Una vivienda social por cada nueve hogares: cuatro gráficos para entender la emergencia habitacional en Canarias

La vivienda es el cuarto problema que necesita una solución “más urgente” en Canarias, según el último Sociobarómetro de las Islas publicado en noviembre de 2024. Los altos alquileres asfixian a los inquilinos, miles de personas no pueden comprar una casa y cada vez más jóvenes se ven obligados a vivir con sus padres.

Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos han pasado de afectar al 11% de la población canaria en 2008 al 21,3% en 2023, de acuerdo con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, en sus siglas en inglés). Y tres de cada diez residentes isleños se ven afectados por problemas de exclusión social relacionados con el acceso a un hogar, detalla el último informe de la Fundación FOESSA.

La crisis es transversal. Perjudica a grupos de todas las edades. Y se agrava aún más por la falta de vivienda social. Un informe del Observatorio de Vivienda y Suelo revela que Canarias ha pasado de construir 23.632 bienes inmuebles de protección oficial entre 1981 y 1990, a 2.172 entre 2011 y 2020, esto es, diez veces menos. Desde 2021 a 2023, además, tan solo se terminaron 230 VPO.

La suma de todas las casas construidas en el Archipiélago en los últimos cuarenta años asciende a poco más de 510.000. Pues bien, de ese registro, solo 55.360 son protegidas, el 10,82%. Es el segundo porcentaje más bajo de toda España, tan solo por delante del registrado en las Islas Baleares (9,81%).

Este escaso número de VPO se ha quedado muy por detrás de la explosión demográfica del Archipiélago, cuya población ha aumentado en 837.000 personas en las últimas cuatro décadas. En ese mismo periodo, la Comunidad Autónoma ha creado 494.391 hogares, prácticamente uno por cada casa construida. La ratio, por tanto, es de una vivienda de protección por cada 8,93 nuevos hogares.

Para más inri, el total de VPO en Canarias ha disminuido en los últimos años por la salida al mercado libre de vivienda protegida, cuyo calificación finaliza pasados los treinta años. El Observatorio de Vivienda y Suelo cifra en apenas 19.413 el parque de casas de titularidad pública actual en las Islas. Es decir, menos de la mitad de las construidas en las últimas cuatro décadas. El resto han sido descalificadas y ya no cuentan con ningún tipo de restricción a su precio.

Muchos expertos han resaltado esta cuestión, la descomposición del parque público de vivienda, como una de las causas de la emergencia habitacional reciente. De hecho, Canarias cuenta en estos momentos con alrededor de 27.500 demandantes de vivienda protegida, un registro inferior al número de VPO perdidas (35.947).

Tanto el Gobierno de España como el de Canarias han anunciado que las VPO construidas a partir de ahora no serán descalificadas y formarán parte de la Administración Pública de manera indefinida. Pero en el Archipiélago, de las 19.413 viviendas protegidas actuales, 4.940 cuentan con opción de compra, por lo que podrían ser vendidas y resquebrajar aún más el sistema.

Canarias no está construyendo a un ritmo capaz de cubrir esas casi 5.000 viviendas de manera inmediata. Desde 2014, solo se han levantado 660 VPO en las Islas, 476 de régimen privado. La Consejería de Vivienda del Ejecutivo regional, liderada por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), aprobó el año pasado un decreto de medidas urgentes para liberar suelo y acelerar la edificación de vivienda en Canarias, pública y privada.

Con esa norma, el Gobierno autonómico ha impulsado en torno a mil viviendas protegidas y espera agilizar mil más este curso. Cómo ha ayudado el decreto a terceros (municipios, solicitantes de cambio de uso de suelo, promotores privados…) es todavía una incógnita. La Consejería dice que ha encargado un estudio para analizarlo.

El informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, también incluye datos sobre la inversión en vivienda en el Archipiélago durante este siglo. En 2023, el último curso con datos oficiales, el importe ascendió a 160,4 millones de euros. Es el más elevado de toda la serie. Y lo es después de años con registros mucho más inferiores, como 2014 y 2015, en los que el desembolso fue de apenas 47,9 y 52,1 millones, respectivamente.

Según el documento, la inversión en vivienda en las Islas entre 2002 y 2023 fue de 44,8 euros anuales por habitante, por encima de la media nacional (40,6 euros).