Alerta por un trasvase para “hacer negocio” con el agua del Tajo: “Es un precedente peligrosísimo”
Colectivos ciudadanos en defensa del río Tajo han alertado de una suerte de trasvase “encubierto” desde los embalses de cabecera, en Cuenca y Guadalajara, hasta Almería. “La Comunidad de Regantes del Canal de las Aves busca hacer negocio con la venta de agua del río Tajo”, han resaltado desde la Mesa por la Recuperación de Talavera y sus Comarcas, así como desde la Plataforma en Defensa del Tajo de Aranjuez.
La razón: la decisión de una comunidad de regantes -la del Canal de las Aves, en Madrid- de vender parte de su concesión de agua de riego a una empresa en la provincia de Almería. Según han avisado estos colectivos, respaldados por la Red del Tajo/Tejo, se trata de un “trasvase de agua” a través de la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura, que supondrá un “enriquecimiento” de la comunidad de regantes, a través de la venta de “un bien público que han disfrutado gratuitamente durante décadas”.
“Nos parece que es jugar con un bien público”
Esta maniobra debe autorizarse por la Dirección General del Agua, afirman. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya han pedido al Gobierno de España que no autorice dicha venta de agua. “Nos parece que es jugar con un bien público. Desde luego, no tiene ningún calificativo amable”, ha resaltado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
“Le hemos pedido formalmente al Gobierno de España que no atienda esta demanda, que no se le ocurra autorizarla”, ha remarcado Gómez, explicando que la Junta no tiene competencia para rechazar esta derivación, pero si lo puede hacer el Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Espera el Gobierno de Castilla-La Mancha que se imponga “la cordura” y que esta venta “ni siquiera se llegue ni a plantear”. “Tenemos el derecho y la obligación de dar nuestra opinión y también tenemos el derecho y la obligación de en el caso de que se produjese esa concesión, recurrirla”, ha afirmado.
Desde los colectivos explican que este tipo de contrato es posible gracias a una “reforma legal” introducida en la legislación española de aguas en 1999, que permite las ventas de agua entre concesionarios. “Aunque en un principio los contratos de cesión estaban permitidos únicamente entre usuarios de una misma cuenca hidrográfica, otra reforma legal en el contexto del Memorándum del Tajo (Ley 21/2013) permitió la- venta de aguas entre usuarios de distintas cuencas utilizando infraestructuras del trasvase, previa autorización expresa de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, explican.
“Pagan por los servicios del agua, pero por el agua en sí no pagan nada”
Nuria Hernández-Mora, experta en gestión de agua y miembro de la Red del Tajo, explica que hubo momentos durante la sequía sufrida alrededor de los años 2005 y 2008, en la que se permitió “por primera vez” la venta de agua entre cuencas. “Se hicieron una serie de ventas desde el Tajo”, recuerda. Posteriormente, y vía Memorándum del Tajo, se introdujo, explica, una “disposición adicional” para permitir la cesión de derechos entre usuarios de distintas cuencas.
“Ya no solo excepcionalmente -como era el caso en la sequía de 2008-, pero siempre con la condición de que se autorice por la Dirección General del Agua”, explica Hernández-Mora. No se trata, insiste, de un trasvase siguiendo las reglas de explotación que marcan los envíos de agua desde Entrepeñas y Buendía a la cuenca del Seguro. “Hay unas personas con derechos de uso de agua para regar en un terreno determinado, que pagan por los servicios del agua, pero por el agua en sí no pagan nada. Y pueden vender”, resume.
“Es un precedente peligrosísimo”, señala Hernández-Mora, porque ya ha habido otros intentos, por ejemplo en el caso del Júcar, que no salieron adelanta por una contestación social “importante”. “En lugar del sector público decidiendo la asignación y reasignación del agua, según criterios de interés general, son personas privadas que están lidiando con un bien público, según reglas de mercado”, remata la experta.
En lugar del sector público decidiendo la asignación y reasignación del agua, según criterios de interés general, son personas privadas que están lidiando con un bien público, según reglas de mercado
Los colectivos ciudadanos señalan que la comunidad de regantes en cuestión riega unas 3.800 hectáreas en Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y en Toledo, con una concesión de 37 hectómetros cúbicos al año. Alertan, igualmente, de que si se consuma la venta se reportará a los propietarios de las tierras un “beneficio particular de entre 3.500 y 4.000 euros por hectárea y año, por vender un bien público y no ejercer su actividad agrícola”.
“Medioambientalmente nefasto para el río Tajo”, critican, a la vez que señalan que sería una gestión “insolidaria” con el resto de los usuarios de la cuenca. De esta manera, explican que el río ya soporta una “situación crónica de estrés severo” que es lo que “impide su conservación en estado aceptable” o “garantizar su sostenibilidad futura”
Finalmente, rematan que el volumen de agua que se “pretende vender” equivale a “70 días de caudal ecológico”. “Las administraciones competentes tienen la obligación de evitar estos negocios, máxime cuando otras Comunidades de Regantes como las de la Real Acequia del Tajo y Caz Chico y Canal de la Azuda, o la del Canal del Henares también se plantean dejar sus tierras sin riego para vender el agua a los usuarios del Trasvase Tajo-Segura”.
Por eso, al igual que ha hecho el Gobierno regional castellanomanchego, han pedido a la Dirección General del Agua que informe “negativamente” la solicitud y han pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha que se opongan a la cesión para “anteponer el interés general al negocio privado, y priorizar el buen estado ambiental de los ríos de la Cuenca del Tajo”.
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