleva a 3.500 millones de euros.