En la calle con cuatro hijos y tras sobrevivir a violencia machista: ''El sistema me lleva a tener que rogarle a él''

“Si alguien lee estas palabras y puede ayudarnos, le estaré eternamente agradecida”. Susana recibió el 29 de enero una notificación del juzgado. El 18 de febrero a las 10.00 horas tendría que abandonar el piso en el que vive en Santa Cruz de Tenerife con sus cuatro hijos “sin prórroga ni consideración de ningún género”. Este viernes, una última notificación confirmaba la fecha del desahucio. Desesperada y sin redes de apoyo en Canarias, Susana decidió recurrir a la prensa por correo electrónico. “Es mi última forma de pedir auxilio”, confiesa en una entrevista concedida a esta redacción.

Durante casi 20 años sufrió violencia de género. Fue hace poco más de un año cuando decidió romper la relación cansada de “aguantar” por “miedo y dependencia”. Ella y sus hijos, tres de ellos menores de edad, aún arrastran las secuelas y, a pesar de su historia, no tiene un lugar estable al que ir. “Al final son todos cómplices del maltrato”, asevera. 

Este martes, representantes del juzgado y de la propiedad llegaron a la vivienda para ejecutar el lanzamiento. Primero le dieron diez minutos para recoger sus cosas. La imposibilidad de empaquetar las vidas de los cinco en tan poco tiempo hizo que pudieran tener algunas horas más. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ofrecido a la mujer y a sus hijos de 18, 17, 9 y 6 años la posibilidad de pasar unos días en un hostal de la ciudad, asegura Susana, quien teme tener que volver a recurrir a su expareja. “Al final, el sistema me lleva a volver a tener que rogarle a él. Volver a agachar la cabeza”, lamenta entre lágrimas. 

En 2019 Susana interpuso una denuncia contra su expareja después de que él le golpeara en la cabeza con una botella de alcohol. La Justicia le impuso una orden de alejamiento al agresor. “Aún hoy pagamos las secuelas. Mis antidepresivos, el tratamiento neurológico de mi hijo mayor, las pesadillas de mi segundo hijo…”, relata. “Si he aguantado es porque trabajaba en la sombra para mi marido sin cobrar un duro”, recuerda. 

Cuando decidió romper la relación, se vio “sola, con cuatro niños menores de edad y apenas 300 euros que pudieron reunir de sus huchas”. “Vendimos enseres y cosas que no necesitábamos. Buscábamos chatarra para llevar a la recuperadora. Esa era otra forma de mantenerme atada a él. No disponer de nada a mi nombre”, cuenta. “He aguantado 20 años de maltrato, pero no me extraña que haya gente que se quede por el camino”, asevera. 

“Fuimos saliendo del paso poco a poco, día a día, pero la paz que vivíamos en casa lo valía todo”, recuerda. Durante los primeros meses de libertad, recibió ayudas de diferentes entidades sociales, del Ayuntamiento, e incluso de la escuela de sus hijos. “Nunca les faltó un plato de comida. También me ayudaron a pagar recibos de agua y luz”, cuenta. Con el tiempo pudo acceder a una ayuda de 480 euros. “Fue mi primer dinero propio en muchos años”, dice. 

Sin embargo, la pesadilla volvió con la imposibilidad de acceder a una vivienda. “El piso en el que vivíamos era de alquiler y no barato precisamente. 2.000 euros al mes nada menos. Hasta el momento del juicio contra mi marido lo pagaba nuestra empresa, de la que él es administrador”, explica. En los últimos dos años, no ha podido pagar las mensualidades. Susana ha intentado buscar alojamientos, pero asegura que “no tiene cabida” en el mercado inmobiliario. “Piden dos nóminas, fianzas, avalistas… Yo no tengo familia cerca, mis padres tienen Alzheimer y cobro una ayuda anual de 480 euros”, insiste. La única opción para ella ha sido solicitar una vivienda social que no ha llegado aún. 

Hasta ahora, Susana y sus hijos estaban amparados bajo el paraguas del escudo social desplegado en 2020 para hacer frente a la crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19. Esta herramienta permitía suspender de forma extraordinaria los desahucios de familias vulnerables. “Llegó 2025 y me dijeron en los Servicios Sociales que no me preocupara, que el decreto Ómnibus estaba en marcha”, cuenta. Sin embargo, el PP y Junts tumbaron en el Congreso esta herramienta, que renovaba la protección de familias vulnerables frente a los desalojos. 

El decreto fue aprobado en un segundo intento el pasado 12 de febrero, pero no ha servido de nada en el caso de Susana. La corporación municipal entregó un informe de vulnerabilidad a la Justicia. Sin embargo, una nueva notificación judicial consultada por este periódico reiteró el pasado 14 de febrero que el juzgado no pedía ''un informe sobre las circunstancias sociales'' de la familia, sino que el Ayuntamiento le proporcionara una alternativa habitacional a ella y a sus hijos menores de edad antes del 18 de febrero, ya que se había resuelto ''la obligatoriedad de abandonar la vivienda''. 

''Todo lo que tengo son mis hijos y nuestras pertenencias que están en la vivienda, incluyendo muebles, electrodomésticos, enseres, comida… Ni un coche donde cargarlo, ni un lugar donde ir“, subraya Susana. Ahora, la vecina de Santa Cruz teme por la salud de sus hijos. Uno de ellos se presenta este año a la prueba de acceso a la universidad. ''Cuando por fin podían vivir sin tener la oreja puesta por si su padre me estaba pegando… Cuando por fin podían dormir en paz a pesar de sus pesadillas, ahora les toca esto'', concluye.