Cantabria y Galicia acuerdan compartir estrategias para abatir lobos tras decaer su protección: “Estremece verlos cada vez más cerca”

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y su homólogo de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), han mantenido este viernes un encuentro en Santander para abordar dos cuestiones principalmente: sellar un protocolo de gestión y control del lobo, y renovar su alianza por la financiación autonómica suscrita en la Declaración de Santiago de 2021.
Ambos dirigentes autonómicos han comparecido ante los medios tras hora y media de reunión en la sede del Ejecutivo cántabro que han calificado como de “efectiva y muy fructífera”. Incluso, el presidente gallego la ha considerado “más útil” que la Conferencia de Presidentes que se celebró en la capital cántabra el pasado mes de diciembre porque, a su juicio, fue una sucesión “de monólogos”.
En cuanto al objetivo del encuentro, Rueda y Buruaga han hecho una valoración tanto de lo que concierne al lobo como a la financiación autonómica. Respecto a lo primero, se trata de llevar a cabo una estrategia conjunta para abatir al cánido, “intercambiando experiencias y compartiendo datos con una periodicidad anual, para analizar su evolución y las medidas adoptadas” en ambas comunidades.
El acuerdo se ha adoptado después de que se haya retirado la protección al lobo y se permita su caza en el norte del Duero. Y es que los dos líderes autonómicos del Partido Popular han celebrado la salida de este animal del listado de especies protegidas (LESPRE). “Esta pesadilla ha terminado”, ha expresado Buruaga. “Se ha tomado una decisión racional por fin”, ha subrayado Rueda.
Así pues, ambos presidentes han acordado celebrar reuniones técnicas para poner en común “experiencias con resultado de éxito” y crear una comisión mixta de seguimiento que se reunirá a petición de cada una de las partes. Según el documento firmado, se hará con “la periodicidad que se estime necesario”, por lo que no se concretan plazos.
La presidenta de Cantabria, cuyo Gobierno ya dio la orden de sacrificar 41 lobos, es decir, el 20% de la población, ha calificado de “camino ilusionante” el del nuevo plan de gestión de este animal, criticando la “hiperprotección” a la que le había sometido el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 mediante su inclusión en el LESPRE. “Verlo cada vez más cerca de las poblaciones estremece”, ha llegado a decir la jefa del Ejecutivo cántabro, asegurando que ha pasado de matar cuatro a nueve reses diarias.
Por su parte, Rueda ha defendido “la coexistencia entre este animal y la ganadería”, algo que, en su opinión, “no admite posturas maximalistas ni ideológicas”, ni que “lo decidan territorios que casi no tienen presencia de lobo”.
“En Galicia está extendido en un 98% del territorio y ha llegado a lugares a los que era impensable, provocando diez u once ataques diarios”, ha manifestado. Recientemente, la Xunta ha justificado retomar las batidas de lobos empleando datos desactualizados para afirmar que la población del cánido está en aumento.
Financiación autonómica
Respecto a financiación autonómica, ambos dirigentes han instado al Gobierno de España a través de una declaración institucional conjunta a abordar la negociación del nuevo sistema “desde la multilateralidad, rechazando cualquier tipo de financiación privilegiada negociada de forma bilateral”. En este sentido, han exigido que se aborde en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera “de forma global y no a través de propuestas parciales ni quitas puntuales”.
Han defendido que se debe buscar el “máximo consenso” y se tiene que partir desde los principios de “igualdad y solidaridad territorial”. También han reclamado, al igual que en otras ocasiones, la necesidad de que el sistema de financiación pondere de forma adecuada el coste efectivo de los servicios, teniendo en cuenta cuestiones como la dispersión o el envejecimiento.
Ambos mandatarios consideran que “es posible iniciar ya la negociación e incluso, llegar a acuerdos, al menos uno de mínimos”. En el acuerdo suscrito por ambas comunidades sobre este asunto se señala que desde la firma de la Declaración de Santiago “no se han producido avances significativos en las demandas incluidas” en dicho documento de 2021, sino más bien “se han realizado concesiones a determinadas comunidades autónomas que constituyen agravios sin precedentes para el resto en materia de financiación autonómica”.
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