El Ayuntamiento de Arona pierde el seguro médico para sus trabajadores al no renovarlo ni licitar uno nuevo a tiempo

La oposición socialista en el Ayuntamiento de Arona, que dirige José Julián Mena, censura lo que considera un “verdadero caos administrativo” en el presente mandato local que se refleja, como último ejemplo, en la pérdida del seguro médico desde el pasado 28 de febrero para los funcionarios y personal laboral “por no renovarlo ni licitar una nuevo a tiempo”.

El PSOE considera esta situación una “negligencia imperdonable” por parte del actual pacto (PP, CC y la ultraderecha de Vox) que expone a los trabajadores municipales a una “absoluta indefensión, que incluye a técnicos, funcionarios, policías y al resto del personal de los patronatos municipales”. Los socialistas recuerdan que el seguro médico supone una “prestación esencial que garantiza la atención sanitaria en caso de accidentes laborales, enfermedades profesionales y otros problemas de salud. El Ayuntamiento tenía la obligación de garantizar la renovación o tramitar una nueva licitación con antelación, pero esto no ha ocurrido, con lo que la teniente de Alcalde de Recursos Humanos, Transporte y Patrimonio ha permitido que el ayuntamiento se quede sin seguro médico”.

El principal grupo de la oposición se pregunta si ha habido algún problema de impagos o conflictos contractuales con el seguro extinguido, si hay alguna posibilidad de que siga en vigor por alguna cláusula o apartado contractual y qué ocurrirá ahora si un trabajador necesita alguna asistencia médica, “quién asumirá ese coste?”.

Posible ilegalidad y nulidad  del contrato sobre riesgos laborales

Para los socialistas, “el caos en el consistorio en este mandato es preocupante” y se refleja, asimismo, en la aprobación de un gasto con informes en contra técnicos y jurídicos respecto al servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades de higiene industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología, así como de vigilancia de la salud del consistorio y sus organismos autónomos. Este contrato comenzó el 23 de noviembre de 2020, con el PSOE gobernando, y su periodo máximo, de 4 años (incluidas dos prórrogas), expiró el 22 de noviembre de 2024. Sin embargo, los socialistas creen que la edil del área tomó la decisión “temeraria e irresponsable” de una nueva prórroga pese a que, el 2 de diciembre de 2024, la sección de Contratación advirtió de que se trataba de una ilegalidad.

Además, la Intervención de Fondos emitió un reparo de ilegalidad al día siguiente por incumplirse la Ley de Contratos del Sector Público, aunque “la concejala ignoró la legalidad y ordenó seguir adelante con la prórroga, sin gestionar una licitación alternativa a tiempo y generando una situación irregular”. El PSOE cree que se ha cometido una responsabilidad contable por uso indebido de fondos públicos, existe un claro riesgo de nulidad de continuación del contrato y un posible perjuicio económico para el consistorio, aparte de vulnerarse el principio de legalidad en la gestión del dinero de todos. 

Asimismo, y respecto a la sanción de 751 euros al consistorio por incumplir la obligación de registrar el horario de los trabajadores contratados con el programa de formación y empleo 2023-2024, este grupo de la oposición se pregunta si el resto afectados denunciarán si se han pagado salarios sin verificar las horas trabajadas, cómo se han calculado las nóminas si no existía un registro adecuado, si se ha pagado por horas no trabajadas o, “lo que es peor, si se ha dejado de pagar a empleados que sí cumplieron con su jornada.

Canarias Ahora espera desde el 28 de febrero por la versión del gobierno local sobre estas cuestiones.